El secretario general Confederal de UGT, Pepe Álvarez
Sindicatos
Pepe Álvarez (UGT) dice a Sánchez que mejor se calle sobre los salarios y se suban al nivel de la inflación
Pide la actualización ya del SMI y no descarta enmiendas a la reforma laboral
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha repasado en una rueda de prensa lo acontecido este año en relación con su sindicato y ha dado algunas pinceladas sobre su estrategia de cara al curso que comienza. En general ha considerado el año «positivo» para su sindicato, especialmente por lo que él ha denominado «derogación» de la reforma laboral y de pensiones instauradas por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy.
Álvarez ha entrado en algunas cuestiones espinosas, como por ejemplo la declaración de Pedro Sánchez hace unos días acerca de que no debían subirse los salarios debido a la inflación: «Los salarios tienen que subir en nuestro país», ha dicho. «No tenemos acordada con Comisiones la cifra de aumento en la negociación colectiva, pero no se puede perder poder adquisitivo. El sueldo ha de tener relación con la inflación. No vemos con satisfacción las intervenciones ni los consejos del Gobierno. Tienen que ser conscientes de que la inflación ya está ahogando a la gente», ha añadido.
Álvarez mantiene que los conflictos ocurridos en Cádiz por la insatisfacción ante los salarios se trasladarán a Madrid o Barcelona: «La renovación de los convenios se va a convertir en un foco constante de conflicto social. La gente no se va a conformar con una subida del sueldo del 1,47 % cuando la inflación ha aumentado un 6,7 %».
En esta línea, ha apremiado a la CEOE a comenzar las reuniones para negociar la subida de los sueldos en los convenios. Ha indicado que, si no lo hacen, ellos presionarán en los próximos meses.
Salario mínimo y reforma laboral
Sobre el salario mínimo, ha «exigido» al Gobierno actualizarlo ya a los 1.000 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero y, «si es posible», cerrar este año el aumento a 1.063 euros para el año 2023. Afirma no tener dudas de que «el SMI crea empleo. Todo lo demás son previsiones y estudios absurdos». Según el Banco de España, la subida del SMI en 2019 destruyó 180.000 empleos.
En cuanto a la reforma laboral, admite que no han retocado todo lo que hubieran querido, pero seguirán intentándolo: «No damos por cerrada la derogación. Quedan aspectos importantes por negociar y vamos a abordarlos». Sus próximos objetivos son delimitar las causas del despido, volver a la indemnización de 45 días para los despidos improcedentes y a la necesidad de autorización administrativa previa para los expedientes de regulación de empleo.
Sobre los despidos de 45 días, afirma que «si un empresario quiere despedir sin razones objetivas, parece razonable que pague. 45 días por despido improcedente no es caro. Incluso es poco. Es razonable recuperarlo. Se nos quitó todo sin un debate, en plena crisis, con un Gobierno con mayoría absoluta, y vamos a intentar que no se consolide».
En cuanto a la autorización administrativa previa, asegura que «con ella no habría ocurrido lo de Alcoa. Tendría que haberlo autorizado la Xunta, y Alcoa hubiera tenido una actitud diferente. Tampoco Nissan hubiera cerrado en un mes. Esa autorización administrativa es la que queremos recuperar. Existe en casi todos los países de la UE».
Más inspectores de trabajo
Para lograr el objetivo de la reducción de la temporalidad, principal meta marcada por la UE, UGT insistirá en un aumento presupuestario para doblar en cuatro años los efectivos de la inspección de trabajo que controlan irregularidades laborales. Es una de las medidas que ve necesarias para que se cumplan los objetivos acordados entre Gobierno, empresarios y sindicatos.
Álvarez ha insistido en la conveniencia de que todos apoyen la reforma. Sobre el PP ha dicho que sería lo coherente viendo cómo es la reforma y cómo es su electorado; sobre Ciudadanos ha dicho que agradece su apoyo. Sobre la oposición de los sindicatos vascos ELA y LAB, ha indicado que UGT también quiere lo que ellos piden. En este contexto, no ha descartado que se introduzca alguna enmienda: «Si hay tramitación parlamentaria, ha de haber cierta flexibilidad, pero ha de mantenerse el espíritu del acuerdo. El Gobierno ha descuidado hablar con los partidos que han de darle soporte. Nosotros hemos hablado con PNV y ERC, pero quien tiene obligación de hacerlo es el Gobierno. Quiero que se apruebe el acuerdo, pero no veo sentido a lo que se dice de no tocar ni una coma».
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