Oficina de la Agencia Tributaria
Funcionarios
Empleo público: la carta marcada de Sánchez para seguir en la Moncloa
El Estado se ha convertido en el gran empleador y legisla para ascender a dedo a funcionarios
La hoja de ruta de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa después de las elecciones de 2023 pasa porque el batacazo no sea para tanto en las municipales de mayo. Si salva ese escollo y su vicepresidenta Yolanda Díaz no le araña votos, Sánchez tiene en el empleo público y en los jubilados su jugada maestra para que todo lo que suceda en el nuevo curso, allá por septiembre, sea a favor de su causa electoral.
Empleo público
Con el empleo público ya se pueden sacar conclusiones transparentes sobre las intenciones de Pedro Sánchez. Una vez finalizada la pandemia y con las administraciones obsoletas e incapaces de atender al ciudadano, los números dicen que el 55 % del empleo generado en España desde 2021 es público.
Del casi medio millón de nuevos trabajadores que hay en España desde 2019, más de la mitad son funcionarios según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Más de 3,5 millones de trabajadores públicos en 2022 por unos 17 millones del sector privado.
Un récord histórico de gasto público en funcionarios que ni mucho menos tiene reflejo en una Administración eficiente y ágil que solucione los problemas de los españoles. En 2023 hay mafias dedicadas a la compraventa de turnos de atención en las oficinas de la Seguridad Social o el SEPE porque la cita telefónica es imposible.
Crisis en la Administración
Dos huelgas y las «medidas de presión» de los jueces acorralan al Gobierno
Las quejas de los funcionarios son cada vez mayores y los paros en la judicatura se vuelven hasta peligrosos porque muchos juicios se quedan en el limbo por la falta de personal.
Ley de Función Pública
Pero el Gobierno siempre puede ir más allá cuando lo que está en juego es mantenerse cuatro años más en el poder y seguir alimentando el separatismo o las políticas desigualitarias de ministras como Irene Montero.
La futura Ley de Función Pública que se tramita por vía de urgencia para que pueda ponerse en práctica en el mes de mayo incluye la capacidad de meter mano en el funcionariado hasta tal punto de ascender a dedo a quien el Gobierno considere oportuno de aquí a final de año, fecha en la que se celebrarán elecciones.
Seis meses para que el Ejecutivo lleve a cabo «una sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización, ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear, modificar o suprimir los existentes».
Esto supone ascensos de categoría de funcionarios aún sin la formación necesaria o que se subdividan cuerpos y se promocione a una parte.
Hacienda
Los inspectores de Hacienda llevan meses quejándose de sus condiciones laborales y de la falta de personal. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado no ve con buenos ojos esta ley de la que dice que otorga «atribución competencial exorbitante» al Estado.
Ellos hablan de la «la muerte de la Administración Pública profesional» por la capacidad de nombrar a funcionarios interinos para labores de profesionales de carrera por «necesidad y urgencia» y de unas oposiciones que apenas valoran el esfuerzo.
La maquinaria de Sánchez con la función pública es semejante a la de los pensionistas. Muchos y bien pagados para que las urnas hagan el resto.
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