El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá
Informe
La mitad de los ahorradores, en contra de los límites de Escrivá a los planes de pensiones
Los mayores de 50 años son los más afectados por la nueva limitación en la desgravación
La mitad de los ahorradores españoles (48 %) tiene una opinión negativa o muy negativa sobre las sucesivas reducciones en el límite desgravable a Planes de Pensiones Individuales, que han pasado de 8.000 euros en 2020, a 2.000 euros en 2021 y a 1.500 euros desde enero de 2022. Así lo muestran los resultados de la Encuesta presentada por el Observatorio Inverco y realizada por Front Query entre más de 1.400 ahorradores e inversores particulares. Apenas un 6 % de los consultados considera positiva esta medida.
Los mayores de 50 años son los más afectados por la limitación en la desgravación. Conforme aumenta la edad de los encuestados, se incrementa su interés por asegurarse su futuro financiero al terminar su vida laboral y la preocupación por el ahorro para la jubilación, y sube también el rechazo a esta medida. El 61 % de los ahorradores de entre 50 y 59 años tiene una opinión negativa o muy negativa sobre el nuevo límite de 1.500 euros (el 53 % en el caso de los mayores de 60 años), puesto que limita las opciones de ahorro. Por sexos, el porcentaje de entrevistados que se muestra en contra de esta reducción se eleva al 55 % en el caso de los hombres, frente al 42 % de las mujeres.
Un 29 % de encuestados por el Observatorio Inverco asegura que, por el momento, no se ha formado una opinión sobre las reducciones del límite desgravable en las aportaciones a Planes de Pensiones. Le resulta indiferente. Este porcentaje se concentra básicamente entre las generaciones más jóvenes (40 % entre los menores de 30 años) y, por tanto, todavía con una carrera profesional muy larga por delante y con preocupaciones más inmediatas, como puede ser la obtención de un buen empleo o empezar a ahorrar para adquirir una vivienda o tener hijos.
Las aportaciones a los planes de pensiones siguen siendo un instrumento de referencia para aquellos que quieren canalizar su ahorro a largo plazo, pero la modificación del límite desgravable ha alterado de forma sustancial el diseño de futuro de los planes de ahorro de muchos inversores. Tal y como refleja la Encuesta del Observatorio Inverco, dos tercios de los ahorradores españoles considera que debería ahorrar más de 1.500 euros al año para lograr mantener su poder adquisitivo y, por ende, su nivel de vida, una vez llegado el momento de la jubilación. Es exactamente la cifra que marca el límite actual desgravable en las aportaciones a este instrumento financiero.
Cerca del 40 % de los entrevistados eleva esa cifra óptima de ahorro anual para mantener el nivel de vida por encima de los 3.000 euros, mientras que apenas 1 de cada 10 cree que es suficiente con ahorrar 500 euros anuales como complemento a la jubilación pública. En el caso de los ahorradores mayores de 50 años, supera el 71 % el porcentaje que considera necesario ahorrar más de 1.500 euros al año para complementar la jubilación pública.
La duda política con los nuevos planes
Tras aprobarse a final de 2021 la primera fase de la reforma del sistema público de pensiones, el Gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley para el impulso de planes de pensiones de empleo, los gestionados por las empresas. El texto modifica la actual ley reguladora de los fondos y planes de pensiones y la ley del IRPF para crear una nueva categoría de fondos y planes de pensiones de empleo. Se espera que ayude a extender la cobertura de la protección social complementaria a través de la negociación colectiva.
«La norma concentra un excesivo poder sobre los planes de pensiones de promoción pública de dos comisiones dominadas por el Gobierno y con un mandato poco claro en materia de criterios de inversión. Podría dar lugar a un cierto intervencionismo político en la asignación de un componente potencialmente importante de los flujos de ahorro que sería muy poco recomendable», señala en un informe el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente.
Los nuevos instrumentos que el proyecto de ley propone introducir son los fondos de pensiones de empleo promoción pública abiertos (FPEPPA) y los planes de pensiones simplificados (PPES), que se integrarían en tales fondos. «Una de las principales diferencias con los fondos y planes ya existentes es el elevado peso del Gobierno, y especialmente del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en la comisión única de control de tales fondos, en la que también estarán presentes los principales sindicatos y organizaciones patronales», añade de la Fuente.
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