
Qué es Verifactu, el nuevo sistema de facturación electrónica de Hacienda que será obligatorio el 1 de julio
Las empresas que no utilicen software certificado pueden ser multadas con hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal
A partir del 1 de julio de 2025, empresas y autónomos deberán contar con el nuevo sistema de facturación electrónica de la Agencia Tributaria conocido como Verifactu. Se trata de una medida incluida en la ley antifraude que obligará a los profesionales a partir del año que viene a conectar todas sus facturas con Hacienda a tiempo real.
¿Qué es Verifactu?
Verifactu es un sistema que garantiza la autenticidad e integridad de las facturas electrónicas, exigiendo que cada una tenga un código identificador único y que los datos se envíen en tiempo real a la Agencia Tributaria. Esta nueva normativa cambiará la relación entre las empresas, las gestorías y la Administración Tributaria.
Para adaptarse a la ley, será obligatorio el uso de un software de facturación certificado que impida la alteración de los datos una vez emitidos. Las facturas estarán dotadas de un código QR para facilitar su verificación y serán enviadas automáticamente por los sistemas de facturación, como Holded. La comunicación con la Agencia Tributaria será voluntaria, pero las facturas deberán estar disponibles para la AEAT en todo momento, firmadas digitalmente.
¿Quiénes deben cumplir con Verifactu?
La normativa será obligatoria para las empresas y autónomos que emiten facturas a clientes finales o a otras empresas, salvo aquellas que ya estén acogidas al Suministro Inmediato de Información (SII) o a TicketBAI. También deberán adaptarse negocios de sectores con alta incidencia de fraude fiscal, como el sector hostelero, la construcción o el comercio al por menor. Además, se prevé que para las empresas con una facturación inferior a 6 millones de euros, la obligación de utilizar un software de facturación homologado entre en vigor el 1 de enero de 2026.
Sanciones por incumplir la normativa
No cumplir con Verifactu puede implicar sanciones importantes: las empresas que no utilicen software certificado pueden ser multadas con hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal, mientras que los proveedores de software que no cumplan con los estándares establecidos podrían enfrentar multas de hasta 150.000 euros anuales. Además, la comercialización o distribución de software sin certificación puede acarrear penalizaciones de hasta 1.000 euros por licencia.