La investigación sobre Leire Díez en Correos se estanca en la Abogacía del Estado ante la pasividad de Pedro Saura

En diciembre de 2023, una fuente anónima puso en conocimiento del principal accionista de Correos (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales —SEPI—) el sospechoso incremento del precio de equipos de aire acondicionado adquiridos en el verano de 2023 tras la intervención de Leire Díez.

Como contábamos con detalle en este artículo, equipos que ya habían sido adjudicados por 122.389 euros pasaron a costar a la compañía casi cuatro veces más (479.192 euros) tras pasar a manos de una empresa intermedia.

La fuente anónima puso a disposición de la SEPI toda la documentación, a la que también ha tenido acceso El Debate, pero el accionista principal le dijo en enero de 2024 que no era un asunto que tuvieran que tratar ellos y lo ponían en manos de la Abogacía del Estado.

El asunto está supuestamente en manos de la Abogacía del Estado desde hace más de un año

Un año y siete meses después de aquello, la investigación parece muerta o estancada. Ni la Abogacía del Estado da noticias sobre el asunto, ni Correos tampoco, a pesar de que su actual presidente, Pedro Saura, lleva en el cargo desde diciembre de 2023. Aunque es verdad que una de las primeras cosas que hizo Saura fue despedir a Leire Díez, no parece tampoco muy interesado en esclarecer qué ocurrió con esta cuestión y depurar responsabilidades si hubiera que hacerlo.

Como ya hemos contado en este periódico, el 20 de junio de 2023 se licitaron catorce lotes para climatizar quince centros de trabajo de Correos con el objetivo de intentar paliar la ola de calor de ese verano. Las instalaciones podían tener que cerrarse si se superaban los parámetros marcados por la regulación de protección laboral y había que intentar evitarlo.

Se licitó un primer expediente (MI230301) en el que el 6 de julio quedaron adjudicados seis lotes (correspondientes a siete centros de trabajo) y quedaron desiertos ocho lotes. En esta primera licitación, el precio medio que se acordó para la compra de los equipos fue de 19,17 euros por metro cuadrado. Los siete centros se adjudicaron por un total de 236.265 euros.

El 19 de julio se licitaron de nuevo los ocho lotes que habían quedado desiertos bajo el expediente MI230302. Para hacerlo más atractivo, se subió el precio medio por metro cuadrado hasta alcanzar los 21,13 euros. Se adjudicaron cinco lotes el 2 de agosto, con un coste total de 180.799 euros.

Se contrataron, disparando el precio, equipos de climatización sin que participara el órgano responsable de estas compras

Y ahora es cuando llega la intervención de Leire Díez. El Departamento de Operaciones, del que se encargaba ella tras la salida del antiguo director de Productos y Servicios, contrató sin la participación de la Dirección de Activos, órgano responsable de estas actuaciones, una serie de equipos de climatización en los que se disparó el precio.

A finales de año, en noviembre del 2023, una vez los calores del verano ya habían pasado, y bajo el Expediente Propuesta de Convalidación MI230003, firmado por la propia Leire Díez, se solicitó bajo esa forma jurídica la aprobación de toda una serie de actuaciones realizadas para paliar el efecto del calor en los centros de trabajo del Grupo Correos.

Es importante reseñar que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) lo regula como un procedimiento extraordinario que permite a la Administración pagar prestaciones o servicios ya ejecutados cuando no se haya cumplido el procedimiento legal de contratación (licitación pública, concurso y adjudicación). Si bien no convalida la irregularidad, requiere de unos informes, auditorías y aprobaciones específicas para evitar abusos o desviaciones por parte de la Administración, pero también para evitar penalizar al proveedor que haya ejecutado los servicios. En un principio, es razonable que la urgencia para acotar al máximo posibles cierres de centros de trabajo, máxime en periodo electoral, llevase a actuaciones urgentes que no podrían haberse realizado si se hubiera seguido el procedimiento «normal».

Como decimos, todos los pasos formales para la obtención de este expediente de convalidación, hecho que conlleva la aprobación del gasto y el pago al proveedor, fueron seguidos de forma correcta. Sin embargo, hay un elemento que lo hace salirse de lo que puede considerarse práctica normal. Es cierto que varias de las contrataciones convalidadas en noviembre tienen su explicación, pero hay otras intervenciones inexplicables, y alguna que roza la calificación delictiva. Puede verse en los siguientes hechos.

El Lote 3, correspondiente al centro de Córdoba, se había adjudicado inicialmente en 34.650 euros, pero no se ejecutó según lo previsto en la adjudicación. Sin ninguna razón aparente, se alquilaron estos aparatos fuera del contrato adjudicado, y se ejecutó el servicio por otro proveedor (un intermediario llamado Trade Intermedia, que no tiene pinta de dedicarse al alquiler de equipos de climatización). Ese servicio se convalidó y pagó finalmente tras la intervención de Díez a 122.887 euros; esto es un incremento en el coste del 254,65 %.

El Lote 5, correspondiente a Huelva, se había adjudicado en 25.740 euros, pero tampoco se ejecutó bajo la licitación acordada, sino que se ejecutó y posteriormente se convalidó el gasto (también a Trade Intermedia), tras la intervención de Díez, a 151.263 euros, un 487,66 % más de lo contratado anteriormente.

Finalmente, el Lote 8, correspondiente a Murcia, se había adjudicado inicialmente en 61.999 euros, pero se convalidó y pagó finalmente tras la intervención de Díez a 205.042 euros (otra vez a Trade Intermedia). Esto es un 230,72 % más de lo previamente adjudicado.

Es decir: tres adjudicaciones del Expediente de Propuesta de Convalidación MI230003 tuvieron un coste final de 479.192 euros, cuando habían sido adjudicadas a otros proveedores por importe de 122.389 euros; más del triple de incremento.

Respecto de los proveedores originalmente adjudicatarios, el expediente MI230302, no consta que hayan emitido ninguna factura por esos servicios no realizados. Desconocemos si recibieron algún tipo de indemnización prevista también en la LCSP en casos de revocación a una adjudicación.

Se saltaron la regulación y contrataron una empresa intermedia

La actuación parece muy grave, pues Díez no solo no cumplió las razones marcadas por la Ley de Contratos de Servicio Público (LCSP) para recurrir a una convalidación. Además, asumió facultades para las que a priori no estaba asignada, ya que era la directora de Filatelia.

Respecto de los otros 4 centros que nunca habían sido licitados, la compañía ha incorporado el gasto al mismo expediente de convalidación Propuesta de Convalidación MI230003. Aunque no hay expediente de licitación, el incremento de los dos alquileres contratados a Trade Intermedia (otra vez), respecto del precio medio de la segunda licitación, alcanza el 193 % y 90 %, y tuvieron un gasto conjunto de 310.000 euros.

Los otros dos casos, que nunca habían sido licitados anteriormente, al tratarse de una empresa aparentemente del sector, tienen un coste promedio inferior incluso al que resultó adjudicado en la segunda licitación, aunque la comparación es a título meramente informativo.

Como se puede comprobar, no fue una gestión acertada por parte de Leire Díez, ya que la empresa pagó más de lo que debería haber pagado. La ejecutó además siendo directora de un área como Filatelia, que no tiene nada que ver, y ante el asombro de los responsables de la empresa, que no sabían qué hacía allí.