El ministro de Economía, Carlos Cuerpo
Bruselas llama al orden al Gobierno por su trampantojo en la opa de BBVA a Sabadell
La Comisión Europea cuestiona la condición impuesta por el Ejecutivo a BBVA y advierte de que actuará si se vulneran las reglas del mercado único
Bruselas ha vuelto a advertir al Gobierno por su intervención en la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell. La Comisión Europea ha dejado claro que vigilará de cerca las condiciones impuestas por el Ejecutivo y no dudará en actuar si considera que se está interfiriendo injustificadamente.
«La Comisión utilizará sus poderes como guardiana de los Tratados para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único impuesta por los Estados miembro», ha asegurado un portavoz del Ejecutivo comunitario tras conocerse la decisión del Consejo de Ministros.
El Gobierno aprobó el martes la opa de BBVA, pero lo hizo con condiciones: durante al menos tres años –prorrogables a cinco– las dos entidades deberán mantener personalidad jurídica independiente, patrimonio separado y autonomía de gestión. Una exigencia que ha generado malestar en las instituciones europeas, que ya venían siguiendo el caso con atención.
La comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, ha recordado que «cualquier condición impuesta por un Gobierno para aprobar una transacción debe ser excepcional, proporcionada y justificada por razones válidas de interés público».
Desde el Ejecutivo comunitario recuerdan que tanto los supervisores bancarios como las autoridades de competencia han dado luz verde a la operación. Por tanto, aseguran, «no hay base para detener tal operación basándose en una decisión discrecional de un gobierno nacional». En este sentido, recalcan que la posibilidad de que un Estado miembro restrinja libertades como la libre circulación de capitales está «estrechamente definida» por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En paralelo, fuentes comunitarias confirmaron que la Comisión ya inició a finales de 2024 un procedimiento informal de revisión –un EU Pilot– para examinar si la actuación del Gobierno se ajusta al derecho comunitario. Aunque ese proceso no implica necesariamente la apertura de un expediente de infracción, sí supone una señal clara de que el asunto preocupa en Bruselas.
La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió la legalidad de la medida al entender que la intención es preservar un «sector financiero diversificado». Según explicó durante su intervención en el seminario económico organizado por la APIE, la existencia de bancos con fuerte arraigo territorial es un valor que merece protección. «Además de tener instituciones de tamaño suficiente, es importante mantener entidades con un elemento de proximidad con el cliente», dijo.
Sin embargo, desde Europa se insiste en que los Estados no pueden imponer vetos o restricciones arbitrarias a operaciones empresariales que han superado los filtros técnicos. De hecho, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, evitó pronunciarse directamente, pero sí dejó caer que el análisis sobre la legalidad y el fondo de la intervención política deberá ser «evaluado por los inversores y, quizá, por la Comisión Europea». Un aviso a navegantes.
