Las viviendas de lujo no escapan de la okupación: Ibiza, Alicante y Málaga, las zonas donde más han aumentado

Las viviendas de lujo no se quedan al margen de las okupaciones. Cada vez son más las propiedades que se están viendo afectadas, sobre todo en zonas turísticas de alto nivel como Sant Josep y Santa Eulària (Ibiza), conocidas por sus viviendas de ultralujo, valoradas en más de 10 millones de euros.

«La baja ocupación temporal y la alta rentabilidad de reventa ilegal hacen que estas propiedades sean especialmente atractivas», explica Ángel Sánchez, abogado y socio de Golden Partners, despacho especializado en real estate de lujo. En él han detectado incrementos cercanos al 10 % en la provincia de Alicante. También en zonas de la Costa del Sol, como Marbella, Estepona y Fuengirola, que albergan algunas de las viviendas más caras de Andalucía.

Este auge ha llevado al despacho de Sánchez a «abrir una línea de negocio específica» a finales del año pasado para atender a clientes que compraron con nosotros una vivienda de lujo y que han experimentado usurpaciones en otras de su propiedad que tenían como segundas residencias. Especialmente por la zona de la Costa del Sol e Islas Baleares.

Los usuarios más afectados suelen ser los inversores internacionales o propietarios con múltiples residencias, que no habitan sus inmuebles de forma continua y que en muchas ocasiones no conocen bien el marco legal español.

Impacto en la inversión

Cuando una zona comienza a asociarse con ocupaciones frecuentes, se ve afectada tanto la percepción de seguridad como el valor de los activos, especialmente en urbanizaciones de lujo. Esto puede frenar la entrada de nuevos inversores y afectar a los ya establecidos.

Y es cierto que se han generado dudas en ciertos perfiles, especialmente en los extracomunitarios, que comparan España con otros destinos europeos más seguros desde el punto de vista legal. Aun así, según apuntan en Golden Partners, la inversión en real estate de alto nivel sigue siendo atractiva por el clima, la calidad de vida y la rentabilidad.

Solo en 2024, el precio de la vivienda de lujo de segunda mano en España experimentó un incremento notable, aunque con variaciones según la región y el segmento específico del mercado. A nivel nacional, las propiedades valoradas en más de tres millones de euros aumentaron su precio medio en un 4,5 % durante 2024.

¿Cómo recuperar la vivienda?

La ocupación ilegal se trata de forma similar, independientemente del tipo de vivienda. La ley protege la propiedad privada tanto si se trata de una residencia habitual como de una propiedad de lujo. Sin embargo, «en la práctica, las propiedades de alto valor pueden estar deshabitadas durante más tiempo, lo que facilita su ocupación y puede hacer que el proceso de desalojo se complique si no se actúa con rapidez», narra el abogado de Golden Partners.

Y es que, la ley distingue dos tipos de okupaciones, según su uso: el allanamiento de morada –artículo 202 del Código Penal–, que se aplica a viviendas habitadas, ya sean principales o secundarias, de mayor o menos precio, y es considerado un delito grave; y, por otro lado, está la usurpación, regulado por el artículo 245 del Código Penal, que se refiere a la ocupación de inmuebles deshabitados sin autorización. «Aunque ambas situaciones son ilegales, el allanamiento de morada conlleva penas más severas en la legislación actual», explica Sánchez.

Para poder recuperar la vivienda, el afectado tiene varias vías. Por un lado, puede acogerse a los juicios rápidos que entraron en vigor el pasado 3 de abril, gracias a una enmienda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada gracias a un «error injustificable» de ERC y Bildu. Esta permite a los delitos de allanamiento de morada y usurpación –no afecta a aquellos inquilinos que dejan de pagar el alquiler o permanecen en la vivienda una vez finaliza el contrato de arrendamiento– tramitarse en un procedimiento abreviado.

Tras la detención del okupa, la policía judicial tiene 72 horas para remitir al juez la documentación y este determinará si solicita diligencias urgentes o no. Una vez finalizadas las diligencias, el magistrado escuchará a las partes y, si piden juicio oral, tendrán cinco días para presentar sus escritos. El juicio se realizará dentro de los 15 días siguientes y dictará sentencia en un máximo de tres. Esto supone que en menos de un mes desde que se haya puesto la denuncia ya se puede realizar el lanzamiento, si procede.

También puede reclamarse vía civil a través de un juicio de desahucio por precario. La efectividad depende de la rapidez con la que se actúe, del tipo de inmueble y del conocimiento jurídico del equipo legal. «En propiedades de lujo, donde el daño económico y reputacional es mayor, la agilidad y la estrategia legal son clave», concluye el socio de Golden Partners.