El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños a su salida del Supremo
El Consejo Europeo aprueba una ley que permitirá a los gobiernos confiscar dinero «de origen incierto»
Los países de la UE contarán con nuevas medidas para la localización, identificación, congelación y gestión de riquezas vinculadas con investigaciones criminales
Negociadores de la Unión Europea han acordado nuevas reglas legislativas que otorgarán a los gobiernos poder sobre el dinero y activos no explicados, bajo sospecha de conexión con a actividades criminales.
Esta decisión, tomada por los miembros del Consejo, impone reglas obligatorias para la localización, identificación, congelación y gestión de activos considerados como propiedad criminal, en un esfuerzo reforzado por combatir el crimen organizado.
Estas reglas también permitirán a los gobiernos congelar y confiscar lo que se denomina «riqueza no explicada», mientras sospechen que esté vinculada a actividades criminales.
Félix Bolaños, ministro de Justicia de España, justificó esta medida al afirmar: «Las ganancias de las actividades criminales son impresionantes. Los gobiernos solo tendrán una oportunidad de luchar contra el crimen organizado y de recuperar estas ganancias si cuentan con los medios para hacerlo».
Las nuevas reglas no solo se centrarán en la confiscación de «dinero criminal», sino que también obligarán a los estados miembros a adoptar medidas para gestionar los activos confiscados. Esto implica asegurar que los gobiernos confisquen propiedades de un valor «correspondiente al rendimiento criminal».
Además, se prestará especial atención a las garantías procesales, especialmente en casos donde la propiedad se transfiera a un tercero. Si se determina que el receptor sabía «o debería haber sabido» que el motivo de la transferencia era evitar la confiscación, el gobierno podrá confiscar dichos activos.
Dinero «no explicado»
El texto acordado también introduce por primera vez en muchos estados miembros una norma sobre la confiscación de riqueza no explicada.
Bajo ciertas condiciones, será posible confiscar propiedades identificadas en el contexto de una investigación relacionada con delitos penales, siempre que un tribunal nacional confirme que la propiedad proviene de actividades criminales cometidas en el marco de una organización criminal y que estas actividades generan un beneficio económico sustancial.
Las oficinas de recuperación de activos desempeñarán un papel crucial, ya que se les requerirá facilitar la cooperación transfronteriza en relación con las investigaciones de rastreo de activos. Además, tendrán la tarea de rastrear e identificar dinero criminal, apoyando así las investigaciones realizadas por autoridades nacionales y la Fiscalía Pública Europea. Para realizar estas tareas, los gobiernos de los estados miembros deberán proporcionarles acceso a las bases de datos y registros nacionales relevantes, en algunos casos de manera inmediata y directa.
La directiva, que abarca una amplia gama de delitos, incluidos el crimen organizado, el terrorismo, la trata de personas y el tráfico de drogas, también establece obligaciones para los estados miembros.
Estas obligaciones incluyen asegurar que las autoridades involucradas en la localización, congelación y gestión del dinero criminal tengan personal calificado y recursos financieros, técnicos y tecnológicos adecuados. Además, se aplicará a la violación de sanciones una vez que se adopte una directiva pendiente sobre la definición de delitos penales y penas por la violación de medidas restrictivas de la UE.
Según datos de Europol, las organizaciones criminales acumulan ingresos estimados en al menos 139 mil millones de euros cada año. A pesar de la existencia de varias leyes de la UE sobre el rastreo y la confiscación de activos ilegales, en 2020, el Consejo instó a la Comisión a fortalecer el marco legal, y el Parlamento Europeo solicitó reglas de recuperación de activos más fuertes. El proyecto de directiva se propuso originalmente el 25 de mayo de 2022.
El acuerdo necesitará ser respaldado por los representantes de los estados miembros dentro del Consejo. Si se aprueba, el texto tendrá que pasar por el proceso de adopción formal tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo.
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