Aeropuerto de Gibraltar
Una empresa española gestionará el aeropuerto de Gibraltar
Desde Exteriores reivindican que se trata de un acuerdo que «mejora la vida de los 300.000 andaluces que viven en la zona»
El acuerdo para incluir a Gibraltar en el Espacio Schengen alcanzado por la Unión Europea y Reino Unido incluye importantes novedades en el funcionamiento del territorio.
Uno de los términos principales del pacto es la gestión del aeropuerto situado a los pies del Peñón. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha trasladado a los alcaldes del Campo de Gibraltar, a un representante de la Junta de Andalucía y a agentes sociales y económicos de la zona que una empresa con capital 50 % español se encargará de controlar la infraestructura aeroportuaria.
El aeropuerto estará abierto para su uso civil tanto para vuelos británicos como europeos y españoles.
«Es otra apuesta por hacer de la zona un núcleo de prosperidad», ha defendido Exteriores. El uso compartido del aeropuerto había sido una de las reclamaciones del Gobierno español, la cual chocaba con el hecho de que el aeródromo es también una base militar británica.
Desde Exteriores reivindican que se trata de un acuerdo que «mejora la vida de los 300.000 andaluces que viven en la zona y de los miles que a diario cruzan para trabajar» y que sienta «las bases de un futuro de crecimiento, bienestar y prosperidad compartida».
El ministro ha puesto en valor la eliminación de la verja que separa Gibraltar de La Línea de la Concepción, una barrera que ha tildado como una cosa del pasado. De esta manera, los controles de circulación se limitarán al puerto y al aeropuerto, donde la Policía Nacional española será la encargada de realizar los controles Schengen completos, tras renunciar los británicos a que fueran agentes de Frontex y no españoles quienes asumieran esa tarea. «También quedarán acordados controles sobre visados y permisos y una estrecha cooperación entre las autoridades policiales y judiciales», ha asegurado Exteriores.
El trato permitirá que las mercancías puedan entrar sin controles por carretera tras haber sido sometidas a «las formalidades aduaneras en un puerto español».
Actualmente, la práctica totalidad de las mercancías que llegan a Gibraltar lo hacen a través de la Verja, tras llegar principalmente al cercano puerto de Algeciras, por lo que esto no supondrá un gran cambio. Las autoridades gibraltareñas han accedido a que sean las autoridades españolas las que realicen los procedimientos aduaneros ya que carecen de capacidad para poder realizarlas en su territorio.
En materia fiscal, se han acordado los principios de «imposición indirecta» que introducirán una convergencia con tipos europeos en Gibraltar por fases, incluyendo el tabaco. Esta «armonización fiscal», puntualiza el comunicado, «se extiende también a los impuestos especiales sobre carburantes y bebidas alcohólicas».
La alianza crea un mecanismo que garantizará el libre mercado y evitará distorsiones, para que esta libre circulación beneficie plenamente a toda la zona, subraya el departamento que encabeza Albares.
Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, ha señalado en una entrevista para la GBC, que habrá una «cláusula de salvaguarda» y el Peñón cobrará una tasa de compra –unca un IVA y no aplicable a servicios– mínima del 15% . Gibraltar, que parte de un tipo actual del 3 %, tendrá un periodo de transitorio de tres años para llegar hasta el 17 % y equipararse así al mínimo en la UE.
Picardo ha aclarado que los gibraltareños no podrán seguir reclamando la devolución del 21% del IVA que pagan por los productos que adquieren en España cuando regresan al Peñón, lo que a su juicio contribuirá también a «acercar los precios» a ambos lados.
Una vez se finalicen los textos legales de las más de 200 páginas que tendrá el Tratado definitivo y que la Comisión haya concluido su traducción a todas las lenguas, el acuerdo definitivo pasará a los Veintisiete y al Parlamento Europeo, para que los primeros lo aprueben por unanimidad y el segundo, dé su consentimiento. La entrada en vigor dependerá también de la tramitación en Reino Unido, ya que el Tratado necesitará también luz verde del Parlamento británico.
