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Pedro Sánchez al término de su comparecencia de este martes en la Moncloa

Pedro Sánchez al término de su comparecencia de este martes en la MoncloaEFE

Sin Presupuestos

Sánchez tira del fondo de catástrofes y de recortar la asistencia a las CC.AA. para pagar el plan de defensa

Anticipa que la menor necesidad de las autonomías de acudir al Fondo de Liquidez al salir a los mercados ayudará a financiar parte de los 10.471 millones

Casi un día después de que Pedro Sánchez anunciara un plan de 10.471,42 millones para elevar el gasto en defensa al 2 % del PIB, Moncloa detalló finalmente este miércoles de dónde procederán los fondos. Buena parte de ellos, hasta un 40 %, procederán de la mejor evolución del déficit en 2024 y del recurso al Fondo de Contingencia.

En concreto, el Gobierno sacará 1.395,10 millones de euros del Fondo de Contingencia (dotado con 3.964,4 millones en los Presupuestos de 2023) para financiar el aumento de los salarios de las Fuerzas Armadas y sus pensiones, según el detalle del plan, publicado este miércoles. Se trata de un mecanismo contemplado para afrontar catástrofes imprevistas cuyo uso precisamente para misiones militares ya ha sido puesto en cuestión por la AIReF.

Otros 2.819,17 millones procederán de las menores necesidades de liquidez que Hacienda prevé para las comunidades autónomas por su acceso a los mercados, las menores necesidades de amortización de la deuda pública y el mejor comportamiento del déficit público en 2023.

Moncloa no detalla si el motivo de este menor recurso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) deriva de la mejoría en la situación de las comunidades autónomas o a la quita de deuda prometida a las autonomías tras acordarla primero con ERC. Hacienda viene defendiendo que la quita permitirá que puedan salir a financiarse a los mercados, algo que, salvo País Vasco, Navarra, Madrid y Canarias, no hacen en la actualidad ante su elevado nivel de endeudamiento. Un «obstáculo insalvable», según Fedea, para desconectarse de la asistencia del Estado.

Dentro de este capítulo el Gobierno incluye también la mejora en el déficit en 2024, que se situó en 2024 en el 2,8 % frente al 3 % comprometido con Bruselas. Solo esto son 3.180 millones de euros de margen de gasto adicional.

Moncloa ha encontrado además otras siete fuentes de financiación para engordar el gasto en defensa pese a mantener prorrogados los Presupuestos desde 2023 ante la incapacidad para lograr respaldo suficiente para unas nuevas cuentas. Así, prevé obtener 1.744,89 millones de euros de créditos ya ejecutados de ejercicios anteriores que no tienen reflejo en 2025. Esto procede, como ya adelantó el martes el propio Sánchez en rueda de prensa, de una partida contemplada entonces para que las Comunidades Autónomas compensaran el bajón de ingresos por la pandemia que, actualmente, carece de sentido.

A esto se sumarán otros 632,47 millones procedentes de ingresos por servicios que presta el Ministerio de Defensa –y cobra a terceras partes–; y 1.357 millones de euros procedentes de partidas no ejecutadas de los fondos europeos de transformación y resiliencia, procedente de una partida, según el propio Sánchez, «que ya estaba prevista y aprobada por parte de la Comisión Europea», y que irá destinada a reforzar la ciberseguridad del país.

Estas cuantías se ven reforzadas con 103 millones de euros adicionales justificados «por la menor previsión del pago de sentencias por reclamaciones patrimoniales»; con 641,56 millones por menores aportaciones a la UE y por 97,4 millones de euros de créditos no ejecutados de organismos autónomos del Ministerio de Defensa.

Todo esto permitirá, según defiende el Gobierno, incrementar el gasto militar sin recortar en otras partidas, como las sociales, al contrario de lo ocurrido en países del entorno como Reino Unido. De paso, Sánchez interpreta que no debe someter el plan a votación en el Congreso ni en el Senado, dado que el cómputo total de gasto del Estado no aumenta. Una interpretación contra la que cargó este miércoles el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que lo calificó de «chapuza y cacicada».

En la misma línea, la ex eurodiputada y vicepresidenta del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo durante la pasada legislatura, Eva Potcheva, considera que la partida de 10.471 millones –que implica prácticamente duplicar el presupuesto del Ministerio de Defensa– «representa una modificación presupuestaria con su reserva de Ley y principio de universalidad». De ahí que, a su juicio, «vulnera el principio de universalidad del artículo 134.2 de la Constitución, según el cual la totalidad de gastos e ingresos de todo el sector público estatal deben estar incluidos en los Presupuestos Generales del Estado».

Precisamente este miércoles también el Fondo Monetario Internacional (FMI) urgió a los países europeos a elevar el gasto militar «con prudencia y transparencia», considerando que «cualquier aumento permanente del gasto fiscal para inversión y defensa debe ir acompañado de una mayor eficiencia del gasto, sistemas reforzados y una mejor planificación fiscal plurianual».

Todo ello, afirma el organismo, «para garantizar evaluaciones realistas de su impacto en el crecimiento económico». En este sentido, pide a los países que respalden su aumento de gasto «con planes creíbles que detallen cómo se financiará, incluyendo la combinación prevista de medidas fiscales y de gasto». El objetivo, afirma el organismo, es «para garantizar evaluaciones realistas de su impacto en el crecimiento económico». En este sentido, pide a los países que respalden su aumento de gasto «con planes creíbles que detallen cómo se financiará, incluyendo la combinación prevista de medidas fiscales y de gasto».

Sobre el gasto, además, el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, consideró ayer que aún no está claro que no vaya a contribuir a elevar el déficit. «Algún remanente podrá ser considerado gasto neto», advirtió. Torres también puso en duda que se pueda gastar tanto dinero en un solo año.

«No sé si es factible», consideró, durante la presentación de las perspectivas del centro de estudios para la economía española, que reflejan un impacto de entre siete décimas y 1,2 puntos del PIB en 2025 y 2026 por el impacto de la guerra comercial desatada por Donald Trump.

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