Bruselas abre expediente a España mientras el juez Puente se detiene en las comidas de Acciona en el Franky

Las amenazas de la Comisión Europea han dejado de serlo. Bruselas ha decidido abrir expediente a España por las trabas adicionales que el Gobierno español puso a la Opa del BBVA sobre el Sabadell. ¿Argumentos? Pues que las condiciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez vulneran la libre circulación de capitales recogida en los artículos 63 a 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A saber: autorizaba la opa pero impedía a BBVA proceder a la fusión de los dos bancos durante los próximos tres años, con la posibilidad añadida de ampliar esas restricciones otros dos años más.

Y aunque el Gobierno español argumentaba que tomaba esa decisión amparado en la Ley de Defensa de la Competencia y en defensa del interés general, en Bruselas niegan la mayor y creen que el ejecutivo español utiliza el interés general de manera arbitraria, cuestión que ha incorporado al expediente. En el mismo documento Bruselas recuerda la decisión positiva del Banco Central Europeo sobre la solvencia de las dos entidades; y que ya advirtió a España de que «usaría sus poderes como guardián de los Tratados para eliminar cualquier restricción injustificada sobre el Mercado Único que fuera impuesta por un Estado Miembro».

En el caso de esta opa habría una multa mínima de 7,5 millones de euros a la que se añadiría otra periódica de ocho mil euros al día por incumplimiento

Según fuentes comunitarias, el procedimiento quedará listo antes del parón veraniego. ¿Y ahora que pude pasar? «Lo primero será enviar una carta al Reino de España pidiendo información adicional a su decisión; carta que deberíamos recibir antes de dos meses. A la vista de ella, la UE enviará un dictamen motivado en el que se explicará las razones de la vulneración del derecho comunitario, y dará un plazo de otros dos meses para revertir los obstáculos a la opa del BBVA. Si el Gobierno español no rectificara, la UE podría llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero –como el 90 % de los casos se resuelven antes de llegar al Tribunal– lo normal sería sustanciar la sanción en una multa única y otra periódica, multas que se calculan en función del impacto de esas decisiones en los intereses generales y particulares. En el caso de esta opa habría una multa mínima de 7,5 millones de euros a la que se añadiría otra periódica de ocho mil euros al día por incumplimiento. Y ya hemos visto recientemente como la UE se cobra sus multas en el caso de España».

Se refiere el funcionario europeo a reciente multa a nuestro país –conocida el lunes de la semana pasada– de más de 1.100 millones de euros que Bruselas ha restado a la quinta entrega de los fondos europeos por incumplir varios compromisos: 626 millones de euros por no compensar a los funcionarios interinos, y 500 por no aprobar la subida fiscal al diésel. Europa retiene unos pagos –que ya llegaban con retraso– y se garantiza así el cobro de las multas, que podrían recuperarse cuando el Gobierno español cumpla con estos compromisos.

En el resto de la semana han seguido las noticias referentes a la UCO, los tribunales y las constructoras. Por resumir, de momento, no hay ni rastro de las mordidas a pesar de que dos empresarios de campanillas declararon ante el Supremo. Se trata de Antxon Alonso, amigo personal de Santos Cerdán y nexo de unión del Gobierno con el PNV y Bildu; y Fernando Merino, exdirectivo de Acciona. Ambos investigados por delitos de organización criminal y cohecho.

En Navarra ya te hablan de la Mina Muga como si aquello fuera la cueva de Alí Babá

Alonso solo respondió a las preguntas de su defensa. Recordemos que era el dueño de Servinabar, una pequeña empresa sin experiencia en la construcción, que –¡oh, sorpresa!– comenzó a resultar adjudicataria de obras importantes en Navarra como la de Mina Muga, en el municipio de Sangüesa, o el pabellón de Navarra Arena, en Pamplona. Alonso negó haber cometido ninguna ilegalidad, pero en Navarra ya te hablan de la Mina Muga como si aquello fuera la cueva de Alí Babá.

En el registro del domicilio de Antxon, llevado a cabo por la UCO el pasado 10 de junio, los agentes encontraron un contrato privado de compraventa por el que este cedía 1.350 participaciones sociales (de las 3.000 en las que se estructuraba la mercantil) a Santos Cerdán. Sobre este asunto, Alonso dijo a su abogado que se trataba de un documento privado, sin valor alguno, y que sólo él era el dueño de Servinabar.

En las medidas cautelares impuestas a Alonso el juez expone sus dudas sobre este contrato, sobre todo porque se encontraba fechado y firmado. También recoge dudas sobre Koldo, al que Antxon reconoció haber pagado un sueldo por las gestiones en la adjudicación de las obras de Mina Muga. Conclusión: del sumario se desprende que Antxon Alonso también fue socio de Koldo García, a través de la sociedad cooperativa Noran Coop. Koldo le presentaba negocios y proyectos a cambio de una paga mensual. Ya se ve que de la portería del puticlub a la presentación de negocios hay solo un paso.

Como el juez insistió en saber quién pagaba las comidas, Merino no tuvo más remedio que admitir que era Acciona

El segundo en declarar, Fernando Merino, sí respondió al magistrado Leopoldo Puente, y al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. El exdirector del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona negó tener capacidad de decisión en la multinacional –que concursaba en UTE con Servinabar– cuando la trama corrupta empezó a operar en la Comunidad Foral. También justificó que una empresa nacional «no tenía opciones» de conseguir contratos en Navarra y en el País Vasco, por lo que era «práctica habitual» operar en Utes con sociedades locales como Servinabar. Llegó incluso a decir que era «una condición necesaria» para resultar adjudicataria de determinadas obras.

Pero lo mejor estuvo al final. Al exdirectivo de Acciona le preguntaron por el bar Franky de Pamplona, donde la UCO señalaba que Acciona pagaba a la trama corrupta de Santos Cerdán y Koldo García. «Son facturas reales y comidas efectuadas ahí», dijo Merino sin inmutarse; y añadió que Koldo «tenía un pequeño reservado que utilizaban para comer y las reuniones de trabajo». Pero como el juez insistió en saber quién pagaba las comidas, Merino no tuvo más remedio que admitir que las pagaba Acciona. Entonces el magistrado Puente recordó que sólo la factura de noviembre era de 2.400 euros a lo que Merino respondió que «serían las comidas de ese mes. Las comidas con otras personas». Y se quedó en su paz. La UCO ya señaló una operativa consistente en la emisión de facturas ficticias por parte del bar Franky a Acciona.

Concluida esta maravillosa explicación sobre lo que ocurría en el Franky, el juez recogió en sus medidas cautelares, la existencia de «indicios bastantes» para considerar que Fernando Merino «podría haberse beneficiado (…) de la adjudicación de obras en beneficio de los intereses que promovía, hechos que (…) pudieran considerarse como constitutivos de sendos delitos de integración en organización criminal y de cohecho». Y es que hay cosas que resultan difíciles de creer incluso en Pamplona y en plenas Fiestas de San Fermín.