El agujero económico de los incendios: prevenir cuesta 500 euros por hectárea, extinguir, cerca de 15.000

Este verano, España ha vivido la temporada de incendios forestales más devastadoras de su historia. Hasta mediados de agosto, más de 350.000 hectáreas han ardido según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Es como si toda la isla de Mallorca hubiera quedado completamente calcinada. Y el coste del fuego avanza año tras año.

Más allá de la economía, los incendios se valoran por los daños físicos en las personas. El fuego incrementa los ingresos hospitalarios, disminuye la productividad laboral y eleva la mortalidad prematura. El coste humano es inmenso. Este 2025, con cuatro fallecidos, decenas de heridos por quemaduras, miles de evacuados y las secuelas psicológicas que permanecerán abiertas durante años. Más de 30.000 españoles han tenido que abandonar sus casas este verano. A menudo hablamos de hectáreas y olvidamos que son hogares, granjas, empleos, recuerdos.

Frente a este panorama cabe preguntarse: ¿cuánto habría costado prevenir? Menos, sin duda. La limpieza de montes, la gestión forestal activa, la inversión en cuadrillas de prevención y la vigilancia cuestan una fracción de lo que suponen las pérdidas económicas y humanas.

Los costes de prevención en España —quemas prescritas, desbroces, pastoreo subvencionado— oscilan entre 120 y 500 euros por hectárea. Los de extinción del fuego, 15.000 euros por hectárea: medios aéreos y despliegues masivos de bomberos, voluntarios y vecinos. En lo que va de año, el coste de extinción asciende a unos 5.250 millones de euros. El balance económico neto es cristalino: invertir unos cientos de euros por hectárea en prevención equivale a ahorrarse miles cuando llega el fuego.

Sector agrario: una herida visible

Pero a estos costes directos de extinción hay que unir el golpe demoledor que recibe el campo español. Olivares, colmenas, viñedos y campos de cereal han desaparecido bajo las llamas. Y el humo: basta con unas horas de exposición para arruinar una cosecha de uva y la reputación de una denominación entera.

También se pierde la madera, la resina, el corcho, que no se podrán aprovechar en años. El suelo, desprotegido, se erosiona con la primera tormenta. La biodiversidad desaparece en cuestión de horas. Y nuestros bosques tardan décadas en recuperarse. Cada verano que arde, España pierde más que árboles: pierde futuro.

Los ganaderos tampoco salen indemnes. Sin pasto, las reses dependen de un pienso que hay que pagar, justo cuando los márgenes del sector ya están en mínimos. Paradójicamente, los mismos animales que sufren ahora la escasez son parte de la solución: el pastoreo extensivo mantiene limpio el monte. Donde hay ganado, hay menos combustible para el fuego.

Otras facturas a pagar

Los incendios no solo arrasan los campos y los montes: también paralizan una parte de la actividad económica. Carreteras cortadas, polígonos industriales evacuados, fábricas que detienen su producción.

El mercado inmobiliario paga también su peaje. En las zonas quemadas, el valor de la vivienda se desploma; y en las de riesgo de incendio, las aseguradoras encarecen sus primas o incluso niegan la cobertura.

Y el turismo, nuestro gran motor, resulta particularmente frágil. En 2025 lo hemos comprobado: bastaron varios días de incendios en destinos del interior peninsular para que miles de visitantes cancelaran sus reservas.

En definitiva, cada incendio no solo devora la naturaleza: deja tras de sí una factura millonaria que erosiona agricultura, silvicultura, industria, transporte, inmuebles y turismo.

¿Qué les dejamos a nuestros hijos?

El debate no es técnico, es político y cultural. Una economía que gasta millones en helicópteros cada verano es una economía que asume pérdidas, desigualdad territorial y desgaste institucional. España puede elegir: repetir el desastre de este año o apostar, de una vez por todas, por prevenir.

La «regla del 30» (temperaturas por encima de 30º, humedad por debajo del 30 %, vientos de más de 30 km/h) se ha cumplido durante demasiados días este verano. Si a ello sumamos la despoblación rural, que deja montes sin pastoreo, el resultado es un cóctel explosivo. Invertir en prevención no es un gasto: es un seguro de vida colectivo.

España no puede permitirse el desastre que genera cada verano. No es sostenible ni económica ni ambiental ni socialmente. Los incendios de 2025 nos dejan una lección dolorosa: el precio del fuego es infinitamente más alto que el de la prevención.

Quizá el debate ya no sea si debemos invertir más en gestión forestal. El debate real es: qué precio estamos dispuestos a pagar si no lo hacemos. Porque lo que arde no son solo hectáreas de bosque. Son pueblos, cosechas, ganado, empleos, salud, bienestar. Como cantaba Serrat, en una campaña contra el fuego de 1990, «esta obra de siglos es para tus hijos, y la tienen que heredar».

Rafael Pampillón Olmedo. Catedrático en la Universidad CEU San Pablo y en el IE Business School.