La Ley de Vivienda consolidará el tope al precio del alquiler en todo el territorio español
Críticas
Las zonas tensionadas se convierten en otro embuste de la ley de vivienda
Galicia no declarará zonas de alquiler tensionado y serán las comunidades las que decidan
La ley de vivienda no deja de sorprender a los españoles. Una legislación a medida de la extrema izquierda que pone límites al alquiler le despoja de derechos al propietario, favorece la okupación y pretende convertir aleatoriamente zonas tensionadas para controlar el alquiler, los precios y hasta la propiedad privada.
Las quejas llegan de todos los sectores. Algunos expertos avisan de que habrá colas para alquilar y que los precios subirán además de que muchas viviendas se cerrarán para evitar que un alquiler se convierta en una pesadilla.
Sentido común
Pero en la España de las comunidades autónomas hay resquicios para que le sentido común obre algunos milagros con, por ejemplo, la declaración de zonas tensionadas. El primer gobierno en desmarcarse de eso ha sido el de Galicia que no va a entrar en ese juego, según se hizo público en el Congreso Inmobiliario de Galicia.
Se puede suponer que otras comunidades del PP, incluso algunas socialistas que vivan la realidad de sus ciudades y no la que pretende mostrar los socios radicales del Gobierno central, eviten que esta ley de vivienda provoque el caos inmobiliario.
Las zonas de alta demanda, según la ley de vivienda, se podrán calificar si «a los efectos de orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado, estableciéndose unas reglas procedimentales para su declaración a los efectos de la legislación estatal».
Serán las administraciones competentes en materia de vivienda las que tengan que estudiar qué zonas pueden declararse tensionadas, por lo que solo tendrán que cumplir las medidas obligadas en la ley.
Galicia y Ayuso
Galicia se ha pronunciado, antes lo había hecho Isabel Díaz Ayuso que fue más allá al anunciar que recurrirá la ley al Tribunal Constitucional por invadir las competencias. Feijóo también se pronunció y aseguró que mantendría las deducciones pero que eliminará muchas otras medidas «intervencionistas».
En la misma línea se han declarado los gobiernos de Andalucía, Murcia, y Castilla y León por lo que queda claro que los avisos sobre los problemas que causa esta ley se han tenido en cuenta en muchas regiones de España.
Comentarios
