El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.
El Estado se hará con el 10 % de Telefónica a través de la SEPI por unos 2.000 millones de euros
La sociedad estatal argumenta que la operación «contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas», y Hacienda incide en los «intereses nacionales», en pleno desembarco de la saudí STC
Movimiento del Gobierno para que el Estado se haga con hasta un 10 % del capital social de Telefónica a través de la SEPI, de modo que se convertiría en el principal accionista de la compañía. El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión de este martes la irrupción en el capital social de la compañía, según ha comunicado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, a la CNMV. La compra del 10 % ascendería a 2.054 millones de euros.
«Telefónica es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos», justifica la SEPI en un texto firmado por su presidenta, Belén Gualda.
La maniobra llega tras la irrupción de la saudí STC, que el pasado mes de septiembre anunció la adquisición de un 4,9 % del accionariado de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete. Los saudíes tienen además pendiente ejecutar un 5 % adicional en derivados, que debería contar con el visto bueno del Gobierno dado el carácter estratégico de la firma. Los saudíes todavía no han solicitado el permiso para ejecutar ese 5 %.
Tras el anuncio de la SEPI, Telefónica ha comunicado en un hecho relevante a la CNMV que «continúa enfocada en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026, recientemente aprobado y comunicado a través del Capital Markets Day del pasado 8 de noviembre de 2023, para seguir creando valor para sus accionistas y procurar el mejor servicio a sus clientes».
«Con una vocación de permanencia, la participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas. SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario», agrega el comunicado de la SEPI.
El Estado se convertirá así en el primer accionista de Telefónica, por delante de STC, representada por el Public Investment Fund saudí. Siguen en relevancia CaixaBank, que ostenta un 4,879 %; BBVA, con un 4,839 %, BlackRock, con un 4,807 % y Morgan Stanley, con un 0,007 %, según la CNMV.
El Ejecutivo tendrá acceso a la cuarta compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la decimotercera a nivel mundial, con sus marcas Movistar, O2, Tuenti y Vivo y fuerte presencia en Europa e Iberoamérica. Cabe recordar que Telefónica ofrece servicios de telefonía fija y móvil, internet, televisión por suscripción y producción audiovisual, además de tecnologías punteras como la Inteligencia Artificial y servicios de IoT y transformación digital a través de Telefónica Tech.
Esencial para los intereses nacionales
En otro comunicado, enviado por el Ministerio de Hacienda, el organismo que dirige María Jesús Montero resalta también que Telefónica es «de esencial importancia para los intereses nacionales». En este sentido cita que la entrada en el capital de la compañía va en línea con la realizada en los países de nuestro entorno: Alemania ostenta un 13,8 % del capital de Deutsche Telekom; Francia posee un 13,4 % Orange; Italia llega al 20 % en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.
Los comunicados se centran en la salvaguarda de la españolidad de la compañía, aunque habrá que ver qué repercusiones tiene la entrada de la SEPI en el nombramiento de representantes en el consejo de administración de la compañía.
El PSOE ya tiene representantes muy bien situados en Telefónica: Javier de Paz, consejero desde 2007, recientemente nombrado presidente de la Comisión de Sostenibilidad y regulación y amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; Rosauro Varo, hijo de la ex diputada socialista Amalia Rodríguez, vicepresidente del consejo de administración de Movistar Plus y miembro del consejo asesor de Telefónica de España, y gran amigo de Pallete; y el brasileño Eduardo Navarro de Carvalho, director de Asuntos Corporativos y de Sostenibilidad y considerado por algunas fuentes como el hombre de Lula da Silva en la compañía (Navarro fue presidente de Telefónica en Brasil). La SEPI añadiría más afines del PSOE en el consejo. Por otro lado no hay que olvidar que Pallete sigue en el cargo por la victoria del PSOE, pues el PP tenía previsto relevarle.
Más gasto para un Gobierno ya muy endeudado
El Estado vuelve a Telefónica después de que desapareciera de ella cuando gobernaba Aznar, en 1997. Los expertos consultados por El Debate no creen que hacerlo sea una buena idea.
Uno de ellos es el catedrático de la Universidad CEU-San Pablo Rafael Pampillón. Estima que «la buena idea sería que el Estado saliera del capital de CaixaBank, en donde tiene una participación, hiciera caja y redujera deuda pública, y que hiciera lo mismo con Aena, en donde tiene un 51 %, con Paradores, y con cualquier otro bien público que pueda ser gestionado de mejor manera por el sector privado. No tiene sentido que pensemos en nacionalizar cuando no tenemos dinero para que el déficit público se rebaje al 3 %, que es lo indicado por Europa».
En opinión del catedrático Mikel Buesa, «esta idea de que el Estado participe en Telefónica la veo como un avance en esta obsesión de la izquierda, especialmente de la extrema izquierda, de ensalzar lo público y estatal. Hay unas cuantas empresas que podrían privatizarse, pero no es esa, precisamente, la idea del Gobierno. Estamos viviendo en una economía pública que está completamente desmadrada, con unos niveles de deuda pública que son enormes. Va a costar muchísimo llevar esa situación a un equilibrio con las normas europeas. No solo va a costar desde un punto de vista de la gestión de las finanzas públicas: nos va a costar como ciudadanos, porque todo esto conllevará el deterioro de los servicios públicos, de las inversiones, el que ya estamos viendo en los ferrocarriles, y pronto llegará a los hospitales», añade.
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