El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera
La justicia alemana falla contra España por los impagos a renovables en una condena de 28 millones
Además de abonar estos 28 millones, España debe pagar también los intereses de demora, que se incrementan a una tasa anual del 2 %, así como la condena en costas y parte de los costes del arbitraje
La justicia alemana ha fallado en contra de España a raíz de una denuncia interpuesta por el gigante energético germano RWE por los problemas surgidos en nuestro país tras cambiar las condiciones relacionadas con la explotación del negocio de las energías renovables.
La energética alemana es una de las empresas más grandes del sector. Opera en decenas de países, tiene más de 20.000 trabajadores y su informe anual de 2023 recoge ventas por valor de más de 28.000 millones de euros.
La compañía desarrolló distintas instalaciones de energía verde en España ante la aprobación de las primas renovables. Entre ellas se incluían cuatro plantas hidroeléctricas y dieciséis parques eólicos.
La retirada retroactiva de estos incentivos hizo que RWE denunciase a España en 2014 invocando el artículo 10 del Tratado de la Carta de la Energía, que obliga a los países firmantes a respetar las condiciones básicas de seguridad jurídica para estas inversiones.
El arbitraje del proceso se desarrolla en el CIADI, tribunal competente del Banco Mundial, y culmina con una decisión publicada en 2020 que condena a España a pagar una indemnización de 28 millones a la compañía germana.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a cumplir sus obligaciones y, de hecho, intentó anular el laudo
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a cumplir sus obligaciones y, de hecho, intentó anular el laudo a través de un proceso que llegó a su fin hace escasas semanas mediante una decisión que reafirmó la plena validez del arbitraje y reiteró la obligación de indemnizar a RWE con 28 millones.
Además de abonar estos 28 millones, España debe pagar también los intereses de demora, que se incrementan a una tasa anual del 2 %, así como la condena en costas y parte de los costes del arbitraje. Por otro lado, la Abogacía del Estado ha dedicado grandes cantidades de dinero a la contratación de consultores, abogados, etc.
Ante los impagos del Gobierno español, y al igual que han hecho otras compañías afectadas, RWE puso en marcha un proceso consistente en registrar el laudo ante la justicia de otros países firmantes del Tratado de la Carta, en este caso Estados Unidos.
Este tipo de procedimiento puede resultar en la activación de medidas extraordinarias orientadas a resarcir a las empresas afectadas por este tipo de incumplimientos
Este tipo de procedimiento puede resultar en la activación de medidas extraordinarias orientadas a resarcir a las empresas afectadas por este tipo de incumplimientos. Un ejemplo de tales mecanismos sería el embargo de bienes y activos de España, procedimiento que ya han autorizado los Tribunales Supremos de Australia y Reino Unido y que, de hecho, ya está en marcha en las islas británicas, donde se ha producido la incautación cautelar de distintas propiedades, activos financieros, etc.
Mientras avanza el litigio ante los tribunales norteamericanos, la Abogacía del Estado ha contratado al bufete Simmons & Simmons LLP para iniciar un procedimiento ante la justicia alemana. España ha reclamado a los tribunales del país teutón que impidan a RWE desarrollar su denuncia en suelo norteamericano.
El Gobierno español fue tan lejos que llegó a pedir multas de más de 250.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los abogados de RWE que prosiguiesen el intento de registrar el laudo ante la magistratura estadounidense.
Una sentencia publicada por la Corte de Essen con fecha del pasado 12 de abril ha tumbado las pretensiones de la Abogacía del Estado y Simmons & Simmons. La justicia alemana impone a nuestro país el pago de las costas del proceso y reitera que RWE está en su derecho de acudir a los tribunales estadounidenses para registrar el laudo.
España ha perdido más de 25 procedimientos internacionales por la retirada retroactiva de las primas renovables
España ha perdido más de 25 procedimientos internacionales por la retirada retroactiva de las primas renovables y debe cerca de 1.800 millones a las empresas afectadas, en concepto de indemnizaciones, intereses de demora y condenas en costas. La justicia británica ya se ha incautado cautelarmente la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorada en más de 900 millones, así como las sedes londinenses del Instituto Cervantes y de la agencia de promoción económica de la Generalidad de Cataluña. También se han intervenido cuatro cuentas de banco y el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas. La Corte Suprema de Australia también ha fallado a favor de las empresas afectadas y ha abierto la puerta al embargo de bienes soberanos españoles radicados en el país oceánico.
La corte alemana reitera que RWE actúa en el marco del Tratado de la Carta de la Energía, recuerda que los tribunales germanos no pueden impedir que la empresa litigue en suelo norteamericano y certifica que será la justicia estadounidense la que deberá valorar el registro del laudo y los posibles embargos.
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