El intervencionismo es el problema de la vivienda

El problema real de la vivienda en España se debe a una intervención asfixiante del mismo que hace que la oferta sea escasa ante una demanda creciente. Es más, dicho intervencionismo provoca que, además, la oferta se reduzca, con lo que hay una tensión en precios tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda.

Ese intervencionismo se plasma en las últimas leyes del Ejecutivo sobre este tema. El Gobierno, en su afán intervencionista, sacó adelante una ley de vivienda que es una auténtica catástrofe, pues interviene completamente el mercado del alquiler, sin solucionar ninguno de sus problemas, agravándolos e introduciendo nuevos impedimentos que distorsionarán la economía.

Hace ya algún tiempo, limitaron el precio del alquiler en lo que llamaron zonas tensionadas. Esa introducción de precios máximos y de precios mínimos no tiene ningún sentido y es una decisión económica irracional, que sólo conducen a distorsionar el libre juego de la economía y, con ello, la generación de actividad económica y de empleo, porque dichas distorsiones lo que producen es una disminución de las transacciones, con el efecto negativo que se extiende por todo el tejido productivo.

Los pequeños propietarios verán cómo pierden poder adquisitivo debido a la intervención del Gobierno

Esa limitación se acentuó después al prohibir que el precio de los alquileres se indexe a la inflación o se forme en libre equilibrio del mercado e impuso un tope del 2 % en 2023, del 3 % en 2024, para actualizarlo desde este año, 2025 con un nuevo índice alejado de la inflación y que será el Gobierno el que lo diseñe, a su arbitrio. Ese tope se aplicará a todos, tanto grandes tenedores —rebajando, además, a la mitad, el número de inmuebles para ser considerado gran tenedor— como a lugares donde no se encuentre tensionado el mercado. Es decir, limita de manera completa la posibilidad de que un inversor obtenga una rentabilidad que busca, expulsándolo hacia una inversión alternativa, en el caso de los fondos de inversión o en una pérdida de rentabilidad, que afectará a todos los inversores de dichos fondos, muchos pequeños inversores. Adicionalmente, los pequeños propietarios —muchos de ellos, pensionistas—, que han invertido su capital para poder contar con una renta recurrente con la que completar sus ingresos mensuales en su vejez, verán cómo pierden poder adquisitivo debido a esta intervención del Gobierno.

En esa ley, el Gobierno aumenta, de manera indirecta, las zonas tensionadas, pues rebaja a un diferencial de tres puntos sobre el aumento de IPC de los últimos cinco años el umbral para ser incluidos en ellas, donde las regiones podrán imponer mayores restricciones. Igualmente, se dificulta el proceso de desahucios, lo que introduce un mayor riesgo para los arrendadores.

Todo ello, junto con el traslado a los propietarios de los gastos de agencia, contribuye a disminuir la rentabilidad obtenida, de manera que la oferta se resentirá a la baja, con el problema que genera para los arrendadores en cuanto a pérdida de rentas y para los arrendatarios, que no podrán conseguir el alquiler que desean, ante la escasez de oferta.

Elevar los gravámenes para los extranjeros que compren viviendas en España supone una barrera de entrada a la riqueza

Posteriormente, Sánchez anunció nuevas medidas para mejorar el acceso a la vivienda, como desgravaciones fiscales en el IRPF para los propietarios que alquilen sus pisos según el índice de referencia. Es decir, que alquilen a los precios intervenidos, lo cual es un disparate que merma la potencial rentabilidad, que desincentivará el alquiler, porque, a buen seguro, la desgravación no cubrirá lo que pierdan los propietarios por alquilar a menor precio. Adicionalmente, va a perjudicar al mercado con su ataque directo a las SOCIMI, a las que eliminará las ventajas fiscales salvo para lo que él considere viviendas asequibles, cuando la mayoría suelen invertir en inmuebles de oficinas; y también elevará los gravámenes para los extranjeros que compren viviendas en España, que supondrá una barrera de entrada a riqueza venida de fuera, desaprovechando los inmigrantes que pueden incorporar mayor valor añadido a nuestra economía. Además, vuelve a prometer más viviendas públicas —posiblemente, las mismas que en anuncios anteriores—. Es decir, más intervencionismo.

El problema de la vivienda es un problema de intervencionismo, como he señalado anteriormente, que limita el número de viviendas, interviene precios y no da la seguridad jurídica necesaria al no luchar contra el fenómeno de la okupación y, al no abordar este tema, realmente los protege, pues la creciente agresión que sufren por los okupas los propietarios de las viviendas requiere regularlo y endurecer la lucha contra esta apropiación de lo ajeno, que tanto dolor está causando, no mirar para otro lado, porque al no hacer nada es como convertirse en cómplice de ese problema por desistimiento e inacción.

Hay una presión de la demanda sobre una escasez de oferta derivada esta última de una ley de vivienda que introduce inseguridad jurídica en todo el mercado inmobiliario (tanto venta como alquiler) y una escasez de construcción derivada de la ausencia de una reforma que liberalice el suelo y permita incrementar la construcción de viviendas con un precio más bajo (si se liberaliza y así se pone más suelo a disposición de la construcción, aumentará la oferta y bajarán los precios).

El Gobierno no hace ningún bien ni al conjunto de la economía ni a los supuestamente beneficiados

En definitiva, el Gobierno, que sigue por su senda intervencionista y populista, que no hace ningún bien ni al conjunto de la economía ni a los supuestamente beneficiados, ha provocado que muchas personas no puedan ya obtener unos rendimientos por sus inversiones inmobiliarias, pues no se atreven ni a alquilar lo que poseen, ni a comprar para invertir, ante el miedo de que les ocupen la vivienda. También ha perjudicado a los arrendatarios, pues al haber menos oferta, tienen que irse más lejos, pagando un precio mayor que antes en esas zonas, y genera una presión y desajuste en el mercado, nada positivo para la economía. Y perjudica a los potenciales compradores, pues al no liberalizar suelo eleva artificialmente los precios, siendo los jóvenes los más perjudicados por esta política intervencionista.

Es necesario, por tanto, que haya seguridad jurídica y que se liberalice el suelo para poder construir más y que, al movilizar más oferta, los precios sean más competitivos, en el libre juego del mercado, no medidas intervencionistas que sólo conducen al desastre actual en el mercado de la vivienda. El problema de la vivienda en España es el intervencionismo, no el mercado; la liberalización de suelo y el libre mercado son la solución, pero muchos intereses y mucha demagogia impiden que se liberalice, pero cuando los jóvenes vean que no pueden comprarse o alquilar una vivienda, que exijan a los políticos que liberalice el suelo, porque ahí es donde reside el problema del alza de precios por escasez artificial de oferta.