«Pagamos un impuesto invisible que daña el empleo y la gente ni siquiera sabe cómo funciona»

«No podemos querer converger con Europa y aplicar unas reglas distintas a las que tiene Europa». La plataforma España Mejor, amadrinada por Miriam González, ha presentado una propuesta de reforma fiscal que pone el foco en las cotizaciones, un «impuesto invisible» que supone un freno de mano al mercado laboral español.

Así lo defiende, en entrevista con El Debate, José Miguel Moreno, coordinador económico de España Mejor, quien aboga por una política tributaria que favorezca el crecimiento económico y reduzca el esfuerzo fiscal, más elevado en España que en Europa.

Un desincentivo del 37 %

Desde España Mejor abogan por una reducción general de 3,6 puntos y una específica de 9,6 puntos en el caso de los jóvenes de hasta 29 años. Todo ello unido a una mejora de los incentivos fiscales para emprendedores y para aquéllos que financien a emprendedores. Cabe recordar que, actualmente, los tipos de cotización por contingencias comunes se sitúan en 28,30 puntos, de los cuales 23,6 pagan las empresas y 4,70 los trabajadores.

«En España hay una penalización del trabajo en comparación con otros países», defiende Moreno. «Eso se materializa en un nivel de cotizaciones sociales más alto, especialmente en la parte que es cargada a la empresa». Algo que, detalla, «lastra tanto la subida de sueldos como la contratación», suponiendo en la práctica «un desincentivo al trabajo del 37 %».

Otro problema de las cotizaciones es su percepción. «Se ve más como un impuesto que como una hucha. Si no fuera así, no importaría tanto cotizar». Un ejemplo de ello es la polvareda que levantó el planteamiento del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, de que sea el empleado quien pague todas las cotizaciones, tras recibir el salario íntegro del empresario. «Es llamativo que una simple propuesta en la mecánica de gestión haya provocado este revuelo. Nos hace pensar que hay un gran desconocimiento en cuanto a cómo funciona el sistema. Las cotizaciones son un impuesto invisible y la gente ni siquiera sabe cómo funcionan», resalta.

Según Moreno, la reducción «selectiva y orientada» de las cotizaciones permitiría aliviar el problema crónico de precariedad y altas tasas de desempleo que sufre la economía española. Algo que, reconoce, supondría un impacto del orden de 15.000 millones de euros en el corto plazo, pero que se vería compensado a medio y largo plazo con la subida de los impuestos indirectos y medioambientales que lleva años reclamando la Comisión Europea. «Lo que no podemos es decir que hay que converger con Europa (en presión fiscal) y aplicar luego unas reglas distintas», dice.

Moreno, que cuenta con una prolongada carrera en la gran empresa, tras ser, entre 2004 y 2020, director del área de asesoría fiscal del grupo ACS, también apuesta por mejorar la seguridad jurídica. «Es imprescindible para las personas y para las empresas. Todos la merecemos. Para las grandes empresas es vital porque afecta a las decisiones de inversión, pero para las pequeñas es vital para su propia supervivencia. Y sale mucho más barato dar seguridad jurídica que desgravaciones fiscales. Si no nos podemos permitir lo primero, demos lo segundo».

Huir de la polarización

España Mejor, detalla, busca dinamizar las políticas públicas centrándose en cinco áreas estratégicas, incluida la fiscal. Cuenta con 17 grupos de trabajo y 160 expertos con el objetivo de «huir de la polarización». Una polarización que, resalta, está contribuyendo también a que no termine de realizarse la largamente demorada reforma fiscal en España.

«No se eleva la fiscalidad ambiental porque no es popular»

«El libro blanco que fiscalistas con cierta afinidad con el gobierno –y a petición suya— elaboraron en 2022 no se está poniendo en marcha. Elevar la fiscalidad ambiental, por ejemplo, está muy explicado, pero no se hace porque no es popular. Y sin embargo se insiste en converger en recaudación fiscal con Europa», abunda.

Otro ejemplo con esa divergencia respecto a Europa es el impuesto a la banca. «En Europa solo dos países lo tienen: Reino Unido y Suecia. Tener un impuesto que no tienen los demás es evidentemente negativo. Por otra parte el debate que se ha planteado no es muy edificante. Hay que reformularlo, reduciendo la cuota en función del crédito concedido.