La pérdida de valor de Redeia y la politización del consejo ponen a Corredor contra las cuerdas

A pesar de que todos los indicios apuntan a la responsabilidad de Redeia en el apagón del pasado 28 de abril, la entrada de tres perfiles con marcado carácter político en el consejo evidencia que los intereses del Ejecutivo prevalecen sobre los de los accionistas. El valor de la compañía ha descendido desde el incidente, y la gestión de su presidenta, Beatriz Corredor, se encuentra ahora en entredicho.

La junta celebrada el pasado lunes fue esperpéntica. La dirección optó por convocar el primer cara a cara con los accionistas de manera exclusivamente telemática, ante las críticas que se esperaban, especialmente después de conocerse que representantes de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), la Federación Europea de Inversores y Usuarios Financieros (Better Finance) y la Federación Mundial de Inversores (World Federation of Investors) habían adquirido un paquete simbólico de acciones con el objetivo de participar en el debate.

Estos no defraudaron. Uno de los accionistas minoritarios solicitó la dimisión de Corredor, a la que acusó de actuar como «títere del Gobierno» al posicionarse de su lado «antes que de trabajadores y accionistas». Otro cuestionó si el consejo tenía capacidad para «resistir la influencia del Ejecutivo» y «mantener su independencia» tras los últimos nombramientos. Este minoritario se refería a la entrada en el consejo de Arancha González Laya, Natalia Fabra y Albert Castellanos.

González Laya fue ministra de Exteriores con Pedro Sánchez antes de su cese a petición de Marruecos, mientras que Castellanos, vinculado a ERC, ocupó puestos de responsabilidad en la Generalitat de Cataluña.

Fabra, por su parte, aunque se presenta como el perfil más técnico de los nuevos consejeros, tiene una larga conexión con el Ejecutivo. Fue la candidata de Teresa Ribera para presidir Red Eléctrica gracias a la amistad de su padre Jorge –que ocupó cargos relevantes en el sector energético con el PSOE– con la exministra. De hecho, esto precipitó la salida de Jordi Sevilla de la compañía, harto de las injerencias de la actual vicepresidenta de la Comisión Europea. Además fue asesora de Nadia Calviño en el Consejo Asesor de Asuntos Económicos. Todo queda en casa.

Estos nombramientos se perciben como un movimiento arriesgado por parte de Corredor, que refuerza la influencia del Gobierno en la compañía a costa de los intereses del resto de accionistas. Redeia, cotizada en el Ibex 35 y pieza clave en el sistema eléctrico español, ha visto caer su cotización un 5,2 % desde el apagón del 28 de abril, pasando de 19,28 euros por acción a los 18,28 del cierre del 1 de junio.

A esta pérdida de valor bursátil se suma el deterioro de la imagen corporativa, después de que el informe del Ministerio para la Transición Ecológica señalara fallos relevantes de Red Eléctrica –filial de Redeia– en la gestión de la crisis. Este documento, publicado el 17 de junio, contradice el discurso de Corredor, que insiste en que la compañía actuó «conforme a la normativa» y atribuye la responsabilidad del apagón a las compañías privadas.

«Existe un problema de gobernanza», explica a El Debate un inversor minoritario. «Lejos de distanciarse de perfiles políticos, vamos justo en la dirección contraria. Necesitamos consejos de administración más competentes y alejados de la política. Esto no puede ser una delegación del Ministerio», señala. Este inversor advierte de que las explicaciones de Corredor reflejan un grave problema de transparencia, y se pregunta qué ocurrirá si un juez termina responsabilizando a Redeia del apagón. «El futuro es imprevisible. No se está adoptando la dirección que debería tener un consejo de administración responsable», comenta.

El principal obstáculo, denuncian los minoritarios, es que el 20 % del capital en manos de la SEPI otorga al Gobierno, en la práctica, un control casi total, mientras la limitación de voto al 3 % deja poco margen de actuación al resto de accionistas. «O se es una sociedad pública o se es privada, pero hay que respetar las reglas del mercado y al accionariado», concluye el inversor.

En medio de una crisis sin precedentes, el futuro de Beatriz Corredor pende del hilo que sujeta Moncloa. Todo quedará condicionado a que los organismos internacionales que investigan el apagón eximan de responsabilidad a Red Eléctrica, algo que, a tenor de los informes manejados por el propio Gobierno, hoy por hoy parece improbable.