El Gobierno hace inviables las centrales y veta extraer uranio para asfixiar «artificialmente» la nuclear

«En Francia, un apagón general es mucho más improbable [que en España] (...) porque tenemos un mix energético basado en la energía nuclear, que es manejable, y también energías renovables». La frase del ministro francés de energía, Marc Ferracci, pronunciada horas después del inédito apagón masivo del lunes de la semana pasada, viene a resumir buena parte del debate parlamentario de este martes en el Congreso de los Diputados, toda vez que la conexión con Francia fue vital para empezar a devolver la vida al sistema energético español tras el apagón.

A la espera, diez días después, de conocer las causas del 'cero total' de la red eléctrica —algo que no se esclareció ayer y que, según Sánchez, podrá demorarse hasta seis meses—, el pleno se convirtió en un debate sobre si debe o no prorrogarse la vida útil de las centrales nucleares españolas. El calendario que maneja el Gobierno para su clausura escalonada, entre 2027 y 2035, no parece haberse movido ni un milímetro, pese al creciente movimiento a favor de su replanteamiento.

«Ninguna de las empresas propietarias de las centrales ha solicitado formalmente que se prorrogue el calendario de cierre», esgrimió ayer Pedro Sánchez, que aprovechó para calificar a sus propietarios de «ultrarricos». Por ello, a juicio de Moncloa, deben correr con los gastos en caso de que finalmente se modificara el calendario de cierre pactado en 2019.

El problema, apuntan desde el sector energético, no es solo ese calendario —forzado porque, en aquel momento, parte del Gobierno se inclinaba incluso por cerrar las centrales de un día para otro— sino que, en paralelo, el Ejecutivo de Sánchez ha aprobado una catarata de subidas impositivas que han puesto en tela de juicio la viabilidad de las plantas nucleares, a pesar de que, con más de 40 años de vida operativa a sus espaldas, ya están prácticamente amortizadas.

Según un informe de PwC la fiscalidad que afrontan las plantas atómicas se ha disparado un 70 % desde 2019, incluyendo una subida del 30 % el año pasado de la tasa Enresa. Esta tasa, creada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, sufraga la gestión de los residuos y también el futuro desmantelamiento de las instalaciones.

Las eléctricas entienden que, si se prorroga la vida de las centrales españolas, se debe aliviar también esta tasa, dado que habrá más años para que Enresa 'llene su hucha'. Y aseguran que, con los actuales niveles de impuestos, las plantas bordean la asfixia, como aseguró esta misma semana el presidente de la asociación Foro Nuclear, Ignacio Araluce.

«Las nucleares están sujetas a una tributación gigantesca que muchas veces impide su entrada en el mercado. En momentos en los que el precio tiende a cero eso no nos permite competir, porque solo en impuesto pagamos más de lo que facturamos», afirmó Araluce, ex director de la central atómica de Almaraz y de la WANO, la Asociación Mundial de Operadores Nucleares.

«No se trata de energía nuclear contra renovables», las dos tecnologías son necesarias para dar «más estabilidad» al sistema eléctrico, defendía este miércoles el consejero delegado de Endesa, José Bogas. Una tecnología, la nuclear, que tildó de «fundamental», como también hiciera la semana pasada el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán: «Las centrales nucleares son eficientes y seguras y son la solución menos cara para garantizar la estabilidad del sistema y el suministro de energía», afirmó.

También Naturgy, titular minoritario de Almaraz, se ha mostrado favorable a solicitar una mini prórroga para mantenerla operativa al menos hasta 2030, una opción que sobrevolará el encuentro previsto entre las tres compañías este jueves en la habitual junta de propietarios de las Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT).

900 millones frente a 90

Las centrales afrontan el pago de 28 euros por MWh solo en impuestos, lo que eleva su factura fiscal anual al entorno de los 900 millones de euros, frente a los cerca de 90 que pagan las fotovoltaicas. Además de la tasa Enresa, tienen otros dos impuestos específicos, incluyendo una tasa autonómica (salvo Trillo, después de que los tribunales tumbaran el intento de Castilla-La Mancha), que se suma al IBI, el Impuesto de Actividades Económicas, la tasa al Consejo de Seguridad Nuclear y una tasa a la Guardia Civil por la protección de las plantas, donde hay una dotación específica de la benemérita.

Todo esto se suma a los cargos habituales que afronta la generación energética, incluyendo los pagos al operador del sistema y el bono social. Pese a ello, las centrales españolas aportaron en 2024 el 19,98 % el total de la producción eléctrica neta del país, con una potencia instalada de 7.117 MW, entre cinco y seis veces menos que la fotovoltaica.

España sí tiene Uranio

Durante su intervención, Sánchez también se refirió a que España carece de uranio, por lo que se ve obligado «a importarlo de Rusia», como también ocurre con buena parte del gas natural que se consume en el país, que impulsa las centrales de ciclo combinado que el Gobierno prefiere para compensar la intermitencia de las renovables.

«El mundo ha cambiado desde 2019, y solo España sigue en el camino de cerrar sus centrales nucleares»

La provincia de Salamanca, sin embargo, cuenta con suficiente uranio para cubrir las necesidades de las centrales españolas durante veinte años, según cálculos de la minera Berkley, que durante años intentó construir una explotación en el municipio de Retortillo. La compañía australiana denunció a España ante los tribunales internacionales de arbitraje por el veto a la explotación de materiales radioactivos que establece la Ley de Cambio Climático, y reclama una compensación de mil millones de euros. Según trasladó ayer Sánchez –que matizó su afirmación en una segunda intervención–, su explotación «tendría un coste económico, social y medioambiental inasumible».

Si nada cambia, Almaraz clausurará sus dos reactores nucleares en 2027 y 2028; Ascó el 2 de octubre de 2030; Cofrentes en noviembre de 2030; Ascó II en 2032; y Vandellós II y Trillo en 2035. Su vida útil apenas habrá superado los 45 años, cuando ya hay 139 reactores nucleares en el mundo con autorización para operar durante 60 o más, y algunos –de tecnología equiparable a la de los españoles– hasta los 80.

«Podría entender que un país sin nucleares se planteara no abrirlos, pero en el caso de España toda la infraestructura ya está preparada y prorrogar la vida útil no tendría un impacto significativo en los residuos», asegura Araluce. «El mundo ha cambiado desde 2019 y solo España va en camino de cerrar sus reactores operativos, cuando el mundo entero va por el camino de mantener sus unidades nucleares o de instalar más. Si todo el mundo va por ahí, por algo será», asegura.