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18 de mayo de 2024

Pedro Sánchez y María Jesús Montero siguiendo la votación del martes

Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en el CongresoEFE

El PP cuestiona el «informe fantasma» al que se aferra Montero para evitar el naufragio de los Presupuestos

La «negativa condicionada» de los populares a respaldar las cuentas en el Senado, donde tienen mayoría, aboca a un escenario inédito

Un «informe fantasma». Fuentes populares dudan del contenido, incluso de la existencia misma del documento que, según María Jesús Montero, permitiría al Ejecutivo sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado pese a que el Senado vote en contra de los objetivos de estabilidad. Todo ello mientras el PP se prepara para tumbarlos, el próximo miércoles, haciendo gala de su mayoría absoluta en la Cámara Alta.
Montero esgrimió ante las comunidades autónomas que cuenta con un informe jurídico de la Abogacía del Estado que avala que si la senda de déficit no es aprobada por ambas cámaras legislativas (como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria) después de dos votaciones, los objetivos de déficit vigentes serán los comunicados a Bruselas en el programa de estabilidad 2023-2026, remitido el pasado abril.
«La vicepresidenta Montero se inventó un informe inexistente», aseguró este lunes la portavoz popular en el Senado, Alicia García. «Lo solicitamos el 12 de diciembre y aún no tenemos noticias, y tampoco se ha hecho público», resaltó. Consultado por El Debate, desde el Ministerio de Hacienda declinaron ayer hacer declaraciones.
«Tenemos que conocer ese famoso informe. Ya se demostró que no había un informe cuando se decía que sin presupuestos no se podían actualizar las entregas a cuenta de las CC.AA.», según el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.
En una estrategia de palo y zanahoria, Montero ofreció en diciembre a las autonomías, en manos mayoritariamente del Partido Popular, una flexibilización del objetivo de déficit respecto al plan remitido a Bruselas en mayo. Según trasladó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la Administración Central asumiría una décima del objetivo marcado para las autonomías, que de otra manera estarán abocadas al equilibrio presupuestario.
Un escenario sobre el que la mayoría de las regiones ya han asentado sus propias cuentas, como resaltaba ayer Bravo. «El Gobierno no ha hecho sus deberes pero las autonomías si tienen en su mayoría presupuestos. Eso denota estabilidad, y no lo que avisa el BEI de Nadia Calviño», aseguró, en referencia a una encuesta del organismo que avisa, tras sondear la opinión de las empresas, de que el clima político y regulatorio está impactando sobre la inversión.

Escenario inédito y negativa «condicionada»

Si llegaran a decaer los objetivos de déficit se abriría la puerta a un escenario prácticamente inédito, similar al ocurrido en 2019, que finalmente se solventó con la convocatoria de la elecciones generales que posteriormente ganó Pedro Sánchez. El PP, no obstante, aseguró que su negativa es «condicionada», y se abrió este lunes a aprobar en una segunda vuelta el objetivo planteado por el Gobierno, a cambio de que el Gobierno acepte una deflactación del IRPF ante las subidas salariales aprobadas para compensar el fuerte alza de la inflación durante los últimos años.

Los populares reclaman al Gobierno que deflacte el IRPF y rebaje el IVA a la electricidad, el gas, el pescado y las conservas

Los populares reclaman también una rebaja del IVA que grava la electricidad, el gas, el pescado y las conservas, así como la desaparición del impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica. Y exigen asimismo la creación de un fondo que compense el gasto extraordinario en Sanidad y Educación en el que han incurrido las autonomías a raíz del Covid, y que según la Airef se ha incrementado en un 40 % desde la pandemia.
La gran batalla de fondo, sin embargo, es la quita de deuda prometida a Cataluña –del 20 %, según se negoció con ERC–, que Montero abrió a otras autonomías. Una quita que los populares se niegan a abordar si no es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y si no lleva aparejada una reforma integral del sistema de financiación.
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