España, de potencia verde a encabezar la 'lista de la vergüenza' del arbitraje internacional

Hace apenas una década, España era un referente mundial en energías renovables. Hoy, según el Compliance Report 2025 publicado por el International Law Compliance Institute (ILCI), encabeza junto a Venezuela el ranking global de laudos arbitrales impagados, con 22 sentencias pendientes de cumplimiento y un coste total cercano a 2.000 millones de euros entre indemnizaciones, intereses y costas.

«Ser un buen pagador no solo es una cuestión jurídica, sino una decisión económica inteligente. La reputación de un país como destino de inversión depende de ello», explica Nikos Lavranos, autor del informe. El Compliance Report relaciona esa morosidad con un efecto inmediato: la inversión extranjera directa se ha desplomado un 60 % en la primera mitad de 2025, coincidiendo con la proliferación de decisiones judiciales adversas en tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica. En este último país, los jueces han llegado a intervenir más de 200 millones de euros en activos españoles como medida cautelar.

Según el estudio, el impago de los laudos es «un talón de Aquiles que socava la validez de los arbitrajes como elemento clave en la economía global y el derecho internacional», y su persistencia «erosiona el imperio de la ley» incluso en economías avanzadas.

El informe analiza hasta qué punto los estados cumplen las decisiones dictadas en arbitrajes inversor-Estado (ISDS). De los 1.401 casos conocidos a cierre de 2024, 1.050 están concluidos y solo un 10 % permanece impagado. Lavranos subraya que el cumplimiento de los laudos no es solo una obligación legal, sino una condición de credibilidad económica y de estabilidad reputacional.

El estudio también desmonta un mito recurrente: los arbitrajes no son monopolio de grandes multinacionales. Más del 60 % de los procedimientos ISDS fueron promovidos por pymes con menos de 250 empleados, lo que convierte el cumplimiento en un asunto que afecta directamente a la seguridad jurídica de las pequeñas y medianas empresas inversoras. En el caso de España, la indemnización media ronda los 30 millones de euros.

El listado de los veinte países con más laudos impagados vuelve a situar a Venezuela y España en el primer puesto, con 22 casos cada uno, seguidos de Rusia (13) y México (9). En términos de importe, Rusia lidera con 61.700 millones de dólares pendientes, derivado del caso Yukos; le sigue Venezuela (17.300 millones) y, a distancia, España (1.600 millones). Lo llamativo es que siete de los veinte países del ranking son miembros de la Unión Europea, entre ellos Polonia, Italia o Croacia. «Que un 35 % de los peores incumplidores sean países de la UE resulta paradójico», advierte el informe, «dado que Bruselas promueve el respeto al Estado de derecho como uno de sus pilares».

En el capítulo dedicado a España, el documento describe un caso paradigmático. Todos los laudos derivan de los recortes retroactivos a las primas renovables que modificaron el marco regulatorio entre 2010 y 2014. Esos cambios dieron lugar a decenas de reclamaciones ante el CIADI bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). A día de hoy, 22 sentencias siguen impagadas y podrían ser 26 si se confirman cuatro casos en revisión. A los 1.600 millones de dólares principales se suman 450 millones en intereses y costas y 93 millones de euros ya desembolsados en defensa legal. El informe concluye que España «enfrenta una situación singular, al liderar simultáneamente el número de laudos impagados y el de disputas abiertas», lo que cuestiona su posición respecto al cumplimiento de las reglas del arbitraje internacional.

Divergencia

El ILCI dedica un apartado a la creciente divergencia entre la Unión Europea y las jurisdicciones extracomunitarias. Dentro del bloque, la doctrina del TJUE (Achmea, Komstroy, Micula) ha vuelto prácticamente imposible ejecutar laudos intraeuropeos, bloqueados sistemáticamente por los tribunales nacionales invocando la primacía del Derecho comunitario.

Fuera de la UE ocurre lo contrario. En 2024 y 2025, tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Suiza han reconocido y ordenado la ejecución de más de 600 millones de euros en laudos contra España.

En Washington, la Corte de Apelaciones confirmó que la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras no impide ejecutar laudos CIADI; en Londres, la Corte de Apelación declaró que adherirse al CIADI implica renunciar a la inmunidad soberana; y en Canberra, el Tribunal Supremo agrupó cuatro condenas ligadas a renovables por un total de 469 millones de euros.

Caso JGC

En medio del bloqueo, el informe identifica un hecho inédito: en julio de 2025 España pagó por primera vez un laudo arbitral internacional, abonando 40 millones de dólares a la empresa japonesa JGC. Fue un caso extra-UE, no afectado por la doctrina del TJUE, y para Lavranos podría marcar un cambio de rumbo. «Cumplir los laudos no solo es una obligación jurídica, sino una señal de fiabilidad institucional», afirma el autor, que considera el gesto «un posible avance en la buena dirección».

El informe vincula directamente el incumplimiento con el deterioro de la inversión exterior. En los primeros seis meses de 2025, la inversión extranjera directa cayó un 60 % respecto al año anterior, en paralelo a la creciente visibilidad de los impagos y a las resoluciones adversas en tribunales extranjeros. Además de los intereses de demora, España afronta gastos legales crecientes y la posibilidad de embargos sobre activos soberanos. El ILCI concluye que «los Estados que sistemáticamente incumplen los laudos pueden ganar tiempo, pero lo hacen a costa de dañar su reputación y socavar la confianza de la comunidad inversora internacional».

Inseguridad jurídica en la UE

El documento dedica un epígrafe a la contradicción del bloque europeo: el 44 % de las disputas inversor-Estado son promovidas por empresas de la UE, que litigan precisamente para defender la seguridad jurídica que sus propios gobiernos limitan puertas adentro. «Mientras los dirigentes europeos contribuyen a generar un entorno de creciente inseguridad jurídica dentro de la Unión, el 44 % de las disputas inversor-Estado son promovidas por empresas europeas», destaca el informe.

La reciente retirada de la UE y el Reino Unido del Tratado de la Carta de la Energía, en 2025, no eliminará los litigios, ya que la cláusula de supervivencia mantiene vivas las reclamaciones durante veinte años. Lavranos advierte de que Europa «corre el riesgo de convertirse en un espacio aislado donde rigen normas especiales que invalidan mecanismos de arbitraje aceptados en todo el mundo».