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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.EP

El Gobierno aprieta para que los funcionarios puedan trabajar hasta los 72 años

El PSOE incluye una enmienda en el proyecto de ley de Función Pública para retrasar la edad máxima de retiro, actualmente en los 70 años

El Congreso tiene previsto avanzar este martes en la tramitación del proyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado, que incluye cambios relevantes en la edad de jubilación de los funcionarios. El PSOE ha registrado una enmienda para que los empleados públicos puedan seguir trabajando de manera voluntaria hasta los 72 años, frente al límite actual de 70.

La ponencia encargada de analizar la norma se reunirá a puerta cerrada con representantes de los distintos grupos parlamentarios. En este trámite se empezarán a organizar las enmiendas registradas e incluir algunas en el texto. El PSOE, como principal partido del Gobierno, suele aprovechar este paso para introducir buena parte de sus propuestas.

Entre ellas destaca la creación de la figura del relevista, que será funcionario de carrera y permitirá extender la actividad laboral hasta los 72 años. De este modo, se ampliaría el plazo para aquellos trabajadores que deseen prolongar su carrera profesional más allá de la jubilación forzosa.

Además, el PSOE ha propuesto incorporar el derecho a la jubilación parcial en el empleo público, lo que permitiría a los funcionarios compatibilizar un trabajo a tiempo parcial con el cobro de parte de la pensión.

El texto también contempla medidas para promover la inclusión de personas con discapacidad en los procesos selectivos de la Administración, con el objetivo de que puedan participar en igualdad de condiciones. Otra de las iniciativas es la posibilidad de crear entornos controlados de pruebas para evaluar nuevas medidas de gestión de recursos humanos.

Para que estas enmiendas se integren en la futura ley, el PSOE necesita el apoyo de sus socios parlamentarios. Una vez superado el trámite en ponencia, la iniciativa pasará a la Comisión de Hacienda y Función Pública, que celebrará una sesión abierta para su análisis. Posteriormente se elevará al Pleno del Congreso y, de aprobarse, continuará su recorrido en el Senado.

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