El «no a la guerra» de Sánchez deja tocada la venta de Talgo: todo un símbolo de las chapuzas del Gobierno

Algunos empresarios decían que no pasaba nada. Que este Gobierno pasaría y que lo que había que hacer mientras tanto era trabajar fuera y esperar tiempos mejores. La lección de la opa del BBVA la entendían así. Craso error.

La investigación dada a conocer el viernes por la Audiencia Nacional del empresario José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, por presunto delito de contrabando –por vender acero a la industria militar israelí– ha provocado un terremoto en la clase política y empresarial, especialmente en la vasca. Lo más curioso del asunto es que el Gobierno Vasco, abanderado y defensor del empresario para hacerse con el control de Talgo, ha decretado un silencio total. Jainaga no va solo en las investigaciones de la Audiencia Nacional, sino que dos de sus directivos y la sociedad inversora Clerbil (acrónimo de Clermont Ferrand y Bilbao) son también investigados por la venta de unas 1.200 toneladas de acero a Israel justo cuando el denominado «consorcio vasco» y la SEPI pretendían cerrar la compra del 30 % del capital de Talgo.

Las consecuencias las veremos pronto. La gran operación estratégica de Imanol Pradales y del PNV se ha complicado por las dudas sobre el futuro jurídico de Jainaga. Y es que la intervención del Gobierno en las empresas privadas es tan chapucera que ha terminado volviéndose contra ellos. No vendes Talgo a los consorcios extranjeros pero se lo entregas a un empresario del aparato del PNV que ahora no solo resulta investigado sino que además colabora con el Gran Demonio israelí. Gran Demonio para el Gobierno claro.

El lehendakari Pradales se enteró el viernes de la comparecencia de Jainaga ante la Audiencia Nacional el próximo 12 de noviembre. El empresario vasco no tendrá fácil explicar por qué vendió 1.200 toneladas de acero entre agosto de 2024 y julio de 2025, aunque sus problemas legales se dispararán a partir del mes de febrero de 2025, cuando la prohibición del Gobierno Sánchez se hizo efectiva para adornar su «no a la guerra». Pero en muy pocos meses las cosas han cambiado. Mañana, Junts hará pública su ruptura con el Gobierno ante sus líos internos y el crecimiento de Aliança Catalana, el partido de la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols. Lo que nadie esperaba es que los jueces abrieran también una crisis con el PNV a cuenta de Talgo.

Recordarán que a comienzos de año el PNV presionó a Sánchez para conseguir que el fondo Trilantic vendiera su 29,7 % a las instituciones vascas y hacerse así con el control de Talgo. En febrero Jainaga se hacía una foto de familia con dos consejeros del Gobierno vasco y con los representantes de las fundaciones bancarias BBK y Vital –los pagafantas de la operación– que pusieron los 185 millones de euros para quedarse con Talgo. El lehendakari Pradales –que se convirtió en el gran abanderado de aquella operación– no solo se mostró feliz con la compra de Talgo sino que también anunció –era para él mucho más importante– el regreso a Euskadi del domicilio social de Talgo y una inversión espectacular en la fábrica de Berantevilla (Álava) con la creación de un centro de I+D+i. ¡Ay Pradales!

Pero desde febrero la cosa entró en fase valle. No sólo no se firmó la adquisición –que se ha incrementado en este tiempo– sino que Sánchez y su Gobierno han tenido que acudir con su SEPI para rescatar la operación sacar adelante un incierto futuro de Talgo que los bancos se negaban a garantizar. El ahora investigado Jainaga se había comprometido a poner solo 45 millones de los 185 a través de Sidenor. El resto debían aportarlo las instituciones vascas a través de sus fundaciones bancarias y de Kutxabank controladas todas por el PNV. Además, el consorcio vasco debía aportar otros 75 millones en préstamos participativos, los mismos que ponía también encima de la mesa la SEPI. Vamos, un regalo al PNV en toda regla.

Pero la vida es compleja. Y Sánchez se empeñó en recuperar con la invasión de Gaza el «no a la guerra» que tapara la corrupción. La firma del tratado de paz estropeó la estrategia pero el Gobierno consiguió aprobar entre tanto un embargo de armas a Israel que ahora se vuelve contra su socio el PNV.

Francisco de Jorge, juez de la Audiencia Nacional imputa a José Antonio Jainaga delitos «de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio» por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI) «con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento». Según el magistrado, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre. El titular del Juzgado Central de Instrucción Uno considera que los hechos también son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa. Fuentes de Sidenor remitieron el mismo viernes un comunicado donde aseguran haber puesto el tema en manos de sus abogados.

Pase lo que pase, la operación Talgo está tocada. Y no solo porque Jainaga fuera el principal impulsor y coordinador de la entrada del consorcio vasco en el capital de Talgo, operación que esperaba cerrar a final de año, sino porque el proceso se complicó cuando afloraron los problemas financieros de Talgo –una multa de 116 millones impuesta por Renfe, una deuda de más de 400 millones y dificultades de acceso al crédito–. Ante estas circunstancias, Jainaga recurrió al PNV y PSOE y así entró la SEPI. La operación se desbloqueó definitivamente tras la reunión entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales en julio. La fiesta la pagaríamos todos.

Pero la investigación ahora a Jainaga puede ser definitiva. No es de extrañar que ayer el presidente del PNV, Aitor Esteban, dejara una puerta abierta al adelanto electoral: Sería «inaudito» que el presidente del Gobierno pudiera concluir una legislatura «sin haber aprobado un solo presupuesto». ¡Ay Pradales! Y es que algo empieza a oler a podrido en Dinamarca.