Séptimo varapalo judicial en EE.UU. a España: la factura solo por los impagos de Teresa Ribera ronda los 415 millones

España encaja una nueva decisión en contra de la Justicia de Estados Unidos por la retirada retroactiva de las jugosas primas a las energías renovables que en su día aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. la Corte de Distrito de Columbia en Estados Unidos acaba de confirmar el laudo arbitral del CIADI que obliga a España a desembolsar 44 millones de euros a la luxemburguesa 9REN.

Se trata del séptimo varapalo que encaja el Estado español en pocos meses en territorio americano, donde las sentencias contrarias ascienden ya a 688,4 millones. España afronta también procesos judiciales en Australia, Reino Unido y Bélgica, donde también se acaban de embargar 200 millones en tasas aéreas de Enaire.

En total, la factura ronda los 2.179 millones de euros, de los cuales 415 son atribuibles a los intereses de demora ocasionados por la decisión de Teresa Ribera de no pagar los laudos contrarios. Algo que, en marzo, logró el aval de la Comisión Europea en uno de los contenciosos, contra Antin. Entonces Bruselas ordenó a España que no desembolsara 101 millones de un laudo contrario, porque de lo contrario se consideraría una ayuda de estado ilegal, avalando así los postulados de la hoy comisaria europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva.

La Justicia americana, sin embargo, como la australiana o la británica dan por el contrario plena validez a los laudos del CIADI porque España en el momento de la aprobación de las primas (y de su posterior supresión retroactiva por el Gobierno de Mariano Rajoy) era integrante del Tratado de la Carta de la Energía.

La ley federal establece que los laudos «pecuniarios» dictados conforme al Convenio del CIADI «se ejecutarán y gozarán de la misma plena fe y crédito que si se tratara de una sentencia firme de un tribunal de jurisdicción general de uno de los Estados», señala la sentencia de la Corte de Columbia, a la que ha tenido acceso El Debate.

Más de 90 millones en abogados

De estos 415 millones, 93,7 se corresponden con el pago de abogados y consultores contratados por España para pilotar su estrategia legal fuera del país, según fuentes de los reclamantes.

9REN exigió originalmente una compensación de 50 millones de euros, que los expertos de arbitraje luego redujeron a 40 millones, pero que ahora se eleva a 44 por la acumulación de intereses de demora. Se trata de la segunda victoria importante de 9REN contra España, tras la que obtuvo el 29 de agosto en Australia por un importe de 469 millones de euros.

En los últimos meses los tribunales americanos han reconocido como sentencias propias los laudos contrarios en los casos de Cube (40,2 millones); Watkins (79,5 millones), Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones), si bien la ejecución de todas ellas está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo del país, al que ha recurrido la abogacía del Estado para tratar de frenar potenciales embargos de bienes españoles en el país.

Fuentes cercanas a los reclamantes consideran «clave» para esta sucesión de condenas la vista oral que se celebró en mayo de 2024, en la cual los jueces americanos mostraron su consternación por la postura del Gobierno español de impagar los laudos contrarios argumentando que el CIADI carece de jurisdicción.

«Esa vista estuvo llena de durísimos reproches a España, y las magistradas llegaron a planear si pretendía dejar de cumplir con sus obligaciones», recuerdan las mismas fuentes. Pocos meses después se produjo la primera decisión judicial contra España en EE.UU., favorable a la japonesa JGC Corporation, sentando las bases para la posterior catarata de sentencias adversas.