Las eléctricas ven margen para atrasar a 2026 la prórroga de Almaraz en plena guerra con el Gobierno por el apagón

La pugna entre las eléctricas y el Gobierno por el futuro de la central nuclear de Almaraz amenaza con enquistarse. Las propietarias de la planta tienen prácticamente decidido aprobar en breve las inversiones necesarias para mantener la planta operativa, pero ven margen hasta marzo de 2026 para presentar la solicitud formal que exige el Ministerio de Transición Ecológica.

En plena guerra contra el Gobierno por las responsabilidades del apagón, entre los titulares de la central –Iberdrola, Endesa y Naturgy– cala la idea de aprobar este mes de junio, en la próxima reunión de la junta de CNAT (la agrupación de intereses económicos en la que se decide sobre la planta) las partidas operativas necesarias para que la central mantenga su actividad, como la contratación del personal necesario, la adquisición de combustible y las cuestiones relativas a la seguridad nuclear.

Sin embargo, demorarían unos meses más el trámite de pedir ampliar la autorización de explotación ante el ministerio de Transición Ecológica y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Este es el requisito que el Gobierno ha exigido a las empresas energéticas que presenten para valorar la posible prórroga de la vida útil de Almaraz más allá de octubre de 2027 y noviembre de 2028, cuando terminan las actuales licencias de operación.

«Por experiencia previa, cuando se pide una prórroga en la operación de una central nuclear, el ministerio y el CSN necesitan una media de 18 meses para responder. Por eso, primero se aprueban las inversiones para mantener la planta operativa y luego formalmente la ampliación a CSN», según fuentes del sector.

A diferencia de las habituales prórrogas de diez años, la opción de la mini prórroga por tres años genera más acuerdo entre los tres titulares de la instalación. Tiene además la ventaja de que gran parte del papeleo ya está realizado, dado que la planta extremeña tiene la autorización de seguridad vigente hasta finales de la década.

La planta extremeña tiene la autorización de seguridad vigente hasta finales de la década

El Gobierno se ha abierto en los últimos días a autorizar esta mini prórroga, pero siempre que las energéticas lo soliciten primero. Este mayor margen daría tiempo a las energéticas a negociar con el Ejecutivo un alivio fiscal a las centrales nucleares, algo que consideran imprescindible tras la última subida del 30 % de la tasa Enresa, la que pagan por la gestión de los residuos y para sufragar por adelantado el futuro desmantelamiento de las plantas atómicas.

La fiscalidad es el principal escollo para el futuro de la planta, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmara a principios de mayo en el Congreso que mantendría operativas las centrales, pero «a costa del bolsillo de sus propietarios ultrarricos».

Redeia, «arte y parte»

El apagón del pasado 28 de abril, sin embargo, ha reforzado el clima de opinión entre la ciudadanía a favor de mantener operativas las centrales nucleares. Más aún sin que, después de un mes largo desde el apagón, sigan sin conocerse las causas, en medio de un creciente choque entre las energéticas, Red Eléctrica y Transición Ecológica.

Tras las recientes acusaciones de Iberdrola, el ministerio salió ayer al rescate de la compañía que preside Beatriz Corredor, al filtrar una carta reclamando a las compañías privadas más información sobre las causas. El documento lleva la firma de ENTSO-e, la organización europea que integra precisamente a Redeia, lo que ha despertado las suspicacias de las eléctricas, que la consideran «arte y parte» y dudan que sea capaz de pilotar una investigación «rigurosa» sobre el inédito cero energético del 28 de abril.