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16 de junio de 2024

José Manuel Cansino

Malas instituciones y prosperidad

Cuando se comparan los niveles de desarrollo entre países, la evidencia de cuál es la relación entre la calidad de las instituciones y la fortaleza de su economía es débil, esto es, no tiene mucha capacidad explicativa

Actualizada 04:00

Las instituciones son las restricciones ideadas por las personas que estructuran la interacción política, económica y social. Las instituciones consisten, de esta forma, tanto en restricciones informales (sanciones, tabúes, costumbres, tradiciones, códigos de conducta), como en reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad). Esta amplia y acertada definición corresponde al economista estadounidense Douglass Cecil North (1920-2015), premiado con el Nobel en Economía en 1993. La acertada definición de «Instituciones» la publicó en 1991 en el Journal of Economic Perspectives en un artículo que llevaba el mismo nombre.

La relación entre las instituciones y el desarrollo económico ha estado en el centro de las investigaciones de muchos economistas con la hipótesis de partida de que el deterioro de las buenas instituciones o la extensión de las malas actuaban como una barrera para la prosperidad. Precisamente por eso cuando se acusa a un gobierno como el del presidente Pedro Sánchez de dañar algunas de las instituciones de la Nación, se teme por el impacto negativo que esto tendrá sobre el desarrollo económico de España.

Por ejemplo, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional paralizando la reforma legislativa preservaba el correcto funcionamiento del Poder Legislativo al garantizar a los parlamentarios y, a través de ellos, a los ciudadanos que los habían elegido, el derecho a participar cumpliendo las garantías legales en el propio proceso de reforma. Lo explicó de manera diáfana el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Vidal en los medios de comunicación y con él, muchos otros. Las reformas a la baja de los delitos de sedición y malversación es fácil entenderlas como una devaluación de las garantías del cumplimiento de la norma constitucional.

Sin embargo, los resultados de las investigaciones económicas, cuando tratan de medir la contribución de la calidad de las instituciones a mayores niveles de prosperidad económica, son muy limitados. Así lo reconoció, por ejemplo, David Rodrik en el trabajo al que aludíamos en esta misma ventana la semana pasada. Cuando se comparan los niveles de desarrollo entre países, la evidencia de cuál es la relación entre la calidad de las instituciones y la fortaleza de su economía es débil, esto es, no tiene mucha capacidad explicativa. Las únicas excepciones aparecen cuando la institución que se deteriora es el derecho de propiedad o cuando el cambio en las instituciones es tan profundo como el que viene derivado de situaciones de guerra o revueltas. En el primer caso la demostración puede encontrarse en el trabajo que publicaron en 2001 Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson. En el segundo caso, la muy importante salida de empresas de Cataluña en 2017 representa un ejemplo cercano del segundo ejemplo como ha documentado Ferrán Brunet en su libro Economía del separatismo catalán, ahora también disponible en versión inglesa.

Hay que huir de los economistas que se lanzan a establecer relaciones causales entre hechos y consecuencias que luego no resultan robustamente probadas. Puede que la débil evidencia se deba a la limitación de los modelos matemáticos o a la imperfecta calidad de los datos, pero es lo que hay.

Sin embargo, no por la escasa contundencia de la relación entre deterioro institucional y bajo desarrollo económico la información sobre la calidad de las instituciones deja de tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones económicas. Sin ir más lejos, el lugar donde se levanta una nueva planta industrial o el destino de las inversiones tiene esto muy presente. En este sentido, el Banco Mundial publica anualmente tres indicadores que son especialmente importantes; el grado de control de la corrupción, la eficacia del gobierno y un indicador conjunto que mide la estabilidad política y la ausencia de terrorismo o violencia. Cuando se miden estas variables en percentiles para los últimos 10 años, el control de la corrupción empeoró desde el 83,4 sobre 100 en 2012 al 76,4 en 2021; la eficacia del gobierno pasó del 81,5 al 78,8 y la ausencia de violencia 42,7 al 64,6. Esta última variable fue la última que mejoró debido a la disolución de ETA, aunque con caídas importantes en los años del intento de golpe secesionista en Cataluña.

La analítica aplicada a los «grandes datos» está permitiendo mejorar las predicciones y el diseño de los modelos económicos. Mi percepción es que esto va a enfatizar la importancia de las instituciones a la hora de explicar el nivel de prosperidad de una sociedad. Estaremos pendientes.

  • José Manuel Cansino es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino
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