​Verifactu pone en jaque a bares y comercios con una factura de 750 millones para el sector

La entrada en vigor de Verifactu, el sistema de facturación electrónica impuesto por la Agencia Tributaria, está generando un importante malestar en el sector de la hostelería y el pequeño comercio. Su adaptación costará más de 750 millones de euros y los profesionales se preguntan dónde están las ayudas públicas para adaptarse a un sistema que muchos no están en condiciones de asumir

La entrada en vigor de la nueva normativa derivada de la Ley Antifraude se aplicará a partir del 1 de enero de 2026 para las empresas que facturen menos de seis millones de euros, y desde el 1 de julio para los más de 3,4 millones de autónomos que operan en España. El sistema exige que todas las facturas sean emitidas a través de un software certificado, con registros inalterables y firmados electrónicamente, eliminando cualquier posibilidad de modificación posterior. Sin embargo, su implementación está provocando serias dificultades para quienes aún no han digitalizado sus procesos.

Según datos del informe UVE Data Market Horeca 2024, en España operan más de 275.000 establecimientos de hostelería y unos 100.000 comercios minoristas. La adaptación exigida por la ley implica una inversión media de entre 1.500 y 2.000 euros por negocio —principalmente en terminales de punto de venta y software homologado—, por lo que el gasto necesario para adaptarse dispara la factura hasta los 750 millones de euros.

El problema es que la mayoría de estas pequeñas empresas aún no está preparada para el cambio. Un 40 % de ellas, según datos de La Casa del TPV —empresa especializada en soluciones de facturación—, deberá realizar una implantación completa de nuevos sistemas, mientras que el otro 60 % necesitará al menos actualizar el software para cumplir con la normativa.

«A pesar de los esfuerzos por cumplir con la normativa, muchos negocios aún no han actualizado sus sistemas debido a los elevados costos, las dificultades de la digitalización y la escasez de ayudas públicas», explica Fernando Pérez, director de La Casa del TPV. Avisa además que la ley, tal y como está diseñada, podría incluso tener un efecto contraproducente ya que puede incentivar el uso de pagos opacos.

Falta de apoyo

La falta de apoyo por parte del Ejecutivo es otro de los puntos que más irrita a los afectados. La única herramienta oficial disponible, el kit digital, resulta claramente insuficiente en la mayoría de los casos. Ni cubre todos los costes ni llega a todos los potenciales beneficiarios. Tampoco existen, a día de hoy, planes específicos de ayudas públicas para aquellos sectores con más dificultades de adaptación tecnológica.

La situación es especialmente delicada para los pequeños y medianos empresarios. Según un informe de TeamSystem elaborado junto a Materia Prima, el 69 % de los trabajadores por cuenta propia y el 45 % de las micropymes siguen facturando a mano, ya sea en papel, con bolígrafo o mediante hojas de cálculo.

Hacienda ha activado desde este mes de junio un entorno de pruebas voluntario para que los contribuyentes puedan ir familiarizándose con Verifactu antes de su obligatoriedad en 2026, pero la realidad es que la mayor parte de establecimientos todavía no se ha adaptado al sistema. Además, el citado estudio señala que cerca del 40 % de los negocios esperará hasta el último momento para adaptarse

Y por si fuera poco, la ley establece sanciones que van desde los 1.000 a los 150.000 euros, lo que añade más presión a unos empresarios que ya se enfrentan al incremento de costes laborales y dificultades para acceder a la financiación. En este contexto, el Departamento de María Jesús Montero ha puesto a las empresas entre la espada y la pared.