Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz después de que el pleno del Congreso de los Diputados votara a favor de la convalidación de la reforma laboral
La semana económica
La nueva reforma laboral: entre la continuidad con Rajoy y el empeoramiento con rigideces que complican el empleo
La nueva legislación del mercado de trabajo apenas cambia la ley de 2012, y ahora hay que ver si sirve para reducir la temporalidad
La reforma laboral medio aprobada el jueves no ha gustado a sectores de izquierda, centro-derecha ni de derechas. Todos se quejan de que apenas ha habido cambios, y esa es la realidad. Pese a su aparente odio hacia todo lo que hacía Mariano Rajoy, al final Pedro Sánchez ha decidido seguir su estela: el dinero de Europa y mantenerse en el poder lo justifican todo. Eso siempre ha estado muy claro para el actual presidente del Gobierno.
La legislación laboral se ha mostrado útil durante la pandemia; especialmente los ERTE, que se reforzaron en la reforma de 2012. Por ese motivo los empresarios agradecen la continuidad frente a la amenaza de derogación con la que empezó el proceso de negociación. Ahora la reducción de la temporalidad era la principal demanda de Europa, y ahí van dirigidos casi todos los cambios de la reforma. Nuestra tasa está entre el 24 % y el 26 %, frente a la media del continente del 12 %. Con las nuevas medidas se espera que ambas cifras se equiparen, pero en la estrategia para lograrlo no hay mucho de novedoso. Lo que se hace es llamar a las cosas de otra manera: el contrato de obra y servicio desaparece, pero pasa a integrarse en el temporal estructural o a ser fijo discontinuo; el de formación ve modificado su nombre, pero sigue siendo lo mismo. Mientras tanto, hay cuestiones como el contrato formativo que siguen sin resolverse: continúa durando hasta los 30 años de edad. A pesar de estos cambios leves y asuntos sin solucionar, «esperamos que la reducción de la temporalidad se note en un año o dos», señala José Luis Fernández Santillana, director del Servicio de Estudios del Sindicato USO.
Este experimentado sindicalista no ve muchos más cambios aparte de este: «La capacidad de las empresas de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo sigue siendo la misma; la ultraactividad ya venía siendo como se dice ahora (un año de prórroga automática de los convenios mientras se negocia un nuevo instrumento de relación laboral entre la empresa y los trabajadores, siempre que la empresa no diga otra cosa); la reducción de los contratos temporales está bien, pero habrá que ver por dónde tratan de escaparse las empresas», se pregunta Fernández.
Incertidumbres
Al mismo tiempo, a este sindicalista le quedan dudas: «¿Cómo van a volver a incorporarse a la actividad normal los fijos discontinuos? ¿Qué va a pasar con los ERTE que terminan ahora en febrero? Ya hay empresas que están cambiando los ERTE de la covid por los relacionados con causas organizativas porque no se fían de lo que hagan el Gobierno o las comunidades autónomas».
Fernández estima que la reforma tiene algunos aspectos positivos por el lado de la modernización y eliminación de alguna cuestión abusiva, pero insiste en que es muy leve. «Se potencian los contratos fijos-discontinuos, por ejemplo. Se dice que los trabajadores de una empresa de trabajo temporal sean fijos aunque la empresa desarrolle un servicio temporal a la empresa que le contrata, pero esta es una cuestión de hace veinte años. Ya entonces teníamos un 25 % de temporalidad».
En otros planos, Fernández resalta que se mantengan los ERTE que introdujo la reforma de 2012 con bonificaciones a la Seguridad Social. Destaca que no se haya introducido la necesidad de justificar claramente por qué se realiza un contrato temporal: «Lo insinúan, pero se quedan a medio camino». Echa en falta que no se haya aprovechado la reforma para actuar más del lado del trabajador en los despidos improcedentes: «En la actualidad, cuando el despido es improcedente, el empresario es quien decide cuándo se reincorpora el trabajador. Si es improcedente, pensamos que debería ser el trabajador el que decidiera si vuelve a la empresa o recibe una indemnización».
Donde sí piensa Fernández que se ha avanzado algo es en la contratación de lo que llama «empresas pirata»: «Empresas de limpieza o de seguridad privada que tienen mucho que ver con la administración pública. Se han regulado mejor, aunque no se ha llegado al fondo».
Al mismo tiempo, Fernández llama la atención sobre que no se hayan tocado en la reforma aspectos de actualidad como la desconexión digital y el teletrabajo, los riders –distribuidores de encargos a domicilio–, o los falsos autónomos. «Toda la problemática real no se ha abordado. Solo ha habido mucho maquillaje para complementar un objetivo que era cumplir con Europa en la cuestión de la temporalidad», añade.
¿Habrá una segunda parte?
El 12 de enero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguraba que esta reforma laboral solo era un primer paso, y que seguirían intentando lograr sus objetivos. Entre ellos estarían intentar volver a la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado (abolida en la reforma de 2012 e ignorada en esta nueva reforma) y a la necesidad de autorización administrativa previa para los expedientes de regulación de empleo (ERE). Al haber sido convalidada la reforma como real decreto en lugar de como proyecto de ley, en esta ocasión ya no es posible introducir modificaciones.
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