Este asesor de Tony Blair ha trabajado en decenas de países y asegura que «no ha visto nada igual a lo de España»

Cuando la dedicatoria del libro se dirige a «todas las víctimas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria», se intuye de inmediato que su autor no ha venido a repartir halagos. Christopher Wales, asesor fiscal que trabajó para Tony Blair y Gordon Brown y coautor junto a Robert Amsterdam del demoledor informe Hacienda contra el Pueblo, retrata a España como una anomalía dentro de Europa, donde la Agencia Tributaria no solo recauda, sino que condiciona la vida de los ciudadanos con métodos que socavan el propio Estado de derecho.

Wales no se anda con rodeos. Afirma que en ningún otro país en el que ha trabajado –y han sido decenas en Europa, Asia y América Latina– ha encontrado un sistema tributario con los mismos problemas de Estado de derecho que en nuestro país. «España está, en el mejor de los casos, en el límite de lo que podría considerarse normal», advierte.

«Estoy hablando de una falta de equilibrio muy amplia entre los derechos de los ciudadanos y los contribuyentes y los poderes de la Agencia Tributaria», explica Wales. A su juicio, en España hay una diferencia «entre ser un ciudadano en el sistema tributario y ser un siervo, un esclavo en el sistema tributario».

Uno de los ejemplos más llamativos es el sistema de incentivos económicos de los inspectores, que se pagan incluso cuando el caso no prospera. Según Hacienda, solo el 1,4 % del salario de los funcionarios depende de la recaudación, una cifra que a Wales le resulta difícil de creer. «Si el plan de bonificaciones del año en curso –que está totalmente vinculado a la consecución de recaudaciones adicionales– representa lo que dice Hacienda, a los inspectores de impuestos, en promedio, se les paga más de 350.000 euros al año. Eso los convertiría en los empleados públicos mejor pagados del mundo. No estoy seguro de que eso sea cierto, y creo que sería útil que se arrojara más luz sobre este problema en particular.»

A su juicio, este mecanismo distorsiona por completo la relación entre administración y contribuyente. «Si le das a un auditor un interés financiero personal en hacer ajustes a la declaración de un contribuyente, lo inevitable es que la objetividad desaparezca.» El resultado, sostiene, es un sistema que no actúa como árbitro imparcial, sino como adversario con ventaja. «Es más un enfoque que busca a quién se puede atrapar antes de un modelo preocupado por la justicia tributaria.»

Discriminación

Wales insiste, además, en que la Agencia Tributaria no aplica los mismos criterios a todos. Es el caso de los extranjeros acogidos a la ley Beckham: perfiles profesionales de alto nivel, con reputaciones consolidades, que son especialmente sensibles a la amenaza de un proceso público. En contraste, se observan casos como el del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, quien parece gozar de cierta inmunidad por parte de Hacienda.

«Parece que hay reglas para unos contribuyentes y otras para otros. Aquellos que se pueden acoger a la ley Beckham son víctimas fáciles, mientras que familiares de personas poderosas que podrían causar problemas profesionales a los inspectores y sus jefes… Quién sabe. Que cada uno saque sus propias conclusiones, yo he sacado las mías», apunta Wales al respecto.

La falta de independencia institucional agrava el panorama. España, recuerda Wales, tiene un defensor del contribuyente y una ley de garantías, pero ambos carecen de eficacia real. «En el papel cumple; en la práctica, lo que prima es la lealtad a la organización, no la igualdad ante la ley.»

Coste económico

El problema, advierte, también tiene un coste económico tangible. Una encuesta del Banco Mundial revela que el 36,8 % de las empresas considera la Agencia Tributaria un obstáculo grave para hacer negocios en España. La media en Europa y Asia es del 12,7 %, y en Suecia apenas llega al 2,5 %. «Son cifras impactantes», subraya.

Esto es, en buena medida, consecuencia del coste administrativo. Una empresa española dedica 150 horas al año a cumplir con sus obligaciones fiscales, el triple que en Reino Unido. «Eso supone un lastre enorme de tiempo, recursos y competitividad.»

El efecto también se extiende en los negocios. En el primer semestre de 2025, la inversión extranjera directa cayó un 60 % respecto al año anterior. «No digo que todo se deba al sistema tributario, hay otros factores, pero la coincidencia es evidente. Justo cuando Hacienda está en el punto de mira internacional, los flujos de inversión se hunden.» Francia, en cambio, ha registrado un aumento en el mismo periodo. «Los inversores están empezando a ver a España como un problema por su sistema fiscal y su administración tributaria», resume.