Fundado en 1910

Hacienda está viviendo momentos muy duros, porque está viendo que su existencia basada en la culpabilidad, a priori, de todos los contribuyentes, se ha convertido en un auténtico problema, porque no hace otra cosa que perder sentencias y tener que devolver mucho dinero cobrado fraudulentamente.

Afortunadamente, para los contribuyentes, el Supremo no para de darle disgustos a los Cobradores del Frac llamados inspectores de Hacienda, que en un momento decidieron venderse no por un plato de lentejas, sino por muchos millones de euros en bonos injustificables, por recaudar a costa de lo que fuese, siguiendo las órdenes de Cristóbal Montoro y de María Jesús Montero.

En el informe de la recaudación del mes de septiembre, publicado el 31 de octubre, la Agencia Tributaria reconoce que los resultados de la recaudación están afectados por «las devoluciones masivas a mutualistas, que se empezaron a realizar en agosto, y algunas extraordinarias en el Impuesto sobre Sociedades por la sentencia relativa al R. D. ley 3/2016 provocaron un incremento de cerca del 50 % (48,6 %) en las devoluciones realizadas y, en consecuencia, un discreto crecimiento de los ingresos totales».

El origen del primero de estos temas viene de que, durante décadas, muchos trabajadores, sobre todo funcionarios, empleados de banca, profesionales colegiados y autónomos, cotizaron a mutualidades laborales o profesionales antes de la integración plena en la Seguridad Social. El problema es que las aportaciones realizadas a esas mutualidades no se pudieron desgravar en su momento y, sin embargo, la pensión resultante sí tributa íntegramente en el IRPF.

Es decir, el Estado ha cobrado impuestos dos veces por el mismo dinero: una al aportar, otra al cobrar.

El Tribunal Supremo dictó una sentencia que reconoce el derecho de los pensionistas mutualistas a solicitar la devolución del IRPF pagado de más, al considerar que una parte de sus pensiones procede de aportaciones ya tributadas en su día.

Por lo tanto, la Agencia Tributaria, cuando dice que está haciendo devoluciones masivas, no lo hacen por voluntad política, sino por OBLIGACIÓN JUDICIAL.

Por otro lado, está el Real Decreto Ley 3/2016 realizado por Cristóbal Montoro y mantenido sin cambios por María Jesús Montero. Este decreto modificó, de forma abrupta, la liquidación del Impuesto de Sociedades para aumentar la recaudación, limitando las compensaciones de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, la deducción por doble imposición (para evitar que empresas con beneficios en el extranjero redujeran su cuota) y que obligó a revertir deterioros de participaciones incluso aunque no se hubiesen producido beneficios reales.

En la práctica, obligó a muchas empresas a tributar sobre beneficios inexistentes, algo contrario a la naturaleza del impuesto.

El Tribunal Supremo español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han coincidido en varios pronunciamientos recientes (2022–2024), donde se reconocen que varias medidas son contrarias a los principios de capacidad económica y de no retroactividad tributaria y a que se vulnera la seguridad jurídica al obligar a las empresas a pagar impuestos sobre ingresos no obtenidos o a revertir ajustes no realizados. En consecuencia, se abre la puerta a reclamaciones masivas por parte de las empresas afectadas entre 2016 y 2021, especialmente las grandes compañías del IBEX, pero también miles de medianas empresas.

Para que vean los efectos que estas dos medidas absolutamente injustas, recurridas a la justicia, están teniendo sobre la recaudación actual, tienen a continuación un cuadro en el que se ve que ha pasado en septiembre y en los nueve primeros meses del año:

Lo primero que podemos ver es que la recaudación del IRPF cae en un 5 % en septiembre por las «devoluciones masivas a los mutualistas» y el Impuesto de sociedades está en 390 millones negativos, frente a los 456 millones positivos de septiembre del 2024.

En total, los Impuestos Directos caen un 2,2 % en el mes, pese al incremento del 55 % de los Impuestos de los No Residentes, del crecimiento del 36,3 % de los Impuestos Medioambientales y, sobre todo, de los 856 millones recaudados en el mes de septiembre, en otro Impuesto a las Entidades Financieras, que tiene toda la pinta de ser otro problema a futuro para Hacienda porque ya está en la Audiencia Nacional un recurso presentado por la Asociación Española de Banca y por la CECA.

La recaudación acumulada sigue siendo espectacular, con un crecimiento total de los Impuestos Directos de un 11,4 %, donde el IRPF, no deflactado, crece un 10,2 %, pero el Impuesto de Sociedades solo crece un 0,7 % y quienes llevan al crecimiento del 11,2 % son los No Residentes (+31,4 %), los Impuestos Medioambientales (+161,2 %) y el Impuesto a la Banca (+1.444 millones de euros), dado que todos crecen en porcentajes completamente abusivos.

Entre los impuestos indirectos, el IVA sigue creciendo por encima de la inflación porque el crecimiento acumulado de los precios de los alimentos es de más de un 36 %.

El problema está apareciendo en los impuestos especiales, que son los que más se pueden controlar por las familias. Así, la recaudación por el alcohol cae, la cerveza lleva meses en parada, los ingresos por los combustibles bajan y el de la electricidad también, junto con los envases de plásticos.

En los nueve primeros meses del año, el IVA sigue creciendo, pero se ve que el mes ya va muy por debajo del 9,1 %, lo mismo le pasa a los impuestos especiales, que acumulados crecen un 5,4 %, pero con el alcohol y la cerveza en caída, los combustibles parados y lo que ha hecho subir esta cifra es el impuesto a la electricidad que crece un 65,9 %.

La recaudación total pasa del 10,8 % en agosto, al 10,1 % acumulada en septiembre por los Impuestos Directos y lo que le puede seguir pasando a la Agencia Tributaria en los próximos meses, si tiene que seguir con las devoluciones masivas a los mutualistas y a las empresas (se estiman en cerca de 11.000 millones lo que se tiene que devolver por cobros indebidos a las empresas).

Que la economía se está estancando lo demuestra la recaudación del IVA, que va a la baja en crecimiento y el de los impuestos especiales que están teniendo una parada de «burro manchego», cuando hace un año estaban en modo aceleración de caballo andaluz.