Puente impone la ley del silencio en Transportes: las denegaciones de Transparencia se disparan un 82 % desde su llegada

Ley del silencio en el Ministerio de Transportes. Desde la llegada de Óscar Puente, a finales de 2023, este departamento es el que más denegaciones registra en consultas al Portal del Transparencia. En 2024, las negativas aumentaron un 82 % y en la actualidad acumula el 25 % del total.

Entre 2015 y 2021, las denegaciones rara vez superaban las 40 anuales. En 2022 se registraron 77 rechazos, en 2023 la cifra cayó ligeramente a 58. Pero en 2024, ya bajo la batuta de Puente, se dispararon hasta 106. Y todo apunta a que 2025, con 94 negativas en el primer semestre, marcará un nuevo récord.

Y no se trata de la cartera con más peticiones. En la primera mitad de 2025 recibió 7.525 solicitudes, un volumen inferior al de Interior (12.165) o Hacienda (8.267). Sin embargo, Transportes lidera con holgura la lista de ministerios con más resoluciones denegatorias, concentrando el 25,3 % del total. La diferencia es aún mayor si se analiza la tasa de rechazo: Transportes deniega el 1,25 % de las solicitudes, frente al 0,39 % de Interior y el 0,58 % de Hacienda.

Fuentes cercanas al ministerio señalan que la política de cero transparencia se extiende a los grupos parlamentarios, incluso a su socio de investidura, a pesar de que la Constitución y la ley de Transparencia obligan a lo contrario. Según explican, hay orden de que se dilate la entrega de información, se evite contestar lo que se pregunta si perjudica la respuesta al Gobierno, se remitan a webs que no contienen los datos, o se aporte documentación insuficiente. De hecho, añaden, esta situación no se producía durante los mandatos de Ábalos y Raquel Sánchez.

Entre las solicitudes rechazadas por el ministerio figuran expedientes completos de concursos y adjudicaciones, consultas sobre gasto en publicidad institucional y campañas en redes sociales y datos detallados sobre incidencias ferroviarias. También se han denegado informes de frecuencias de Cercanías, estudios técnicos sobre recortes en el servicio Avant, datos de viajeros por estación, criterios para la instalación de taquillas, convenios con gobiernos autonómicos, escrituras del proyecto Chamartín e incluso el gasto en publicidad de Renfe en 2024.

La mayoría de estas negativas se amparan en las excepciones del artículo 14.1 de la Ley de Transparencia, que permite denegar solicitudes cuando la información afecta a la confidencialidad de datos comerciales, la seguridad de infraestructuras críticas o la estrategia en contratos públicos.

De polémica en polémica

Las múltiples comparecencias de Puente tampoco han ayudado a conocer la situación real sobre el deterioro del sistema y ha centrado sus comparecencias en el enfrentamiento personal. «Si no fuera ministro, seguramente el tema ferroviario no estaría en primera plana todos los días», afirmó este mismo miércoles en el Congreso, mientras sostenía que el sistema español vive «el mejor momento de su historia». Sin embargo, los datos internos de Renfe contradicen esa afirmación: en julio, uno de cada tres trenes circuló con retraso y la tasa real de puntualidad se sitúa muy por debajo de los principales operadores europeos.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) también ha intervenido en varias ocasiones en relación con Transportes y organismos dependientes como Adif, Renfe y Puertos del Estado. El Consejo ha estimado reclamaciones contra el Ministerio por silencio administrativo en licitaciones de líneas de autobús, ha instado a entregar expedientes de contratos menores y ha recordado que la Ley de Transparencia obliga a motivar de forma exhaustiva cada negativa.