Sánchez solo detalla el origen de la mitad de la inyección en defensa

De los 10.471 millones de euros que Pedro Sánchez anunció para gasto en defensa y seguridad este lunes, el presidente del Gobierno solo detalló el origen de la mitad: 6.000 millones. Cuestionado reiteradamente acerca de cómo el Ejecutivo logrará incrementar tanto esta partida sin desatender otras, Sánchez insistió en que el Gobierno tiene margen suficiente para maniobrar sin aprobar nuevas subidas de impuestos ni recortes en gastos previamente comprometidos.

El presidente aseguró que los fondos procederán de tres vías. La primera de ellas es la reorientación de fondos europeos para determinadas partidas. Mencionó a este respecto la ciberseguridad, que recibirá 1.300 millones de euros «de una partida que ya estaba prevista y aprobada por parte de la Comisión Europea», según detalló.

Récord de recaudación y alivio en el déficit por la dana

En segundo lugar, Moncloa echará mano a partidas no ejecutadas de los Presupuestos de 2023, que siguen estando en vigor ante la incapacidad del Gobierno de lograr apoyos para sacar adelante unas nuevas cuentas en 2024 y en 2025. Esto, que en anteriores ocasiones motivó la convocatoria de elecciones –como hizo el propio Sánchez en 2019– juega ahora a su favor, dado que se trataba de unas cuentas expansivas diseñadas para hacer frente al impacto económico de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, que no estaban sujetas además al control estricto de Bruselas por la suspensión temporal de las reglas fiscales.

En esta línea, Sánchez recordó que dichas cuentas contemplaban una partida de 1.700 millones de euros destinada a compensar a las entidades territoriales por la caída de ingresos del parón durante la pandemia. «Esto hoy no tiene ninguna lógica ni sentido», afirmó Sánchez.

Como ha venido informando El Debate, el Gobierno ha aprovechado de forma intensiva la figura de las modificaciones de crédito. El año pasado varió en 52.000 millones las cuentas de 2023, precisamente para engordar el gasto en defensa y amortizar anticipadamente deuda, y en lo que va de año ya lo ha hecho en otros más de 8.000 millones. Esa amortización anticipada permitirá ahorrar al Estado 3.000 millones de euros en el pago de intereses, que también forman parte del desembolso anunciado ayer por Sánchez.

La tercera deriva de los récords de recaudación tributaria fruto del crecimiento de la economía española pero también de las casi cien subidas impositivas aprobadas desde 2018. Estas alzas, junto con la negativa del Gobierno de Sánchez a deflactar el IRPF, elevaron los ingresos del fisco en 2024 hasta los 294.734 millones de euros, con un crecimiento del 8,4 % con respecto a 2023.

También la parálisis legislativa juega en este caso a favor del Gobierno: con la actividad parlamentaria en mínimos, el gasto público se estabilizó en 2024 en el 45,4 % del PIB. Por el contrario, los ingresos públicos crecieron en cuatro décimas, pasando del 41,9 % al 42,3 %, según confirmó ayer Eurostat.

Eso añade un extra de recaudación de 6.400 millones, suficiente para cubrir el resto de la partida anunciada por el presidente. Cabe recordar que España cerró 2024 con un déficit del 3,2, según Eurostat, aunque al no computarse los gastos de la dana (como permite la Comisión) éste se sitúo en el 2,8 %, cumpliendo así las directrices de Bruselas, según Hacienda.

Además, aunque Sánchez solo la mencionó de pasada –con una referencia al papel de la Fuerzas Armadas en desastres naturales–, existe una cuarta fórmula, vinculada con la anterior. Se trata de echar mano al fondo de contingencia para cubrir misiones militares, algo que de hecho ya se ha venido haciendo en los últimos años hasta el punto de que la Airef ha alertado que el 43 % de dicho fondo ha ido en realidad destinado a partidas inadecuadas, incluyendo «operaciones de mantenimiento de la paz» y el pago de sentencias judiciales adversas.

Sin someterlo al Parlamento

Todo esto permite, a entender del Gobierno, articular este gasto sin pasar por las cámaras. El presidente acudirá al Congreso pero solo para «informar» del plan, previsiblemente a principios de mayo. Pero al no exigir «ningún esfuerzo adicional» para la ciudadanía se ahorra, según la Ley General Presupuestaria, tener que someterlo a una votación para la cual carecería de apoyos.

El planteamiento choca, en cualquier caso, con el que hizo a finales de marzo Reino Unido, cuando el gobierno del laborista Keir Starmer se vio obligado a aprobar recortes sociales para elevar el gasto en defensa al 2,5 % del PIB. Según un cálculo del Ministerio de Trabajo y Pensiones británico, como consecuencia 3,2 millones de familias verán reducidos sus ingresos en unas 1.800 libras (2.000 euros) anuales –aunque otros 3,8 verán una mejora en sus ingresos por las nuevas ayudas–.