La sede central de Telefónica.
El Gobierno conocía la operación saudí en Telefónica, y la compañía, también
La nueva legislación 'antiopas' que entró en vigor el 1 de septiembre ha facilitado la vida de todos los implicados
El Gobierno de Sánchez y los directivos de Telefónica han asegurado en los últimos días que conocieron la intención de Saudi Telecom Company (STC) de comprar el 9,9 % de la compañía española la noche anterior a producirse, pero parece que no es verdad. Según han confirmado a El Debate fuentes conocedoras del proceso, tanto el Gobierno como la propia Telefónica lo supieron mucho antes.
En esta línea se habría producido la actualización de la legislación antiopas que se produjo el 22 de julio de 2022 y que entró en vigor el 1 de septiembre. Con esta modificación se reducía del 10 % al 5 % la necesidad de requerir autorización al Gobierno para la entrada de inversiones extranjeras en empresas españolas consideradas estratégicas por su implicación en la defensa nacional, y también ha disminuido el tiempo en el que el Ejecutivo debe comunicar su decisión sobre si acepta o no: los seis meses anteriores han quedado reducidos a tres meses.
Como contábamos el martes en el artículo que hay bajo estas líneas, ahora la decisión está en el tejado del Gobierno, que tiene un plazo de tres meses para indicar si acepta que la empresa saudí se haga con el 5 % de participación de Telefónica que tomó a través de instrumentos financieros, y cuya aprobación depende del Ejecutivo. Si da su sí en diciembre, STC se convertiría en el primer accionista destacado con el 9,9 % de las acciones.
De momento los saudíes han podido entrar y afirman que su intención es amistosa, que confían en la compañía y que todavía es «pronto» para pedir un puesto en el consejo de administración. La rentabilidad por dividendo que da Telefónica es muy alta e interesante para los saudíes. Parece esperable que no intervengan en la gestión mientras los ingresos sean satisfactorios para ellos, aunque podrían hacerlo si en algún momento no lo son, como contamos en el artículo que pueden leer debajo.
La limitación de la nueva legislación antiopas que protege a la cúpula de Telefónica no elimina la inversión de 2.100 millones que ha hecho STC, y en la que según han contado las fuentes a El Debate, ha intermediado Javier de Paz. De Paz es vocal del Consejo de Administración de Telefónica y amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero.
Con estos elementos, la operación cuadraría perfectamente para los directivos de Telefónica, que han visto protegida su posición; para el Gobierno, que ha intermediado, y para los saudíes, que han entrado en una compañía que le dará dividendos que compensen la caída progresiva de sus ingresos del petróleo. La operación parecía precipitada, pero todo apunta a que estaba bien orquestada.
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