La «trampa» de Sánchez para poner coto a los pisos turísticos no garantiza que vayan al alquiler tradicional

El pasado 1 de julio entró en vigor el Registro Único de Arrendamientos, en el que obligatoriamente los propietarios deben inscribir aquellas viviendas que deseen alquilar con fines turísticos. A cambio, asigna a cada vivienda un número de identificación, con el objetivo, según el ministerio, de controlar esos alquileres y evitar los alojamientos ilegales.

España ha sido el primer país europeo en poner en marcha este registro. En apenas dos meses y medio el registro ha servido para aflorar 336.497 viviendas, de las cuales el 78,75 % corresponden a alquileres turísticos. Pero este domingo los temores de los propietarios a que solo sirviera para poner sus pisos turísticos en el disparadero se han materializado.

En un acto del PSOE, el presidente Pedro Sánchez anunció que denegará el registro a 53.876 de esas viviendas por «irregularidades», al «no cumplir con los requisitos legales» exigidos por el Ministerio de Vivienda.

«La exigencia de inscripción en el registro fue una trampa, ha permitido tener un conocimiento de esas viviendas que son las que lo han solicitado, así que el control sobre ellas se endurecerá», considera Julián Salcedo, presidente del foro de economistas inmobiliarios del colegio de economistas de Madrid.

Sánchez justificó la medida para que estás viviendas pasen a ser «alquileres estables, permanentes para jóvenes y familias de este país». Algo que no necesariamente ocurrirá, dado que sus propietarios pueden preferir venderlas o mantenerlas desocupadas, apuntan los expertos. «Desestimar la solicitud de inscripción en el registro no quiere decir que vayan a pasar al alquiler de vivienda habitual», corrobora Salcedo.

También la patronal barcelonesa Apartur criticó ayer que Sánchez coincida la revocación de una licencia de operación con que la vivienda sea ilegal. «Simplemente han revocado un trámite que es complicado», según su directora general, Marian Muro. Muro, según recoge el diario catalán ARA, desveló que tan solo el 5 % de los propietarios de pisos turísticos de Barcelona se plantea destinar su vivienda a un alquiler de larga estancia.

Inseguridad jurídica

De acuerdo con Airbnb, menos del 10 % de los pisos que se anuncian en la plataforma han sufrido la revocación de su número de registro. «Las obligaciones de registro no tienen un impacto comercial significativo para la empresa», según trasladó su director general para España, Jaime Rodríguez de Santiago, en una nota difundida por la compañía.

La medida anunciada por Sánchez no hace sino agravar la inseguridad jurídica que afecta al sector inmobiliario, apuntan voces del sector, al añadir el filtro del Gobierno central a una competencia que hasta ahora ejercitaban únicamente los ayuntamientos y las comunidades autónomas. El Ministerio de Vivienda así lo reconoce también en su web, al afirmar que «aquellas viviendas destinadas al alquiler turístico estarán sujetas a regulación específica de las comunidades autónomas o ayuntamientos».

A pesar de ello, el anuncio ha generado inquietud entre inversores del sector inmobiliario, tanto dentro como fuera de España, según ha podido confirmar este periódico de fuentes del sector. Entre otros motivos por los cuales no es fácil reclamar la denegación del permiso para incluir la vivienda en el registro.

Dudas entre los inversores

De acuerdo con estimaciones de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) el nuevo registro puede recortar la oferta de viviendas turísticas en hasta un 70 %. Muchos de estos pisos acabarán, según prevé la asociación, en la economía sumergida.

Los encargados del registro son los registradores de la propiedad. Hasta ahora, el procedimiento consistía en que estos profesionales comprobaban la compatibilidad urbanística del alquiler vacacional con la solicitud y pedían la aportación del Certificado del Ayuntamiento que acreditara la compatibilidad.

Como afirman desde Aestimatio Abogados, las vías para reclamar pasan por tratar de subsanar los defectos detectados en el plazo de 60 días hábiles. Además, el solicitante puede pedir que otro registrador examine el caso, según el cuadro de sustituciones, en un plazo de 15 días. Otra opción es interponer un recurso administrativo en el plazo de un mes desde la notificación, que se considerará desestimado si no hay respuesta en el plazo de tres meses, abriendo entonces la vía judicial.

También es posible acudir directamente a la vía judicial, a través de los juzgados de Primera Instancia, en el plazo de dos meses desde la notificación de calificación negativa.

Aquellos que quieran inscribir su vivienda para ser utilizada en alquiler turístico, de temporada o cualquier otro régimen de corta duración deben aportar documentación como la referencia catastral, la dirección exacta, el modelo de alquiler o el número máximo que podrán hacer uso de la vivienda.