Eduardo Sotillos, Carlos Romero, Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Enrique Barón anunciando la expropiación.
Cuarenta años de la expropiación de Rumasa, la gran polémica económica del felipismo
El Ejecutivo de González encontró un agujero patrimonial de más de 111.000 millones de pesetas
El pasado 23 de febrero se cumplieron 40 años de la famosa y controvertida expropiación de Rumasa. Como recordarán, tuvo dos protagonistas destacados: José María Ruiz Mateos y el ministro del Gobierno socialista Miguel Boyer, ambos ya fallecidos.
La empresa fue fundada por la familia Ruiz-Mateos en 1961 y expropiada durante el mandato de Felipe González dos décadas después, en 1983. Las pruebas demostraron falta de auditorías externas a los bancos del grupo desde 1978, obstrucción a la actividad inspectora, riesgos desproporcionados de solvencia y elevadas deudas contraídas con la Seguridad Social y Hacienda. El Ejecutivo de Felipe González encontró en el holding empresarial un agujero patrimonial de más de 111.000 millones de pesetas, una caja B y contabilidad paralela oculta. La deuda tributaria y fiscal del Grupo ascendía unos 20.000 millones. Arrojaba unas pérdidas de 9.000 millones frente a los 5.000 que declaraba como beneficios.
Desde la publicación de la expropiación hasta su liquidación definitiva hubo 1.500 pleitos judiciales, todos favorables a su extinción, que acabó con la enajenación de todas las sociedades. El hólding, que comenzó en Jerez de la Frontera, llegó a tener 700 empresas surgidas a partir de negocios en el sector vitivinícola y bancario, muchas de ellas entonces de mucho prestigio, tuvo 60.000 empleados y una facturación de 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros) anuales.
El expresidente de Rumasa, José María Ruiz Mateos, vestido de presidiario y a hombros llegando a la Audiencia Nacional
Tras la expropiación por razones de interés público y social, según decía el BOE, fue reprivatizada por partes. Nueva Rumasa pasó a formar parte de la familia Ruiz-Mateos. Tras el cierre de Rumasa se iniciaron procesos judiciales contra seis hijos de José María Ruiz-Mateos durante la gestión de Nueva Rumasa por delitos continuados de estafa cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública tras buscar socios emitiendo pagarés con elevados intereses sin solvencia que usaron para intereses personales.
El hólding no terminó de liquidarse definitivamente hasta 2015. En el momento de la liquidación, durante el Gobierno de Rajoy, la cifra total de activos era de 160 millones de euros que se destinaron al Tesoro.
