Tensión en el Gobierno Vasco y Talgo tras las importantes acusaciones contra Sidenor, su supuesto salvador

El reciente anuncio del inicio de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el presidente de Sidenor por supuestos delitos de contrabando y genocidio ha caído como un jarro de agua fría en el Gobierno Vasco. José Antonio Jainaga es un símbolo del empresariado ligado al PNV, y fuentes bien informadas aseguran que el hecho ha despertado «una enorme preocupación» en el Ejecutivo que dirige el lendakari Imanol Pradales.

El tiempo dirá qué concluye la investigación. De momento, el Gobierno Vasco se ha apresurado a decir que sigue en marcha la operación para convertirse en el accionista mayoritario de Talgo. Como es conocido, el Gobierno Vasco forma parte del consorcio que acordó en febrero hacerse con el 29,77 % que vende el hasta ahora accionista principal, el fondo Trilantic. Participa a través de su fondo Ekarpen, y forma parte del consorcio junto con Sidenor, las fundaciones BBK y Vital, Kutxabank, el Grupo Mondragon y las tres diputaciones forales vascas.

La operación estaba a punto de cerrarse, según fuentes conocedoras, pero el problema de Sidenor añade ahora un punto de incertidumbre. Aun así, el Gobierno Vasco está muy empeñado en que se realice, por lo que puede suponer de creación de empleo e industria en el País Vasco. Según fuentes del sector, hace tres meses había un 10 % de posibilidades de que se realizara, pero las perspectivas han mejorado por la insistencia del Ejecutivo de Pradales.

Tras el intento fallido de la empresa húngara Ganz Mavag de comprar Talgo hace ya más de un año -retiraron la oferta en agosto de 2024- y los nueve meses transcurridos desde que el consorcio del que forma parte el Gobierno Vasco acordara comprar la parte del accionista principal, aumenta la incertidumbre en torno a la operación.

La compañía tiene una cartera de pedidos importante, pero hay dudas sobre si podrá contar con la liquidez suficiente. Sus últimos resultados, además, han sido malos. Talgo comunicó a principios de octubre un ebitda -beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones- negativo de 16,5 millones de euros en los seis primeros meses del año; unos ingresos de 270 millones de euros en el mismo periodo, un 22 % menos que en los seis primeros meses de 2024, y un crecimiento de la deuda financiera hasta los 467 millones de euros, por encima de los 404 millones que tenía a cierre de 2024.

Como datos positivos, tiene una cartera de pedidos de 4.967 millones de euros, y la demanda de sus trenes está funcionando muy bien en Alemania, Dinamarca y Arabia Saudí. La compañía necesita que se apruebe pronto la entrada del consorcio vasco que adquirirá el 29,8 % de la compañía; la llegada de la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- con 45 millones de euros -7,8753 % del capital- y su préstamo convertible de 30 millones de euros; el préstamo de 75 millones de euros concedido por el consorcio principal; y la nueva financiación sindicada, que incluye un préstamo de 650 millones de euros, una línea de circulante de 120 millones de euros y una nueva línea de avales de 500 millones de euros.

Como se ve, el panorama que hay por delante es complejo, y requiere que alguien lo acelere.