En Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, se quejan
Comunidades autónomas del PSOE también estallan por el recorte de Teresa Ribera a las inversiones eléctricas
Se suman a la rebelión de Andalucía, Madrid, Castilla- León y Murcia
Los 321 millones de inversión que anunció el Gobierno para ampliar la planificación del desarrollo de la red de transporte de energía frente a los 931 millones que había previstos han provocado una rebelión de las comunidades autónomas. Comenzó con protestas en las gobernadas por el PP (Andalucía y Madrid), y ahora se ha extendido a otras lideradas por el PSOE, como Castilla-La Mancha o Asturias.
Todas ellas exigen más inversión en redes de transporte para satisfacer la demanda eléctrica procedente de proyectos que incentivan la marcha de las economías.
La avalancha de críticas de las comunidades contra el Gobierno se ha producido porque esperaban contar con los 931 millones de inversión previstos. Finalmente sólo se han dispuesto 321 millones. Se dejan 609,8 millones y un buen número de proyectos industriales sin utilizar.
La primera en quejarse fue Andalucía. La región solo recibirá el 2 % de los 321 millones aprobados, algo que en opinión el Gobierno de Juanma Moreno dificulta la expansión de proyectos de renovables.
Por su parte el Ejecutivo de Ayuso ha acusado al Gobierno de negarle la electricidad para decenas de proyectos millonarios en Madrid, una comunidad que no recibirá ni un euro de los fondos aprobados.
El pasado 26 de enero, el Gobierno de Pedro Sánchez se sentó con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Energía. Puso el foco en la ampliación de la red de transporte de electricidad. El consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, reclamó a la vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que tome medidas sobre la actual situación de «infradotación de la red».
En este encuentro, Castilla y León -que también ha quedado excluida de las nuevas inversiones en infraestructura eléctrica- reclamó la necesidad de reforzar sus redes para visibilizar varias propuestas estratégicas, tanto en el marco de la transición energética como en el desarrollo industrial asociado.
Según asegura el Ejecutivo autonómico de esta comunidad, la falta de inversiones en redes eléctricas mantiene paralizados 12.500 millones de euros en actuaciones empresariales. Los 34 proyectos presentados por Castilla y León fueron rechazados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Murcia también solicitó al Gobierno central más financiación para hacer frente al desarrollo industrial y a la «verdadera» transición energética. El titular de Medio Ambiente lamentó que el Ministerio no hace frente a las necesidades de la región de Murcia y su desarrollo industrial, y solo prevé destinar 1,1 millones de euros a la región de los 321,2 millones que se invertirán en todo el territorio nacional. Esto solo supone un 0,34 por ciento de la actual inversión nacional.
Las quejas no se limitaron a las comunidades autónomas gobernadas por el PP y llegaron incluso de otras controladas por el PSOE. Castilla-La Mancha ha reclamado que la nueva red de transporte eléctrico garantice las demandas de esta región.
«No estamos de acuerdo con las modificaciones que proponen en lo que respecta a Castilla-La Mancha, puesto que la nueva planificación de la Red Eléctrica debe vertebrar y garantizar el suministro a nuestra comunidad y en las modificaciones propuestas esto no sucede. Así que esperamos que se tenga en cuenta de cara a una planificación definitiva, que garantice también los desarrollos de suelo industrial que se están proponiendo desde Gobierno regional», señaló la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.
Del mismo modo, Asturias ha pedido un refuerzo de las infraestructuras eléctricas del Principado para atender las necesidades de la industria.
El Gobierno de Pedro Sánchez podría usar los casi 610 millones pendientes para favorecer a aquellas autonomías gobernadas por el PSOE o por otros partidos que le ofrezcan apoyo parlamentario (Junts).
El origen
El Gobierno destinará 931 millones de euros adicionales para financiar parcialmente el coste de actuaciones en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026. Se hará con cargo a la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Inversión 14 del Componente 31, ligado a los fondos RePowerEU), aprobada el pasado octubre por la Comisión Europea (página 35 de este documento).
Aunque hay disponibles 931 millones, el Gobierno por el momento solo ha aprobado modificaciones para esta Planificación que requieren una inversión de 321,2 millones. Se sumarán a los 6.964 millones ya previstos y aprobados en 2022. Se destinarán al refuerzo de las necesidades de conexión de proyectos para la descarbonización de la industria, la integración de energía renovable, la producción de hidrógeno y el apoyo a la cadena de materiales y tecnologías clave vinculadas a la transición verde.
