Oficina de correos en Logroño.
Correos invierte 14 millones en pantallas pese a perder 1.000 millones en cinco años
La compañía destina cantidades significativas a partidas que no parecen importantes para su negocio, viendo su delicada situación financiera
Los sindicatos estiman que Correos puede sumar a final de este ejercicio unas pérdidas de unos 1.000 millones de euros acumuladas en los últimos cinco años. A pesar de ello, la compañía que dirige Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete y amigo de Pedro Sánchez, destina cantidades importantes a inversiones que parecen no tener que ver directamente con su negocio.
El caso más significativo es el de la compra de pantallas. El 1 de octubre de 2021 se propuso un gasto de 8.466.800,76 euros para la Contratación del suministro y demás servicios aparejados para la implantación de pantallas informativas, su mantenimiento y su gestión de contenidos en la red de oficinas de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos a través de un contrato de arrendamiento tecnológico. Puede verse en este enlace. La duración prevista era de treinta meses.
El 27 de diciembre de 2022 se modificó el contrato para aumentar el coste hasta los 9.776.286,96 euros, como puede verse aquí. Y el 26 de septiembre de 2023 se prorrogó el contrato por otros doce meses hasta alcanzar la cifra de 14.009.687,34 euros, como se explica aquí.
El adjudicatario ha sido Ikaro Digital Systems, una empresa ubicada en Pozuelo.
Los empleados no entienden muy bien esas cifras en un producto que no saben para qué se adquiere y en un contexto de pérdidas millonarias de la compañía.
Junto a ello, les llama la atención el dinero que se destina a los patrocinios deportivos: 883.000 euros para tener La Vuelta Ciclista a España y el balonmano.
Multas por no cumplir su función
Según el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal (SPU) aprobado en junio de 2021, se estableció que el coste de llevar a cabo esas tareas durante diez años, desde el 2011 al 2020, suponía una cantidad de unos 120 millones de euros anuales. Esta tarea consiste en la recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos nacionales y transfronterizos en régimen ordinario, tanto de cartas y tarjetas postales como de paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta veinte kilogramos de peso, incluidos los servicios de certificado y asegurado de los mismos.
A pesar de tener estas funciones tan delimitadas y recibir un dinero por ello, Correos ha tenido que desembolsar más de 52 millones de euros en multas en estos años por demandas interpuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De ellos, 32,6 millones tienen que ver con prácticas anticompetitivas realizadas entre los años 2015 y 2019 por la matriz Correos y 19,6 millones de la multa a la filial Correos Express debido a un acuerdo ilegal entre empresas de paquetería para repartirse clientes. «Debemos comentar que podrían aplicarse más multas debido a que la empresa postal sigue caminando por la cuerda floja de la ilegalidad al priorizar la entrega de envíos no incluidos en el SPU, como son los envíos de paquetería urgente procedente de las compras de Internet, sobre los verdaderos envíos que pertenecen al SPU», apunta Javier González Carballo, delegado de la Confederación General de Trabajadores (CGT) en Orense. «Dichas prácticas provocan que los repartidores, por órdenes verbales de sus respectivas jefaturas, dejen sin sacar a reparto cartas y notificaciones administrativas para distribuir el gran volumen de paquetería comercial procedente de las ventas a distancia», añade.
El sindicalista señala además que, «en muchos casos, las notificaciones administrativas, que son muy bien remuneradas por las instituciones (unos ocho euros cada una), son tratadas con desprecio por Correos. Provoca una doble consecuencia: perjudica al usuario al no recibir un envío en el tiempo adecuado y supone una penalización en el montante de euros recibidos por las diferentes administraciones al no cumplirse los plazos de entrega acordados».
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