El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy
Consumo propone multar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por cobrar comisiones a los inquilinos
También apuntan a la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha amenazado a Alquiler Seguro con imponerle una multa de 3,6 millones, por supuestas prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión del alquiler, según ha revelado este lunes la asociación de consumidores Facua.
La penalización llega medio año después de que la cartera dirigida por Pablo Bustinduy le abriese un expediente sancionador a la inmobiliaria, tras las denuncias recibidas por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU y asociaciones de consumidores como Facua y OCU.
En ellas se les acusaba de cometer infracciones como obligar a los inquilinos a pagar una comisión, contratar un seguro u otros servicios no solicitados, como la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
Consumo recordó en su momento que la Ley de Vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. E indicó que estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones que, según la Ley de Defensa de los Consumidores, podrían calificarse como graves o muy graves.
Fuentes de Alquiler Seguro han confirmado a El Debate que han conocido la propuesta de sanción, que asciende a 3.600.902 euros, y que la analizarán y presentarán las alegaciones pertinentes.
Por lo que, tras ser valorada por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, esta multa continuará en fase de análisis durante los próximos meses, hasta que se revisen las alegaciones formuladas por todas las partes.
En la resolución, que ha sido comunicada a Facua conforme a lo establecido en la ley, ya que la asociación figura como parte personada en el procedimiento, se detallan las irregularidades localizadas en los contratos que la inmobiliaria firma con los arrendatarios, mientras se desestiman las alegaciones de la agencia contra la primera propuesta de sanción emitida en marzo.
Entre dichas irregularidades, Consumo destaca la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el que se cubre el cobro de gastos que deben ser asumidos por el propietario, así como la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica; a ello se añade la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.