La nueva ley de cajeros automáticos preocupa a los expertos: «Avanzamos hacia una economía más controlada, pero no más justa»

A partir del 28 de junio de 2025, los cajeros automáticos en España deberán cumplir con la nueva Ley 11/2023, que obliga a mostrar, antes de introducir el PIN, información detallada sobre cada operación de retirada de efectivo. Esta modificación, que responde a la transposición de una directiva europea, se presenta como un paso más contra las prácticas opacas. Sin embargo, los expertos alertan de los riesgos jurídicos y sociales que entraña esta medida, en un contexto en el que el efectivo pierde terreno frente a los medios de pago digitales.

Según Ángel Sánchez, abogado y socio de Golden Partners, despacho especializado en real estate y derecho financiero, esta modificación «impone la obligación de que el usuario reciba, antes de introducir el PIN, información clara y detallada sobre la operación: importe exacto, comisiones, entidad responsable y condiciones aplicables». Hasta ahora, esta información «no siempre se mostraba de forma previa o completa».

Se trata de una medida derivada del marco normativo europeo sobre servicios de pago. Su finalidad, explica Sánchez, es «evitar prácticas opacas, como la imposición de comisiones no informadas o la ambigüedad sobre la entidad que presta el servicio». En su opinión, el nuevo sistema «refuerza el principio de transparencia bancaria y protege el derecho del consumidor financiero a decidir con pleno conocimiento de causa».

Desde el punto de vista práctico, el cambio supondrá una modificación en la experiencia cotidiana de los usuarios. «Desde un punto de vista operativo, el proceso de sacar dinero en efectivo será ligeramente más largo, ya que se añade un paso informativo previo», explica Sánchez. No obstante, insiste en que «no supone una mayor complejidad, sino una optimización del flujo de información».

La obligación de implementar esta normativa recae sobre «los proveedores de servicios de pago, es decir, las entidades bancarias o los operadores responsables de los cajeros automáticos», como Servired, 4B o Euro 6000. En caso de incumplimiento, «podrían imponerse sanciones administrativas desde multas económicas hasta la imposición de medidas correctoras».

La medida tiene, además, un efecto colateral positivo para ciertos usuarios: «Este cambio tiene un impacto positivo para usuarios no bancarizados, turistas o clientes que operen con entidades financieras digitales», ya que suelen usar cajeros de terceros, donde «el riesgo de aplicar comisiones inesperadas es mayor».

Ahora bien, no todos los efectos de la norma son deseables. «Sin duda, esta normativa se enmarca en una estrategia más amplia -aunque no siempre declarada- de reducción progresiva del uso del dinero en efectivo en favor de los pagos electrónicos», advierte Sánchez.

Y ahí reside, precisamente, el mayor punto de fricción. «Lo cierto es que contribuye a normalizar una experiencia bancaria completamente digital, incluso para quienes no lo desean o no pueden permitírselo».

El principal riesgo reside en la erosión del derecho al anonimato financiero, la creciente vigilancia sobre los hábitos de consumo, y la posible exclusión de colectivos vulnerables

A su juicio, «el principal riesgo jurídico y social reside en la erosión del derecho al anonimato financiero, la creciente vigilancia sobre los hábitos de consumo, y la posible exclusión de colectivos vulnerables como personas mayores, personas con discapacidad digital, o habitantes de zonas rurales sin acceso a servicios bancarios adaptados».

En este contexto, recuerda que «el acceso al efectivo es un derecho, no una concesión», y que «cualquier transformación estructural del sistema de pagos debe contemplar garantías de equidad, accesibilidad y libertad de elección». De lo contrario, advierte, «estaríamos avanzando hacia una economía más controlada, pero no necesariamente más justa».

Cajeros accesibles

En paralelo a las nuevas condiciones informativas, la Ley 11/2023 también introduce medidas para mejorar la accesibilidad de los cajeros a partir del 28 de junio. A través de la incorporación de pantallas con mayor contraste, tipografías más legibles, teclados con relieve y sistemas de audio compatibles con audífonos, se pretende facilitar su uso a personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva.

Los nuevos cajeros deberán incorporar estos cambios de inmediato, mientras que los ya instalados disponen de un plazo de adaptación hasta el 29 de junio de 2030.

Lo que no cambia, en cualquier caso, es el límite de retirada en efectivo, que «depende de cada entidad bancaria». Sí se mantiene la obligación de comunicar a la Agencia Tributaria cualquier operación que supere los 3.000 euros, como ocurre en la actualidad.