El plazo para hacer alegaciones a estas modificaciones (nuevas conexiones a la red) venció el pasado 12 de enero, y el Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado al margen a las distribuidoras.
En esta modificación de la Planificación, el Ejecutivo ha decidido que el abastecimiento eléctrico para grandes consumidores se realice directamente desde la red de transporte, sin pasar por la red de distribución, por ejemplo, para la futura gigafactoría de Volkswagen en Sagunto (Valencia) o los proyectos de Cepsa en Algeciras y Huelva. Este es el detalle de las actuaciones.
Estas nuevas conexiones a la red han excluido a todos aquellos clientes que ya están conectados a la red de distribución. Se quedarán sin posibilidad de acceso y no podrán electrificar su operativa. Es el caso de algunos puertos, como los de Sevilla o Bilbao; proyectos como la planta de hidrógeno de Repsol en el País Vasco o centros de procesamientos en la Comunidad de Madrid. Los promotores de algunos de estos proyectos de data centers, incluso, han estado dispuestos a hacerse cargo de los costes de acceso a la red eléctrica, sin éxito, y se han visto obligados a buscar otros países.
Los decretos de Rajoy
Por otro lado, el Ministerio para la Transición Energética recuerda que las modificaciones del Plan 2021-2026 deben respetar los límites de inversión anual establecidos por el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica.
España está perdiendo de nuevo la oportunidad de industrializarse, ganar competitividad y crear empleo.
Nueva planificación y retribución de redes
El Gobierno tiene previsto comenzar en breve la tramitación de una nueva Planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2025-2030. Asegura que tendrá un alcance mucho más amplio que el de estas modificaciones puntuales, y que será crítica para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El periodo regulatorio de seis años para el que está definida la retribución a las redes de transporte y distribución expira a finales de 2025. El siguiente periodo regulatorio se extenderá entre 2026 y 2031, y está previsto que la CNMC someta a consulta pública en 2024 las primeras propuestas sobre retribución a las redes de transporte y distribución de electricidad.
La competencia de la tasa de retribución de las redes es de la CNMC, un organismo independiente, pero el Gobierno ha puesto límite a esta tasa; es decir: la CNMC no tiene autonomía para decidir la retribución de las inversiones en redes.
Esos límites son del 0,065 % del PIB en la red de transporte y del 0,13% del PIB en la red de distribución.
La CEOE pide al Gobierno que facilite la conexión a la industria
La CEOE ha solicitado al Gobierno que atienda las necesidades de conexión a la red eléctrica de la industria para impulsar el peso de la actividad industrial en España, el crecimiento económico del país y poder avanzar al mismo tiempo en los objetivos climáticos.
«La planificación de la red de transporte de energía eléctrica debe permitir atender las necesidades de la industria, tanto la existente como futuros proyectos, adaptando la infraestructura a las necesidades reales de la demanda», indican.
«La transición ecológica y la digitalización de la economía requieren nuevos proyectos industriales estratégicos y el refuerzo de los existentes, lo que implica mayores consumos de electricidad. Por ello, el acceso a red es un elemento clave para reindustrializar el país y atraer nuevas inversiones», añaden.
En su opinión, «en un momento en el que las inversiones muestran una evolución negativa, es preciso apostar desde todos los ámbitos posibles por la I+D+i y por nuevos proyectos industriales, para los que es preciso brindar acceso a la red».
Esta apuesta se conforma, además, indican, como una palanca para atraer inversiones de otros países en los que, en estos momentos, conseguir acceso a la red es más sencillo.
Por otro lado, señalan que garantizar el acceso de la industria a la red eléctrica permitirá, también, su acceso a la energía descarbonizada y que se pueda aprovechar la ventaja competitiva que suponen las energías renovables para la reindustrialización del país.
«Nos encontramos ante una oportunidad para reindustrializar el país y garantizar la competitividad de la industria ya existente, por lo que desde CEOE pedimos que se priorice esta inversión estratégica generadora de empleo y prosperidad económica», concluyen.
Comentarios
