Joaquín Pérez da Silva, centro, secretario general de USO, junto con Alesia Slizhava y Benito Cadenas Noreña, secretario académico del curso y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos
Cursos CEU María Cristina
El secretario general de USO: «No hay diálogo social ni transparencia sindical»
Joaquín Pérez da Silva y Alexia Slizhava abogan por la fiscalización de los sindicatos y por centrales que puedan autofinanciarse, sin dopaje externo
«Hoy, que la exigencia de transparencia sobre lo público se ha convertido en demanda irrenunciable, la financiación sindical es una cuestión a abordar urgentemente. ¿Por qué en medio siglo de democracia, ningún partido ha afrontado este debate?». Así se pronunciaba el secretario general de USO, Joaquín Pérez da Silva, en los recientes cursos CEU María Cristina, celebrados en El Escorial
Desde la Unión Sindical Obrera, USO, «siempre se ha defendido que un sindicato debe sostenerse principalmente con las cuotas de sus afiliados, autodopándose en un mínimo del 85 % de recursos propios, que USO supera. La autofinanciación no es un eslogan, es condición esencial para preservar la independencia frente a poderes políticos y económicos. Sin ella, los sindicatos se convierten en actores tutelados, o «partidos-bis»», consideró
«La regeneración sindical exige garantizar una auténtica libertad sindical y por asegurar que los fondos públicos recibidos se destinan exclusivamente al mantenimiento estructural y se gestionan de forma lícita y verificable. Como ocurre con otras instituciones de relevancia constitucional, puede debatirse un apoyo parcial, pero siempre bajo criterios razonables de proporcionalidad y fiscalizables por el Tribunal de Cuentas. Porque además, algunos utilizan demagógicamente este asunto para desacreditar a todos los sindicatos. Razón de más para cambiar el confuso sistema de financiación actual. Ningún periodista ha logrado sumar con precisión las múltiples subvenciones procedentes de distintas administraciones y finalidades de los sindicatos. Con criterios de reparto discriminatorios que excluyen a organizaciones relevantes -como USO, tercera fuerza Sindical en España- perpetuando privilegios injustificados», añadió.
«El dinero público no puede seguir en zonas grises. Clarificar su uso fortalecería la confianza ciudadana e impulsaría una democracia sindical real. Sin otorgar eternas ventajas a unos en perjuicio de otros», según Pérez da Silva.
«¿Para cuándo una fiscalización de los sindicatos?»
Por su parte, Alexia Slizhava, analista del Centro de Economía Política y Regulación de la Universidad CEU San Pablo, corroboró que en 2026, el diálogo social, como uno de los mecanismos clave de negociación laboral y estabilidad democrática desde la Transición, sigue siendo inexistente, como durante los últimos años.
«La negociación colectiva supera el 50 % y las organizaciones empresariales, CEOE-CEPYME, denuncian numerosas modificaciones normativas laborales, recurriendo muchas veces a reales decretos. Creciente carga regulatoria y decisiones unilaterales exclusivas y excluyentes Gobierno-UGT(PSOE)-CCOO(IU/PCE), entre ellos mismos, generando incertidumbre y sobrecarga administrativa para el ámbito emprendedor, especialmente autónomos y pymes. Sin consenso con los auténticos creadores de empleo», afirmó.
«El modelo de representación sindical sigue basado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, 1985, concebida en un contexto distinto al actual. Que aunque ha garantizado estabilidad institucional, hay dudas sobre su alcance futuro, ante un cambio de ciclo político. Estas cuestiones cobran especial relevancia si se contrastan con unas bajas tasas de representatividad y afiliación sindical, 12 % aproximadamente, según Funcas», recordó Slizhava.
A nivel europeo, el Pacto para el Diálogo Social-2025 viene reforzando el acuerdo real Gobierno-Sindicatos-Empresarios en las transiciones ecológica y digital. Ahí están los modelos de Alemania y los países nórdicos como ilustración, desarrollando mecanismos donde la representatividad sindical se vincula a resultados electorales reales y criterios de audiencia.
«En España durante estos años no ha habido acuerdo social. Y los viejos sindicatos, convertidos en Partidos-Bis, superados por CSIF y en muchos casos por la infrarepresentada Unión Sindical Obrera, dando cobertura al gobierno a cambio de financiación abundante y ventaja para sus cúpulas. Hay auditoría para la Casa Real por el Tribunal de Cuentas. Pero, ¿para cuándo una fiscalización de los sindicatos?», reclamó.
