Estos son los requisitos para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad o ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, está dirigida a personas particulares o empresas autónomas cuando se encuentran en una situación de insolvencia. No es un mecanismo para evitar las deudas que se han acumulado a lo largo del tiempo, sino propiciar una reestructuración del pago de las mismas y llegar a un reequilibrio entre los acreedores y los deudores.

Aunque es una solución viable para muchos, es importante cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a ella.

Requisitos

En primer lugar, el deudor debe haber concluido un procedimiento concursal mediante liquidación o por insuficiencia de bienes para pagar a los acreedores. Además, debe acreditar buena fe, lo cual implica no haber sido declarado culpable en el concurso (salvo por causas formales sin dolo), no haber sido condenado por delitos económicos en los últimos diez años, y haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. También se exige haber pagado los créditos privilegiados y contra la masa. Si no se logró un acuerdo, al menos debe haber abonado el 25 % de las deudas ordinarias, o bien comprometerse a un plan de pagos a cinco años.

Este mecanismo también contempla un procedimiento previo de negociación, el acuerdo extrajudicial de pagos, al que pueden acceder personas físicas (con o sin actividad empresarial) cuyo pasivo no supere los cinco millones de euros. No podrán solicitarlo quienes estén negociando otro acuerdo, hayan sido declarados en concurso recientemente o hayan sido condenados por determinados delitos.

Esta ley ofrece una vía para que quienes han fracasado económicamente, sin dolo ni mala fe, puedan empezar de nuevo sin la carga perpetua de las deudas. No obstante, se trata de un proceso exigente, sujeto a control judicial y con restricciones importantes para evitar abusos.