Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia
El PP presiona para que Renfe recupere las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en AVE
Los líderes de la oposición consideran que el Gobierno trata de «hacer caja a costa de los usuarios»
El Partido Popular llevará una proposición no de ley al Congreso de los Diputados para recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE, suprimidas el pasado 1 de julio de 2024 para limitarlas a demoras de al menos 60 minutos.
Se trata de la segunda intentona del PP en este aspecto, ya que en octubre de 2024 presentaron la misma iniciativa y, pese a lograr que prosperase con el apoyo de Vox, UPN, Podemos, ERC y BNG, el Ministerio de Trasportes y Movilidad Sostenible no la ha aprobado.
Entonces, el PP incluía otros puntos como el cese del ministro Óscar Puente; sin embargo, ahora se enfoca exclusivamente en recuperar las indemnizaciones que Renfe concedía por los retrasos en el AVE antes de julio de 2024.
Renfe modificó las condiciones de su compromiso de puntualidad y su política de devoluciones en la mayoría de sus servicios ferroviarios, estableciendo que por un retraso igual o superior a 60 minutos se devuelva el 50 % del billete y si la demora supera los 90 minutos, la devolución es del 100% del importe del billete.
Para los populares, esta decisión de Puente tuvo el «único argumento» de ahorrar dinero, algo que hace pensar a los de Génova 13 que esta política de retrasos demuestra que el Gobierno prefiere «hacer caja a costa de los usuarios» en lugar de combatir los retrasos y desplegar las políticas que permitan situar los retrasos en márgenes razonables.
El PP clama contra el «deterioro progresivo» de Renfe, que ha pasado de tener en 2022 un 84 % de puntualidad en los trenes de largada distancia y alta velocidad a un 63 % de puntualidad este verano de 2025. «Los datos confirman la tendencia: más incidencias, más retrasos y más caos ferroviario», apostillan los líderes dela oposición en la proposición no de ley que se debatirá en el próximo Pleno.
El grupo parlamentario considera que restablecer el compromiso de puntualidad previo a julio de 2024 no es una cuestión contable, sino una exigencia democrática para devolver a la ciudadanía un derecho perdido y obligar al Gobierno a «afrontar su incapacidad de gestión en lugar de esconderla detrás de recortes».
