Sánchez plantea crear una base de datos pública de vivienda a pesar de que ya existen más de media docena

Pedro Sánchez tilda de poco fiables a más de media docena de estadísticas con sello público que recogen datos sobre la vivienda. El líder del Gobierno asegura que «no existe una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compraventa o alquiler en su ciudad» dos años después de la probación de su Ley de Vivienda tras la cual los precios se han multiplicado por cuatro.

Fuentes como el propio Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Estadística que depende orgánicamente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y la Estadística Registral Inmobiliaria adscrita al Ministerio de Justicia, reportan con diferentes cadencias toda la información en materia de vivienda a partir de los datos oficiales. Asimismo, el consejo General del Notariado, que dispone de su propia base de datos con precios escriturados, recoge todas las operaciones que se cierran en sus estadísticas.

Sin embargo, Sánchez ha decidido hacer caso omiso a estas entidades y remitir una carta a los presidentes autonómicos para avanzarles el acuerdo que prende cerrar asegurando que «las únicas opciones ahora mismo son la opacidad o algunos portales privados de dudosa fiabilidad», abogando por el fin del «monopolio de la información que tienen los portales privados» e insistiendo en la urgencia de la creación de una nueva base de datos.

Al margen de las fuentes estadísticas adscritas a la órbita estatal mencionadas previamente, existen otras correspondientes a la esfera autonómica. Los depósitos de finanzas de alquileres o las oficinas liquidadoras son fuentes publicas que dependen directamente de cada comunidad. Asimismo, existen fuentes de información privadas, a las que la Asociación de Promotores y Constructores de España ha pedido que no se «demonice con descalificaciones constantes e injustas».