La inmigración y el gasto público dan oxígeno a un Sánchez «hipotecado» e incapaz de aprobar reformas y Presupuestos

Dos años han pasado ya de las últimas elecciones generales, las del 23 de julio de 2023. La legislatura ha superado así su ecuador, cimentada en gran medida en el empuje de la economía, que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a afirmar que España va «como un cohete».

Cifras de crecimiento económico muy por encima de nuestros vecinos y una reducción del paro, como la registrada en la última encuesta de Población Activa (EPA), son los dos cimientos sobre los que Sánchez y el Ejecutivo sustentan que la economía española va viento en popa. Sin embargo, los economistas divergen y subrayan que el crecimiento español no es de buena calidad, que se está perdiendo una oportunidad de realizar reformas estructurales de calado y que, aunque en retroceso, el desempleo en España sigue siendo el más elevado de toda la Unión Europea.

«Obviamente no vamos como un cohete», niega José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). «La economía resiste en el corto plazo gracias al gasto público que anestesia, pero realmente hay un crecimiento insano basado en el consumo público».

Según detalla, los crecimientos del PIB se han basado en la inflación y en los ajustes extraordinarios que ha hecho de forma inusitada el INE, y al comportamiento del sector exterior como el turismo. «Esto puede cambiar por la pérdida de renta de nuestros compradores o por el impacto de los aranceles. Y también ha impactado la acumulación de población porque hay más personas, pero eso no genera un crecimiento de calidad».

Según un informe de TSB Education, España está recibiendo una media de 400.000 migrantes extranjeros al año lo que supone la segunda cifra más alta de todos los países de la UE, sólo por detrás de Alemania y el doble de la media europea. Esto está incrementando la población pero también haciendo que la riqueza del país se reparta entre más, como prueba que el PIB per cápita apenas haya crecido desde 2007 en términos reales, descontando la inflación.

Mientras que en 2014 España presentaba un PIB per cápita de 30.842 dólares, diez años después se situaba en 34.123, según un informe del Colegio de Economistas y la Cámara de España. Un crecimiento del 10,6 % que, según los economistas, «es muy moderado» pese a la «lógica recuperación post pandemia».

Récord de ocupados, pero con la productividad estancada

La inmigración está también tras el histórico récord de 22 millones de ocupados alcanzado esta semana, y celebrado por ministros como Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo. Los propios datos del INE arrojan que la ocupación crece más de lo que se reduce el desempleo, en 2,7 puntos frente a 1,07 puntos. España, además, se mantiene líder en desempleo en Europa y tiene también la mayor tasa de paro juvenil, un 24,5 %.

El mercado de trabajo, además, «sigue presentando problemas graves, como el creciente absentismo, que en el segundo trimestre se elevó a 1,25 millones de ocupados, un incremento del 5,7% interanual», recalcan desde Cepyme.

«Mientras tanto, la productividad por trabajador sigue estancada. ¿Cómo se puede sostener un modelo en el que se exige más sin que mejore el rendimiento? Es como pedirle a una bicicleta vieja que corra como una moto... simplemente pintándola de colores nuevos», añade Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y profesor en IE Business School.

Desde que Sánchez renovó mandato la presión fiscal no ha dejado de crecer. Se ha ido por el camino fácil: subir los impuestosRafael PampillónCatedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y profesor en IE Business School

«Desde que Sánchez renovó mandato, la presión fiscal no ha dejado de crecer. Se ha ido por el camino más fácil: subir los impuestos. Y aquí no hablamos de los «ricos malvados» de los discursos de campaña, sino del autónomo, del joven emprendedor, del asalariado medio que ve cómo su nómina se erosiona mes a mes. En cambio, no se ha intentado reducir el gasto público ¿Por dónde se debería haber reducido? Por la vía de la eficiencia, de eliminar duplicidades, de ajustar el gasto innecesario, congelar las pensiones», afirma.

Los expertos ponen además el foco en que la debilidad parlamentaria del Gobierno mantiene paralizados proyectos legislativos clave. Un ejemplo se ha visto esta semana, cuando el PSOE y Sumar no han logrado sacar adelante el conocido como decreto antiapagones, con importantes medidas sobre el sector energético. Además, la reforma de la ley del suelo, que podría aliviar la enorme presión sobre el mercado inmobiliario, lleva más de un año paralizada. Y la incapacidad de aprobar la subida impositiva al diésel, prometida a Bruselas, ha hecho que España vea recortado el quinto pago de fondos europeos en más de mil millones de euros. Y la reducción de la jornada laboral –que preocupa enormemente a las empresas– sigue paralizada.

«No hay reformas estructurales que mejoren el marco económico. A medio y largo plazo se produce un severo deterioro de la economía que no se produce ahora pero se está enquistando», considera Rotellar. El economista recuerda además que no se han aprobado unos Presupuestos en toda la legislatura –se mantienen prorrogados los de 2023, redactados en 2022 por una cámara ya disuelta–. «La Ley más importante del año en materia económica no sale adelante y no se aplica», lamenta.

«Tampoco se han presentado presupuestos para el 26, se hace difícil que justo los vayan a sacar para el último año de mandato cuando las elecciones tendrían que ser a mitad de 2027. Dentro de un año entramos ya en un largo periodo preelectoral y posiblemente alguno de sus socios se tenga que desmarcar. Hay además un problema con el gasto que la Unión Europea y la Airef han pedido reducir en al menos cinco mil millones de euros. El problema es severo porque estamos creciendo a base de deuda. Se está pudiendo colocar ahora a tipos no excesivamente elevados pero eso puede cambiar si el Banco Central Europeo deja de apoyar la compra de deuda soberana», detalla.

Expolio a los salarios para pagar pensiones

Por su parte, Pampillón critica además los efectos de una de las reformas económicas clave de la anterior legislatura: la de las pensiones. «Vendida como una garantía para nuestros mayores y una muestra de compromiso social, ha resultado ser, en la práctica, un parche caro. El famoso Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se supone nació para equilibrar las cuentas futuras del sistema, es en realidad un nuevo peso sobre las espaldas de los trabajadores y, sobre todo, de las empresas», subraya.

El catedrático considera que se está «hipotecando el futuro en nombre del presente». «En estos dos años hemos visto cómo se consolidaba un modelo donde el Estado se expande, los costes aumentan y el tejido productivo se asfixia poco a poco. Lo peor no es que se pague más. Lo preocupante es que cada subida viene sin una contrapartida clara: no hay más eficiencia, ni más competitividad, ni más seguridad jurídica. Sólo más presión», asegura.