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16 de junio de 2024

La candidate de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene MonteroEFE

Congelar precios, prohibir compras y subir impuestos: Podemos lleva a Europa su ley de vivienda

Pretende frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda en un país que «vive una auténtica emergencia habitacional»

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha presentado este sábado una ley contra la especulación inmobiliaria que, entre otras propuestas, amplía a diez años la duración de los contratos de alquiler e impone un límite del 2 % de viviendas turísticas.

La ley pretende frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda en un país que «vive una auténtica emergencia habitacional», ha dicho Montero en declaraciones a EFE antes de presentar la norma en un acto del partido.

«Hay miles de personas en nuestro país que invierten el 40, el 50, el 60 %, es decir, más de la mitad de su salario al mes en pagar un alquiler», porque «en España lo que va como un cohete es el precio de la vivienda», ha denunciado la responsable de la formación morada.

Soluciones

«Pero este problema -ha dicho Montero- tiene soluciones y por eso hoy presentamos una iniciativa legislativa para abordar el problema de la especulación inmobiliaria».

La norma de Podemos, que se inspira en la ley holandesa de 2022, propone la congelación de precios de los alquileres durante toda la legislatura y autoriza a los entes locales a prohibir la compra de vivienda que no sea para residencia, entre otras medidas.

En concreto, la propuesta fija un gravamen para evitar las operaciones de compraventa especulativas a corto plazo con un impuesto de 20 puntos porcentuales sobre la venta de vivienda que haya sido adquirida en los dos últimos años y limita al 2 % la oferta de vivienda turística «para que en lugares como Las Palmas o Mallorca puedan frenar la lógica especulativa».

España vive una auténtica emergencia habitacionalIrene MonteroPodemos

Además, establece una obligación para los grandes tenedores de sacar en alquiler social el 50 % de sus propiedades (el 75 % en el caso de la Sareb) y amplía la duración mínima de los contratos de alquiler a 10 años, 12 cuando el propietario sea persona jurídica.

Montero, quien ha reclamado al Gobierno que actúe para garantizar un derecho constitucional básico y atajar la crisis habitacional que está ahogando a millones de familias, ha denunciado que el Partido Popular está «en rebeldía» frente a la ley de vivienda porque no la cumple y está contribuyendo activamente a la situación de emergencia habitacional.

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