Bruselas expedienta al Gobierno de Sánchez por intervenir en la OPA de BBVA a Sabadell

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por intervenir en la OPA de BBVA a Sabadell. El Ejecutivo comunitario considera que el Gobierno de Sánchez se ha extralimitado al imponer condiciones adicionales a dicha operación y que las normas en las que se han apoyado no se ajustan a la legislación europea.

Concretamente, las normativas que los de Von der Leyen consideran que se están vulnerando son el reglamento sobre el Mecanismo Único de Supervisión y los principios de libre circulación de capitales y de libertad de establecimiento recogidos en los Tratados.

Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento, el primer paso de un expediente sancionador, en la que insta al gobierno español a enviar información adicional sobre las normas, leyes y actuaciones que vulneran el código legal comunitario. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene ahora un plazo de dos meses para responder.

Si el Ejecutivo comunitario no está conforme con los argumentos, en otoño aprobará un dictamen con el que obliga a Moncloa a modificar la ley que le ha permitido vetar fusiones autorizadas por las autoridades competente. En última instancia, la Comisión podría elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Esta noticia se conoce cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que aprobar el folleto de la OPA, a la que le seguirá la apertura del plazo de aceptación de la oferta, donde ya serían los accionistas los que tomarían la decisión de vender o no sus acciones a BBVA. Aunque este proceso no afectaría a la operación, ya que lo que preocupa al Ejecutivo comunitario es cómo la legislación española no está lineada con el derecho de la UE.

Sí, pero no de la OPA

Tras el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la operación de concentración entre el BBVA y el Sabadell, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa lanzó una consulta pública, «no vinculante» para que los ciudadanos, entidades y asociaciones «serán útiles» para tomar la decisión sobre la operación «con todas las garantías».

Cuando este 'referéndum' terminó, Cuerpo elevó a Consejo de Ministros la OPA, que finalmente fue aprobada el 24 de junio, pero con muchos peros. El principal es la condición de que durante los próximos tres años ambas entidades operen como banco diferentes. Es decir, que mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, y autonomía en la gestión de la actividad.

Cuerpo aseguró que con ello el Ejecutivo protege criterios de interés general «en línea con nuestro marco normativo y ordenamiento jurídico».

Un día después, Bruselas dejó claro al Gobierno que vigilaría de cerca las condiciones impuestas por el Ejecutivo y que no dudaría en actuar si considera que se está interfiriendo injustificadamente. Una amenaza que se ha materializado este mismo jueves.

Fuentes del PP aseguran que desde el partido ya avisaron «de que la postura del Gobierno no protegía el libre mercado ni los intereses generales». Además, subrayan que «los socios europeos ya tienen cogida la medida a un líder del PSOE al que se le acumulan los fracasos y los escándalos de corrupción».