El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Sánchez deja a los funcionarios sin la subida salarial que les prometió a la espera de atar los Presupuestos con sus socios
El aumento de sus salarios, al contrario que las pensiones, no se ha incluido en el decreto-ley de medidas económicas aprobado el día 27 de diciembre
Los funcionarios tendrán que esperar a que Pedro Sánchez logre desbloquear, atando el apoyo de sus múltiples socios, los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Y es que el año termina mientras queda pendiente de saber si se les practicará, con carácter retroactivo y consolidable, un alza adicional del 0,5 % en caso de que el PIB nominal de 2023 supere el previsto por el Gobierno.
El salario de los más de 3,5 millones de empleados públicos subirá en un porcentaje fijo del 2 % con la llegada de 2024, que podrá elevarse en otro 0,5 % adicional en función de la evolución del IPC armonizado (IPCA). Así lo pactaron Gobierno, CCOO y UGT en el 'Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI' firmado en octubre de 2022 y en el que se contemplaba una subida salarial para el conjunto de los tres años de hasta un 9,5 %, tal y como recoge Ep.
En concreto, el texto del acuerdo contempla para el nuevo año un incremento salarial fijo del 2 % sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior. Adicionalmente, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022-2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 %, con efectos desde el 1 de enero de 2024.
Los sueldos de los empleados públicos aumentaron en 2022 un 3,5 % y, de momento, han subido un 3 % en 2023, pues queda pendiente de saber si se les practicará, con carácter retroactivo y consolidable, un alza adicional del 0,5 % en caso de que el PIB nominal de 2023 supere el previsto por el Gobierno. Si este dato de PIB, que no se conocerá hasta entrado ya 2024, supera las estimaciones del Ejecutivo, el salario de los empleados públicos habría subido en 2023 otro 3,5%, lo mismo que en 2022, y sobre esa cuantía final de 2023 operará el incremento fijo del 2% acordado para 2024.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han trasladado a Europa Press que los funcionarios tendrán que esperar hasta el primer trimestre del próximo año para ver actualizadas sus nóminas, una vez que se aprueben los Presupuestos de 2024, puesto que el aumento de sus salarios, al contrario que ha sucedido con las pensiones, no se ha incluido en el decreto-ley de medidas económicas aprobado el día 27 de diciembre.
No obstante, las mismas fuentes precisaron que dicha subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, y recuerdan que el Gobierno cerró un acuerdo con los sindicatos, que implica subidas superiores al 9% en tres años (2022, 2023 y 2024) y que «obviamente» va a cumplir lo pactado. «Lo que pactamos se cumple», han asegurado.
El aumento salarial del nuevo año beneficiará a cerca de 3,5 millones de personas que desempeñan su labor en las Administraciones Públicas como funcionarios, personal laboral u otro tipo de asalariados del sector público. La mayoría trabaja para las comunidades autónomas; les siguen por número de personal las entidades locales y la Administración Central.
Exámenes de desempeño
Por otro lado, otras medidas que afectarán a los funcionarios en 2024 están relacionadas con su evaluación de desempeño. Pocos días antes de terminar 2023, el Gobierno introdujo medidas de refuerzo para evaluar el desempeño de todos los empleados públicos. En concreto, éstas entraron en vigor el pasado 21 de diciembre como parte de un Real Decreto-Ley mucho más amplio, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación.
En el Libro II de dicha norma se recogen cambios estructurales en el modelo de la Función Pública, con avances en la planificación estratégica de los recursos humanos y la incorporación de la evaluación del desempeño o nuevos sistemas de acceso.
En particular, el texto regula la evaluación del desempeño obligatoria, el procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento del personal, todo ello con el objetivo mejorar la productividad para, a su vez, mejorar la prestación del servicio público, ha alegado el Gobierno.
Dichas evaluaciones «se plantean en positivo», según el Ejecutivo, por lo que «en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen».
En el caso de que un empleado público no tengan resultados satisfactorios en las mismas, «se fomentarán medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño». «El fomento de la participación y las ofertas constantes de mejora de condiciones se convertirán además en incentivos para que puedan dar la vuelta a esa situación», según el Ejecutivo.
Para quienes superen estas evaluaciones, habrá beneficios directos en distintas variables, como la remuneración del complemento de desempeño, que sustituye al complemento de productividad. Además, se fomentará su progresión en la carrera profesional con la introducción de la carrera horizontal, sistema por el que se pueden mejorar las condiciones sin cambiar de puesto de trabajo.
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