«Todo el mundo sabe quienes son»: así se ‘coció’ durante años el milmillonario fraude de los hidrocarburos

«Se juntaron el hambre y las ganas de comer». Así de gráficamente explica Belén Palao, abogada experta en asuntos energéticos y arancelarios el fraude en el IVA de los hidrocarburos que durante años se ha producido en España con una impunidad casi total. Hasta el punto de que, el pasado 21 de diciembre, el Gobierno introdujo en el proyecto de Ley del Impuesto Complementario para las multinacionales una modificación normativa para tratar de poner, por tercera vez, punto y final a una práctica que tiene un impacto directo en el consumidor y que ha permitido defraudar al fisco miles de millones de euros.

El escándalo ha saltado a la primera línea tras la detención de Víctor de Aldama, conseguidor de la trama Koldo, acusado de integrar una red que habría dejado de ingresar al fisco 182,5 millones durante dos años. Aldama, según la UCO, habría hecho un papel de mediador en la trama del fraude de hidrocarburos.

«Siempre son las mismas personas implicadas. Todo el mundo sabe quienes son», afirma Palao, socia del bufete BLN Palao, que considera «un problema sectorial» que el fraude haya escalado hasta unas dimensiones tan masivas.

Un combustible mucho más barato

En los últimos años, el fraude se ha cometido a través de sociedades instrumentales, que evitaban el pago del IVA correspondiente para así reducir significativamente el precio de venta al público de estos hidrocarburos. Algo alimentado por la escalada del precio de los combustibles a raíz de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania.

Explicado de forma muy resumida, la clave del fraude era que una empresa con autorización para operar hidrocarburos extraía el carburante de los depósitos fiscales (el combustible se almacena exento de impuestos), mientras remitía a terceras compañías instrumentales para el pago del impuesto, del 21 %. Estas, o bien elaboraban facturas falsas o demoraban sine die el pago del tributo, lo que permitía ofrecer en determinadas gasolineras (hasta el 8 % del total, según fuentes del sector) un combustible mucho más barato que el de su competencia.

«Llevamos teniendo inspecciones de fraude del IVA desde el año 2020. Desde ese año el ministerio actualiza un listado trimestral. Entran compañías y salen compañías. Desde el 2020 al 2023, cuando se mete la prohibición de que dentro de los depósitos fiscales no pueden operar compañías con autorización de operador y petróleo, entraban y salían 14.000 compañías», cuenta Belén Palao.

Entre 2020 y 2023 entraban y salían 14.000 compañías del registro de operadores

Para burlar el límite de tener un capital social de tres millones, «se constituía una empresa con 3.000 euros y la diferencia se cubría mediante un préstamo participativo, que a efectos contables computa como capital social. Y aún así se le daba tarjeta de operador de petróleo, porque cumplía con los requisitos», afirma la abogada.

Para tratar de ponerle coto, desde marzo de 2024 se prohibió que los distribuidores minoristas vendan a otros minoristas o mayoristas. El objetivo es evitar el uso de comercializadoras o intermediarios que faciliten la comisión del fraude, «lo cual no solo perjudica a la Hacienda pública, sino que también introduce competencia desleal en el sector», detallan desde Cuatrecasas.

Garantía del 110 %

Desde el pasado 1 de enero ha entrado en vigor que el último depositante del producto que se extrae del depósito fiscal sea a quién se le repercuta el impuesto de hidrocarburos correspondiente, o el titular del depósito fiscal en caso de que sea el propietario del producto.

Para garantizar que el IVA se ingresa, el último depositante o el titular del depósito fiscal está obligado a constituir una garantía (aval bancario o pago a cuenta) del 110 % de la cuota del IVA correspondiente. La cifra «es una barbaridad» valora Palao, que explica que solo hay dos alternativas: darse de alta como operador autorizado en operadores aduaneras, un trámite que requiere de un año o año y medio. O inscribirse como operador confiable en el Registro de Empresarios y Depósitos Fiscales, el Redef, habiendo realizado extracciones durante el año anterior de 1.000 millones de litros, haber operado al por mayor durante tres años y cumplir con los requisitos de solvencia financiera que establece la Unión Europea.

«Muy poca gente cumple con esos requisitos. Es decir, se cierra el mercado a nuevos operadores salvo que tengan esa garantía, que es una barbaridad», resume Palao.