Los jueces que han marcado la agenda contra la corrupción en 2025: Peinado, Hurtado, Puente y Biedma

En la misma línea del relato que utilizaron sus socios separatistas de Junts y ERC, durante el juicio de la causa especial contra el procés de Cataluña, el Gobierno ha seguido cargando las tintas del relato del lawfare, también, durante 2025 contra todos los jueces y magistrados que se han puesto al frente de alguna de las investigaciones sobre los escándalos de corrupción que salpican al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez.

Así las cosas, tanto el Ejecutivo como la izquierda política y mediática que lo apuntala han convertido la instrucción de la causa del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; las derivadas de la trama socialista integrada en el Ministerio de Transportes y en Ferraz, que mantiene la lupa sobre las andanzas de tres de los que fueran hombres de confianza de Sánchez: José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán; las presuntas irregularidades de su mujer en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); y, el procesamiento del hermano pequeño, en una excusa para cargar las tintas contra el sistema judicial y la Magistratura española.

Primero fue el juez Ángel Hurtado, tras dictar el auto de procesamiento contra el titular de la Fiscalía que «de quién depende», de Sánchez, en base a los indicios racionales de criminalidad que planeaban sobre la presunta revelación de secretos en la que, según la Sala Segunda del Supremo, incurrió García Ortiz con el propósito de «cerrar el círculo» y «ganar el relato» al novio de Isabel Díaz Ayuso. Desde las filas del Ejecutivo, a través del mismísimo ministro de Justicia, Félix Bolaños, se llegó a sugerir que el magistrado había prevaricado en su decisión de acusar al entonces fiscal general.

Una línea dura a la que se sumó Óscar López al calificar de «aurora boreal» el auto del magistrado Hurtado y como «desolador el mensaje» que enviaba la resolución judicial. «No hay pruebas de lo que señala, sino de todo lo contrario», señalaba el titular del Departamento de Transformación Digital. Más tarde, tras la sentencia condenatoria, los cinco magistrados que firmaron el fallo de culpabilidad –Andrés Martínez Arrieta (presidente), Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela– serían los herederos de esos ataques.

Los mismos que, más recientemente, cargaron las tintas contra el «estupor» manifestado por el también juez del Supremo Leopoldo Puente, quien en una de sus resoluciones mostraba su «estupor» sobre el hecho de que un imputado, como José Luis Ábalos, pueda seguir ocupando un escaño en el Congreso de los Diputados, con capacidad de legislar y ejercitando la acción del Ejecutivo del que ha formado parte. Pese a que tras su ingreso en prisión provisional la mesa del parlamento decidía suspenderle, la observación del magistrado desencadenaba una cascada de peticiones para recusarle por su valoración de «aurora boreal».

La persecución a la juez Biedma

El Ejecutivo de Sánchez ha cargado también, con dureza, contra la jueza extremeña Beatriz Biedma, que instruye el caso contra David Azagra, hermano del presidente del Gobierno.

Una vez más, Félix Bolaños, a pesar de ser el ministro de Justicia, lideraba la campaña de descrédito hacia la magistrada, tras sentar en el banquillo al pequeño de los Sánchez. «No es nada habitual que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial», espetó ante los medios para, acto seguido, calificar de «sorprendente» la actuación de la magistrada. «Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial, y menos sin conocer cuál es la decisión del tribunal superior, en este caso la Audiencia Provincial», insistió Bolaños.

Tampoco se contuvo la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al sostener que la investigación al hermano de Sánchez había nacido «a raíz de una mentira, de un bulo impulsado por la ultraderecha». La dirigente socialista defendió también que esta investigación estaba concebida para «atacar al entorno del deje del Ejecutivo». «Se inician investigaciones que, antes de que lleguen a una sentencia, ya han hecho un recorrido en la prensa en la que se trata de atacar, de deshumanizar a la persona del presidente», subrayaba.

Por ello, para evitar que la causa continuase en manos de Biedma, el PSOE diseñó una maniobra de aforamiento 'exprés' del otro coimputado, el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo –ahora diputado autonómico, tras las elecciones del pasado 21 de diciembre–orquestada con el objetivo de arrastrar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJE) tanto a Gallardo como a David Sánchez para ser juzgados, en mayor, por sendos delitos de prevaricación y malversación.

El atajo fracasó, devolviendo la causa penal a la instructora, a la que tanto las asociaciones judiciales, como el TSJE, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defendieron en bloque, tras los bulos y las presiones recibidas por su decisión de procesar al 'hermanísimo'.

La obsesión contra el trabajo de Peinado

Otro de los jueces que durante este último año han protagonizado las fobias de los afines del Gobierno ha sido Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. Hasta tal punto que ambos presentaron dos de las tres querellas por prevaricación que se han formalizado contra su labor, por prevaricación, y que fueron desestimadas en su totalidad.

De poco sirvió que una de ellas fuese registrada con el membrete de la Abogacía del Estado o que toda la maquinaria mediática próxima a las terminales del PSOE y La Moncloa lanzasen todo tipo de afirmaciones gratuitas sobre sus relaciones familiares, sus propiedades inmobiliarias o que «tenía dos DNI» distintos, cuestión que se demostró que era falsa. Lo cierto es que a unas horas de concluir el año, el juez mantiene, en cambio, abierta una batalla judicial en defensa de su honor contra varios miembros del Ejecutivo cono el ministros Oscar Puente y Oscar López, el portavoz socialista Patxi López o periodistas como Javier Ruiz, Ernesto Ekaizer o Pablo Iglesias, por sus consideraciones como tertulianos de Radio Televisión Española (RTVE).

Félix Bolaños también deslizaba, sin llegar a expresarlo específicamente, que Peinado habría incurrido en causa de prevaricación. Sí que le afeaba el no ser «imparcial». «Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada, es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de este país», sostuvo el ministro de Justicia en declaraciones a los periodistas.

El ministro López sí le llamó indirectamente «prevaricador», a través de las redes sociales, adjuntando una captura de pantalla del significado de la palabra tal y como la recoge el diccionario de la Real Academia Española (RAE), acompañado del texto «palabras de actualidad» poco después de conocerse la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el caso Begoña Gómez.